Archivan la investigación sobre otra empresa ligada al caso de los cursos de formación

En su auto, la magistrada Ana Belén Vico afirma que "no resulta posible acreditar la perpetración de ilícito criminal alguno" a partir de las diligencias practicadas por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía y las declaraciones prestadas por los investigados así como de la documentación que obra en autos.

La magistrada apunta que, en las fechas de referencia de la causa, la empresa recibió 23.400 euros en subvenciones, de forma que esta cantidad no alcanza los 120.000 euros que exige el tipo penal ante un presunto delito de fraude en subvenciones. Asimismo, incide en que no ha quedado acreditado que la empresa "no cumpliera las condiciones requeridas para recibir dicha subvención".

De igual modo, la juez instructora tampoco ve indicios de que la empresa "simulara o modificara el desarrollo de la actividad subvencionada, las condiciones requeridas para recibir dicha subvención, las condiciones establecidas o alterara sustancialmente los fines para los que ese beneficio fue concedido".

La juez, quien comparte "íntegramente" el informe de la Fiscalía por el que se solicitaba el archivo de la causa, atiende además las manifestaciones de profesores y alumnos, quienes afirmaron que los cursos subvencionados "fueron impartidos" pese a "algunas irregularidades referentes a la falta de suministro de material e incumplimiento de compromisos de contratación a los alumnos".

No obstante, estas cuestiones "serían penalmente irrelevantes" puesto que "no suponen un perjuicio a la Administración derivado de un engaño bastante", toda vez que los cursos para los que se pidieron las subvenciones "realmente se realizaron" y "sin que quede acreditado, siquiera indiciariamente --abunda la juez--, de lo actuado un propósito previo por parte de los investigados de emplear los fondos en beneficio propio".

Varios archivos más

Con este último caso, hasta el momento ha trascendido el archivo de al menos seis procedimientos de los 16 en los que fue dividada la causa y que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería. La división llegó después de que Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolviese en abril de 2015 que procedía desgajarla en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado al Decanato para su reparto.

De todos ellos, dicho juzgado asumió una de las causas y acordó decretar el archivo de la investigación sobre Centro de Estudios Andarax SL y su administrador. La juez estimó que, a "diferencia" de otros casos, en este "sí se impartió el curso debidamente" y los alumnos recibieron la formación "por la que acudieron", por lo que no existe ninguna irregularidad de relevancia penal.

Estos archivos se suman a los ya decretado con respecto a la mercantil Sicma Andalucía SL por el Juzgado de Instrucción 6, que consideró en enero que las irregularidades detectadas, en concreto, que la retribución percibida por el profesor "no correspondía" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo".

También resolvió decretar el sobreseimiento provisional el Juzgado de Instrucción 3 de la capital en la investigación seguida contra la mercantil Infocentro SL después de que Ministerio Público concluyese de lo actuado que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito. Este mismo juzgado también dictó sobreseimiento de la causa contra la sociedad Granaforma SL.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción 1 también cerró la causa seguida contra la empresa Aplinfo Almería SL y su responsable al no ver infracción penal ni hechos constitutivos de los delitos de fraude en subvenciones.