Manifiesto contra el «desmantelamiento» de la Agencia Pública Sanitaria Alto Guadalquivir

Los alcaldes de La Carolina, Andújar, Alcaudete, Lopera, Cazorla y Orcera han mantenido una reunión para analizar «esta situación crítica» por la que están pasando los profesionales sanitarios y en consecuencias los usuarios que requieren atenciones médicas. Aseguran en el manifiesto que «la situación del Hospital Comarcal Alto Guadalquivir de Andújar ha dado la voz de alarma».

En este sentido, denuncian «el déficit de las especialidades, la derivación de pacientes de Andújar y comarca a centros hospitalarios privados de Jaén y Córdoba, la discriminación salarial y laboral de los profesionales sanitarios y la alta tasa de temporalidad existente entre sus trabajadores/as». Todo ello, ha provocado una situación insólita de la que se han hecho eco los mismos profesionales sanitarios en una carta firmada por 81 médicos (el 95% de los facultativos) «desmintiendo a la delegada territorial de Salud y Familias sobre las declaraciones hechas a los alcaldes y alcaldesas de Andújar y su comarca», y por los propios vecinos, que han iniciado una campaña para evitar la marcha de más especialistas.

Los regidores y regidoras recuerdan que la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir está compuesta por ocho centros hospitalarios, cinco de ellos en la provincia de Jaén: Hospital Comarcal Alto Guadalquivir de Andújar, Hospital Alta Resolución Sierra de Segura, Hospital Alta Resolución de Alcaudete, Hospital Alta Resolución Alcalá la Real y Hospital Alta Resolución Sierra de Cazorla. Estos centros atienden a cerca de 150.000 habitantes en 32 municipios en los que tiene su área de referencia, a los que habría que añadir otros miles más de usuarios y usuarias de los municipios limítrofes.

«La inminente toma de posesión de los facultativos médicos en la aprobación de sus plazas en el SAS pone en grave riesgo la continuidad de la atención sanitaria en estas Agencias Públicas, pues la situación de discriminación de los mismos, provocada de manera premeditada por los responsables políticos de la Junta de Andalucía, hace poco probable que se cubran estas vacantes. Además, la falta de especialistas en el Hospital Alto de Guadalquivir de Andújar repercute directamente en otros centros hospitalarios como el de la Sierra de Segura, el de Alcaudete, o el de Alcalá la Real, donde algunos de estos profesionales pasan consultas», han remarcado en el documento.

Entre las peticiones y propuestas que realizan para evitar que continúe la pérdida de profesionales, exigen al Gobierno de Andalucía que garantice las especialidades sanitarias de todas las Agencias Públicas Empresariales, «potencie los servicios de salud pública, dotándolos de recursos suficientes y personal cualificado e incrementando más especialidades». Asimismo, solicitan la ampliación de especialidades en el Hospital de Alcaudete y en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en este último, solicitando la ampliación de la cartera de especialidades de Oncología, Alergología, Neurología, Unidad de Diabetes y Hemodiálisis. Respecto al Hospital de Alta Resolución de Cazorla, exigen la puesta en funcionamiento al 100% de las consultas, de la hospitalización y del servicio de urgencias.

Por otro lado, exigen a la Junta de Andalucía que instaure una política de recursos humanos que realice la equiparación salarial de los profesionales sanitarios de las Agencias Sanitarias respecto a los profesionales sanitarios del SAS, para que garantice regularmente las OPES y los traslados y que lleve a cabo una estabilización real de los trabajadores temporales.

En definitiva, los alcaldes quieren evitar que se propague «la estrategia de desmantelamiento de la sanidad pública y del modelo de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias que está desarrollando la Junta de Andalucía», del que se perjudican los vecinos de los municipios del área de referencia de estos centros hospitalarios.

No obstante, aseguran que «todavía estamos a tiempo de salvar estos centros hospitalarios, de recuperar a los profesionales sanitarios que se han marchado, de mejorar la calidad en la prestación de los servicios sanitarios de los usuarios y de proteger a sus trabajadores».