Piden cinco años de cárcel para el exalcalde de Otura y seis exediles por un supuesto fraude al pueblo

Según el ministerio público, los procesados aprobaron y rescindieron el contrato para la limpieza de la localidad sin atender a los reparos y objeciones que plantearon los funcionarios municipales encargados de velar por la legalidad de este tipo de procedimientos. Supuestamente, los investigados actuaron sin rendir cuentas a nadie. A lo largo de dos años, que fue lo que duró la concesión del servicio, se produjeron episodios que parecían sacados de una tragicomedia de enredos. En este sentido, el último acto (la cancelación del acuerdo entre el consistorio y la empresa) fue, siempre según la fiscalía, una sucesión de despropósitos. «(...) El denunciado, Ignacio F. S, como alcalde de la corporación, sin tramitar expediente alguno, con ausencia total de procedimiento, suscribe, con la finalidad de beneficiar al contratista (...), un convenio de resolución del contrato en el que hace constar que el mismo se lleva a cabo en presencia del secretario de la corporación pese a que este ni conoce el documentos, ni, en consecuencia, tiene intervención en el mismo. En dicho convenio, se hace constar por el alcalde que el servicio ha dejado de prestarse el 14 de noviembre si bien el mismo se firma el 5 de noviembre», detalla el ministerio fiscal los pormenores de la anulación del convenio.

Pese a es cúmulo de presuntas anomalías, el exregidor de Otura convocó, «sin justificación alguna», un pleno extraordinario y urgente para finiquitar el acuerdo con la compañía en cuestión y proceder al rescate del servicio. La sesión, agrega la fiscalía, se llevó a cabo «sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la intervención municipal, de los servicios técnicos y del secretario del Ayuntamiento a fin de evaluar las consecuencias técnicas y económicas de la resolución del contrato, siendo advertidos los Concejales presentes de la falta de estos informes».

De hecho, la secretaria municipal pidió que se suspendiera el pleno hasta tanto no se subsanaran las deficiencias. Pese a esos avisos, los procesados votaron y el contrato quedó invalidado.

La ruptura supuso un quebranto económico para las arcas municipales superior a los 250.000 euros, según la tasación de los peritos.

La firma del compromiso con la mercantil que iba a asumir la limpieza de la localidad tampoco fue precisamente un ejemplo cómo se deben hacer las cosas. También entonces los funcionarios formularon serias objeciones, pero no fueron atendidos por los corporativos.

Para la fiscalía, estos hechos pueden ser constitutivos «de un delito de fraude en la contratación en concurso con un delito de malversación de caudales público, y con un delito continuado de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de su ilicitud)».

En el supuesto de que la Audiencia de Granada decida que los imputados son culpables, el ministerio público reclama que sean condenados a cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta. La celebración de la vista oral está prevista para finales del próximo mes de junio.