La marihuana, un negocio detrás de los apagones (II)

Sólo en 2018, las fuerzas de seguridad intervinieron en la provincia 123.000 plantas de marihuana. Granada es una capital continental de este negocio, pese a incautaciones que a lo largo de los últimos doce meses rondaron los 8.000 kilos. La 'mancha verde' de la maría se extiende desde la capital a lo largo y ancho de la geografía provincial como una fuente de ingresos fácil -movió 50 millones de euros en 2018-, sobre todo cuando se minimizan los costes de mantenimiento de las plantaciones. Por ejemplo, el gasto en fluido eléctrico. La compañía encargada de gestionar la red eléctrica insiste en atribuir los 'apagones' en la Zona Norte a la sobrecarga en sus instalaciones a causa de este negocio.

En sus comunicados, Endesa sostiene que «la red de distribución de la Zona Norte está sometida a un continuo sabotaje con fines delictivos, especialmente destinado a cultivar plantaciones de marihuana que demandan unas potencias que equivalen al consumo máximo que podrían realizar 80 viviendas y que suponen el 80% del total de la zona». Los vecinos, sin embargo, argumentan que la empresa debe garantizar el suministro a quienes pagan cada mes su factura y disponen de una red en regla. El Ayuntamiento habla de la necesidad de modernizar el cableado.

Las estadísticas de Endesa amparan la teoría de la sobrecarga: si todos los usuarios del distrito Norte legalizaran su situación, relatan desde la compañía, la infraestructura eléctrica todavía tendría capacidad para suministrar a 2.500 clientes más. Según los datos, sólo 1.700 de las 4.000 viviendas de la zona tienen suministro eléctrico.

La empresa denomina como «centros de distribución conflictivos» a aquellos transformadores –podrían describirse como unos aparatos intermedios entre las centrales eléctricos y los hogares– que sufren más incidencias. Cuando la demanda de electricidad aumenta –hay mucho consumo en los hogares–, se podría decir que 'saltan los plomos' en los transformadores para prevenir incendios, y se pierde el suministro en su área de influencia.

Hay nueve centros de este tipo identificados como conflictivos en la Zona Norte y –siempre según la empresa– requirieron 1,9 millones de euros en reparaciones durante 2018, que se suma a 650.000 euros en mejoras tecnológicas. Si la cuantía de averías se repartiera entre los 1.494 contratos en vigor en el distrito, saldría un promedio de 1.255 invertidos por cada cliente. Por contra, si se agrupan los datos de toda la capital, la cifra es de 16 euros por cliente. Entre las excepciones, un transformador de la Zona Norte que sólo tuvo dos incidencias en todo 2018, frente a las 2.016 que registró el de la calle Tarragona.

Otra comparativa. Este transformador, el de la calle Tarragona, en la Paz, es similar en características técnicas a uno ubicado en la calle Gran Capitán, en el Centro. El de La Paz, que se ha sustituido siete veces en 15 años, suministra a 305 clientes y registra una media de seis incidencias diarias; mientras que el de Gran Capitán da servicio con la mitad de potencia a 800 titulares y sin incidencias. «Se puede concluir que existe una gran cantidad de demanda doméstica no contratada y una gran demanda de energía para plantaciones», señalan.

En lo que va de 2019, Endesa y las fuerzas de seguridad han participado en tres intervenciones contra el fraude, en las que se ha cortado la luz a 187 viviendas. En la última, el 25 de enero, quedaron sin luz seis bloques de viviendas de Molino Nuevo.

Para evitar cortes de suministro en zonas de «interés social» como centros médicos o educativos, se han «independizado» algunos de los cables. Como confirman desde el centro de salud, ellos no sufren los cortes que sí se dejan notar en el resto del barrio. Pero en dependencias de Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde según fuentes municipales hace un par de años se instalaron acometidas individuales «y aguantaron», ahora hay días en los que los trabajadores tienen que cerrar por la tarde a causa de los apagones. En los últimos días ha circulado a través de las redes sociales el vídeo de unos cables en llamas en el colegio Amor de Dios. La eléctrica asegura que ya han detectado que se «están enganchando ilegalmente» a la red independiente.

En respuesta a las peticiones de modernización de las infraestructuras, la empresa argumenta que ya está aplicando «la última tecnología existente para poder garantizar el suministro y, sobre todo, la seguridad».

Desde Endesa valoran positivamente la iniciativa de los vecinos de Molino Nuevo, que mostraron su interés en regularizar la situación en la calle y, con fondos propios están sufragando los nuevos contadores. En la vía, donde había 2 contratos legales, ahora hay 33.