Exigen el abono de complementos y atrasos a 1.500 empleados de la UAL

Durante la movilización, los representantes sindicales aprovecharon para denunciar los «incumplimientos flagrantes» de la Junta respecto al Acuerdo Andaluz del 25 de junio, la Ley de la Función Pública de Andalucía y el modelo actual de financiación para con las Universidades Públicas de Andalucía (UUPPAA), que en el caso de la Universidad de Almería afecta a más de 1.500 trabajadores.

El acuerdo suscrito durante el pasado mes de junio, fruto de un año y medio de negociación en la Mesa General de Negociación de las Universidades, contemplaba la convocatoria de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) y la implementación de la carrera horizontal para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Según los sindicatos, la Junta se comprometió a financiar estas medidas con 20 millones de euros para el PDI y 5,9 millones anuales adicionales para el PTGAS hasta 2027. Sin embargo, esta financiación no ha llegado a las universidades públicas andaluzas.

Desde CSIF sus representantes provinciales señalaron que este retraso afecta directamente a las retribuciones del personal universitario: «Los compromisos firmados deben cumplirse sin más demora. Las plantillas han cumplido con su trabajo, y es inadmisible que aún no se hayan abonado los complementos autonómicos ni el 50% restante del quinto tramo de productividad al PTGAS».

Además, los sindicatos pusieron de manifiesto que la Ley de la Función Pública de Andalucía, vigente desde diciembre de 2023, no se está aplicando en su totalidad. En concreto, el artículo 65 establece el pago de trienios al personal funcionario universitario, una medida que la Junta ya aplica a sus propios empleados pero que no ha extendido a las universidades.

Por otro lado, denunciaron la paralización de las convocatorias de Oferta Pública de Empleo (OPE) y la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre quinquenios y sexenios del PDI laboral temporal.

Según las centrales sindicales concentradas en el Campus de la Cañada de San Urbano, el actual modelo de financiación para las universidades públicas también ha sido objeto de críticas. Según los sindicatos, la Junta de Andalucía no ha transferido 24,3 millones de euros correspondientes a partidas de nivelación y subida salarial del 2023, lo que afecta directamente al empleo y las retribuciones del personal universitario.

Asimismo, las centrales sindicales alertaron de que el proyecto de presupuestos para 2025 prevé una reducción en las cotas de personal de las universidades, lo que podría derivar en recortes salariales o en una menor contratación.

Los sindicatos exigen a la Junta de Andalucía que garantice la aplicación de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación, que asegura la cobertura económica del capítulo de personal, y que convoque de forma urgente la comisión de seguimiento del acuerdo del PDI y la mesa sectorial del PTGAS.

Además, reclamaron el abono inmediato de los complementos autonómicos, los trienios, quinquenios y sexenios pendientes, así como una actualización de las cotas de personal que permita cumplir con las retribuciones acordadas.

Oliva: «Nos consta que la Junta ya gestiona el pago a las universidades»

La Junta de Andalucía aún adeuda a las universidades 50 millones de 2024, y faltan 87 millones en los presupuestos de 2025 para cumplir el modelo de financiación. Esta semana los rectores de las Universidades Públicas de Andalucía han mantenido una asamblea en el Hospital Real, edificio emblemático de la Universidad de Cádiz, en la que han tratado, entre otros asuntos destacados, la financiación del sistema universitario público andaluz.

En este sentido, el portavoz de las universidades, Francisco Oliva, explicó la información que le ha trasladado esta misma semana la Consejería de Universidad, «que ya está gestionando con Hacienda el pago que se le adeuda a las universidades públicas correspondiente a este ejercicio 2024». Una decisión que da la razón a las reivindicaciones de los rectores.

El rector de la Pablo de Olavide recordó que sus instituciones no han demandado «ni un euro más de lo que les corresponde» según las normas y los acuerdos firmados por el propio Gobierno andaluz.

Además, Oliva precisó que «a las universidades nos preocupa mucho que a estas alturas del año no nos haya llegado toda la financiación que nos corresponde de 2024». Esto, aseguró, «nos genera una incertidumbre enorme, que está teniendo graves consecuencias directas, como la paralización de la ejecución presupuestaria como medida de precaución». Indicó que los presupuestos de 2025 «no son nada halagüeños si no se pone una solución a los 87 millones que faltan para pagar las nóminas».