Retirarán el pasaporte a los investigados de Grupo 21 ante el riesgo de fuga

En un auto, en poder de este medio, el tribunal toma la determinación de impedir la salida del país por la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad documental, a los investigados Francisco Manuel Torres González, administrador de la empresa, Catalina Cruz Jimera, su pareja y anterior administradora, y al hijo de la mujer, José Javier Espinosa Cruz, por su supuesta implicación en la trama.

Estas personas han sido citadas en el juzgado de Roquetas de Mar mañana 30 de mayo para que hagan entrega de su documentación. Estas medidas cautelares se han tenido a cuenta a raíz de que la acusación particular presentase un escrito solicitando la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio español de los investigados al considerar que existe riesgo de fuga, así como la obligación de comparecer ante el Juzgado una vez cada 15 días, medidas cautelares a las que accedió también el Ministerio Fiscal. La comisión de delitos de estafa y falsedad documental de los previstos y penados en los artículos 250 y 395 del Código Penal están castigados con pena de prisión de hasta 8 y 2 años respectivamente.

En el auto, el juzgado considera que existen «indicios más que sobrados» de la participación de estas personas en los hechos objeto de investigación, deducidos dichos indicios tanto de la declaración de los perjudicados, como de los documentos aportados en la causa y «teniendo en cuenta la elevada pena que pudiera imponérsele, pudiendo ésta darse a la fuga a los efectos de eludir la acción de la justicia se adoptan esas medidas restrictivas y la comparecencia un día de cada mes en el juzgado».

Francisco Javier Ortega Pardo, abogado de LexForma de las familias afectadas y primer letrado en interponer una querella en los tribunales en contra de la promotora Grupo 21, señala que se ha solicitado además la citación de arquitectos, comerciales, el director general de la inmobiliaria y se ha pedido además la presentación de extractos bancarios. Actualmente la causa se concentra en los juzgados almerienses, de donde son la mayoría de los afectados.

LexForma, tal y como adelantó IDEAL, presentó en diciembre una querella criminal por los delitos de estafa y apropiación indebida contra el matrimonio que es propietario de la empresa y contra sus comerciales. La mercantil CJDE FAM 2016, SL, bajo el nombre comercial de Grupo 21 se dedicaba a la promoción en zonas de playa. La venta de pisos se gestionó de manera telefónica, a través de la página web de la promotora y por medio del portal inmobiliario Idealista. Sin embargo, en esta y otras promociones la promotora no tenía ni licencia de obras ni era propietaria de suelo. Los pisos jamás llegaron a construirse y a muchos de los afectados no le devolvieron el dinero pese a las reclamaciones.

Grupo 21 tenía oficinas en Aguadulce y en la Puerta Purchena de Almería. Las diversas promociones han sido retiradas de los portales inmobiliarios y las oficinas están cerradas. Unos pocos compradores que recuperaron su dinero recibieron el ingreso desde Francia y los afectados consideran que la empresa cambió el destino de los ingresos para dificultar su rastreo. Los clientes afectados que han llegado a depositar hasta 60.000 euros temen no recuperar sus ahorros nunca.