Reducen impuestos a hoteles y residencias sociales por ser de «utilidad municipal»

La propuesta, aprobada con la abstención de Podemos-IU-LV, acredita el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos para dicha declaración en base a la Ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto, que fue modificada el año pasado para permitir hasta el 95% de bonificación, el máximo permitido por la Ley de Haciendas Locales, en el pago de este impuesto para las nuevas construcciones cuyo destino sea la asistencia a ancianos o a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, tanto en centros residenciales como no residenciales.

El Consistorio indicó en una nota que se trata de un compromiso de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, con los colectivos y entidades que, en su labor asistencial y social, vienen promoviendo el desarrollo de este tipo de equipamientos y dotaciones en la ciudad.

También se acordó, aunque con mayor polémica sobre todo desde el escaño de Podemos-IU-LV, declarar con el mismo rango de especial interés o utilidad municipal, aunque en este caso por fomento de empleo, la actividad hotelera de siete establecimientos de la ciudad, a efectos de la concesión de la bonificación del 30% de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2025, de acuerdo con la Ordenanza fiscal reguladora de este impuesto concreto.

En el debate conjunto (aunque se votó por separado) de ambos puntos la concejal responsable del Área de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, defendió la política económica a nivel municipal y la buena gestión de los recursos públicos. En esta línea destacó que «Almería se sitúa entre las cinco mejores ciudades de más de 50.000 habitantes del país en libertad económica, como así se destaca en un reciente informe hecho público que evalúa las cuestiones como la gestión económica de los ayuntamientos o la presión fiscal».

600.000 euros en tubería

Tambíen se dio luz verde a la modificación presupuestaria de la Delegación del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, por importe de 663.333,72 euros, para dar cobertura económica a las obras de ejecución de la renovación de la tubería general de suministro de agua para riego en la Rambla de Almería, presupuestada finalmente para su licitación en un importe de 1.063.333,72 euros.

Esta modificación vendrá a suplementar la partida existente, inversiones en infraestructuras de zonas verdes, dotada para este año con 441.641,28 euros, importe basado en las estimaciones realizadas en los estudios previos de la obra, a principios de 2024, explicaron desde el Ayuntamiento en una nota.

Al Pleno, y a propuesta del Área de Economía, Innovación y Contratación, se ha elevado y aprobado solicitar a la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) para que efectúe encargo a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima (SEGIPSA) para la realización de los trabajos relativos a las alteraciones de bienes inmuebles incluidos en el Convenio de colaboración en materia de gestión catastral suscrito entre el Ayuntamiento de Almería y la Secretaría de Estado de Hacienda en noviembre de 2018. Dicho encargo se establece por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y e 31 de octubre de 2027, ambos inclusive, y por un importe máximo de 211.000 euros.

Una propuesta en la que se destaca la «conveniencia» para los intereses municipales de esta encomienda a favor de SEGIPSA y que está dirigida, entre otras cuestiones, «a la tramitación de expedientes (esencialmente en la formación y resolución), así como en la investigación de los mismos, además de otros servicios de carácter complementario, tales como digitalización y registro de expedientes catastrales y desplazamiento de personal a las oficinas de atención al público del Ayuntamiento para la realización de las tareas necesarias para la resolución presencial de solicitudes de acceso a la información de expedientes catastrales».

Medios «instrumentales y técnicos» procedentes de la propia Administración General del Estado, competente en materia Catastral, «que cuentan con toda fiabilidad, calidad y control en el cumplimiento de los trabajos derivados del convenio», tal y como se recoge en la propuesta aprobada hoy.