Los ayuntamientos ya pueden presentar a la Junta su solicitud y planes para crear empleo

En Almería, Aire supondrá una inversión de 14.449.330 euros en ayudas a los consistorios que se estima que puedan facilitar la contratación de entre 1.400 y 1.600 desempleados, en función de los grupos de cotización y meses de duración de los contratos que realicen los ayuntamientos.

Las entidades locales deben presentar las solicitudes y la memoria descriptiva del proyecto en el modelo que está disponible en la web del SAE, accesible a través del catálogo de procedimientos administrativos, en o, bien, directamente en la Ventanilla Electrónica Servicio Andaluz de Empleo.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles desde ayer, y se establece un plazo de resolución de dos meses desde la recepción de la solicitud con el objetivo de que, en septiembre, se inicien las primeras contrataciones.

Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de cara a garantizar la participación local de todos los ayuntamientos y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles. Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos ayuntamientos del territorio, lo que ocasionaría un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad administrativa.

Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.

Requisitos

Las contrataciones durarán entre seis y ocho meses y serán a jornada completa. Por cada contrato de 6 meses mínimo de duración, los ayuntamientos recibirán un incentivo que irá desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización). Y, por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se incrementará el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización).

Las personas contratadas recibirán, además, la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales del SAE.

Serán destinatarios de los contratos por parte de los ayuntamientos las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan como requisitos tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.

La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el SAE, organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto de acuerdo a unos criterios de prelación.

Selección

En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén afectadas por la crisis sanitaria. Para determinar en el decreto esta preferencia, se ha establecido que se dé prioridad a aquellos desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato con carácter temporal en el periodo establecido desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento (CNAE 55); servicios de comidas y bebidas (CNAE 56); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79); y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 93).

También son prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de referencia.