Productores y comercializadoras, lejos del consenso ante la Ley de la Cadena

En ellas se ha puesto de manifiesto que ambas partes, representantes de agricultores y ganaderos, por un lado, y de las comercializadoras, por otro, están lejos de acercar posturas ante la modificación normativa que plantea el Gobierno, para el funcionamiento de la cadena alimentaria, encontrando uno de los focos de la 'discordia' en el establecimiento del coste de producción como partida para vender los productos en origen, evitando así que su valor caiga por debajo de lo que a los agricultores y ganaderos le cuesta producir el alimento.

Todas han tenido la oportunidad de mostrar su posición ante el documento y plantear las propuestas que consideran oportunas para que la futura modificación sea lo más efectiva posible para sus intereses.

Coexphal, representado por Fepex en esta ronda de comparecencias, insistió, como ya lo hizo en su momento, al conocer los términos en los que se planteó la normativa, que «perjudica al sector», apuntando que la futura Ley para el funcionamiento de la cadena, «beneficia a países terceros, como Marruecos», implicando mayor competencia para el sector nacional. Esta postura, fue defendida ayer ante la Comisión de Agricultura por el presidente de Fepex, José María Pozancos, quien compartió los objetivos de la Ley y de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero considera que la exigencia de que todas las producciones, independientemente de su competitividad o de la situación de los mercados tengan un precio igual a su coste de producción, provocará que una parte importante de la producción no pueda acceder al mercado, lo que favorece a la competencia de terceros países y comunitaria.

Para Fepex, la obligación de que el precio pactado cubra el coste efectivo de producción, cuando los costes de producción en España sean superiores a los de la competencia, por pérdida de competitividad o en situaciones de crisis de mercado consecuencia de desequilibrios de oferta y demanda, provoca que el productor no pueda comercializar su producción a ningún precio por debajo de su coste efectivo de producción, porque constituye una infracción grave, debiendo asumir un daño muy superior al bien que se pretende proteger.

Otros planteamientos que hizo Fepex en su intervención hicieron referencia a las exportaciones, mayoritarias en el sector hortofrutícola nacional. «La Ley no contempla las situaciones creadas en unos mercados globalizados, no pudiendo resolver dos graves problemas: la pérdida creciente de competitividad en unos mercados globalizados, con unos precios que no se pueden predecir cuándo se planifica la producción y la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda», apuntaron en la federación de exportadores.

Sin embargo, las organizaciones agrarias coinciden, aunque con matices, que la modificación viene a solventar una demanda histórica de los productores, la eliminación de las prácticas abusivas y la obtención de un precio justo por los productos. Tanto Asaja, como UPA y Coag, llevaron a cabo sus intervenciones en la Comisión.

En la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) entienden que partiendo de esta normativa, que debe ser camino para el resto de Europa, es importante eliminar la posición de dominio dentro de la cadena. Consideran que el precio se debe formar de abajo a arriba. Además, solicitó profundizar en el control del cumplimiento de la normativa en todos sus términos. Asimismo, solicitó que el estudio de los costes de producción debe ser liderada por la Administración Pública y su implicación para que se cumpla lo establecido.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) , en su comparecencia, valoró la reforma de la Ley de la Cadena, como una modificación «esperada por los agricultores y ganaderos de carácter familiar, que son más del 85% en nuestro país, y al mismo tiempo, los más vulnerables».

UPA habló de « momento de histórico» ante los representantes de los partidos políticos, a los que solicitó «altura de miras». A su juicio, «no se trata de garantizar por Ley los precios justos en el campo, que también, sino de sentar las bases para dar oportunidades reales a los agricultores y ganaderos de vivir de su trabajo sin abandonar sus pueblos», aseguró la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas.