Un pleno de la Diputación.

La supresión de la Diputación afectaría a más de un millar de puestos de trabajo

El sindicato CSIF reclama a los grupos parlamentarios negociar las reformas de la Administración en el marco de un Pacto de Estado

r.i.

Miércoles, 24 de febrero 2016, 12:51

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, expone que, de suprimir la Diputación Provincial, "la medida afectaría a más de un millar de ... puestos de trabajo", según ha informado en un comunicado. Es por ello que el sindicato se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para que negocien las reformas de la Administración, en el marco de un Pacto de Estado, que incluya a los representantes legítimos de los trabajadores en este ámbito.

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Desde el respeto a los diferentes ámbitos de actuación y a las negociaciones entre partidos para formar una mayoría estable en el Congreso de los Diputados, CSIF «no considera adecuado que se adopten de manera unilateral decisiones como la supresión de las Diputaciones Provinciales planteada ayer y que afectarían a más de 62.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional y, por consiguiente, a todos los servicios públicos que actualmente se prestan en muchos municipios pequeños».

Así, el sindicato defiende un modelo de administración moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa para evitar los errores que contribuyeron a agravar la crisis económica. Esta línea de actuación contempla una correcta planificación de los puestos de trabajo, reforzando aquellos ámbitos donde sea necesario. «Tenemos muy claro que no sobran trabajadores, como pone en evidencia los problemas en la prestación de servicios provocadas por los recortes», puntualizan en el sindicato.

Por último, desde CSIF solicitan «que las decisiones que se adopten a este respecto sean negociadas y no perjudiquen de ningún modo y en primer lugar a los trabajadores, puesto que las plantillas ya ha sido suficientemente maltratadas en los últimos años y, en segundo, que no afecte lo más mínimo a la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos».

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