Veredictos del jurado anulados
Del caso Waninnkhof al crimen de JuncarilAunque en las estadísticas oficiales del TSJA no están discriminados los juicios que han tenido que repetirse desde 1995, IDEAL ha localizado más de media docena de sentencias que lo ordenaron
No sucede con frecuencia, pero desde 1995, año en que la institución del Tribunal del Jurado se instaló -de nuevo- en nuestro ordenamiento jurídico, ha habido al menos ocho sentencias de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) en las que sus señorías han ordenado anular el veredicto y repetir el juicio, tres de ellas de Granada.
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Desde el TSJA indican que no se discrimina en las estadísticas oficiales las anulaciones de veredictos, aunque confirman que han sido pocos los pronunciamientos del Tribunal del Jurado posteriormente invalidados por los magistrados profesionales del Palacio de la Real Chancillería tras estimar recursos interpuestos por las partes.
El más mediático es el archiconocido caso Wanninkhof: el crimen de la joven Rocío Wanninkhof Hornos cerca de Mijas (Málaga). La joven, de 19 años, fue asesinada en octubre de 1999. El proceso penal acabó con la repetición del juicio a Dolores Vázquez y su absolución.
El último veredicto anulado en Granada ha sido el del crimen de Juncaril: la brutal agresión mortal de la joven Ana Elena, de 29 años, cuyo asesino había sido condenado a 27 años y tres meses de prisión tras ser considerado culpable de asesinato sin ninguna atenuante ni eximente por su supuesto trastorno mental: declaró que en aquellas fechas veía pirámides y se creía el dios Horus.
El motivo de la anulación ha sido la «insuficiencia» de la motivación del veredicto del jurado en lo que respecta a por qué no creyeron que el acusado, diagnosticado luego en prisión de esquizofrenia paranoide, actuara en medio de un brote psicótico.
Antonio Moreno, magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA -los otros dos magistrados que la integran son el propio presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río, y el magistrado Miguel Pasquau Liaño- confirma que «no es habitual en absoluto» que un veredicto de jurado sea anulado y, por ende, la sentencia dictada por el magistrado presidente de ese tribunal popular.
Se trata, como recuerda, de sentencias de las audiencias provinciales que pueden ser recurridas ante la Sala de la que forma parte. «En dos años que llevo yo aquí solamente se han anulado dos sentencias de jurado», detalla, para agregar que en los anteriores tampoco han sido muchas.
«La complicación viene a la hora de motivar el veredicto»
Antonio Moreno
Magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA
«La labor del jurado es muy complicada», admite Moreno. Basta con pensar que los nueve ciudadanos que son elegidos para formar parte de un jurado no suelen tener conocimientos de Derecho; son jueces «legos» y a veces se enfrentan a asuntos «bastantes enrevesados, en donde se discuten términos jurídicos como el dolo o la culpa».
Moreno cree que es fácil para ellos llegar a la conclusión de si alguien es culpable o inocente a la vista de las pruebas existentes, pero la complicación viene «a la hora de motivar ese veredicto que exige la ley y la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Supremo». Aunque no se les exija la misma que a los jueces profesionales, sí se les se exige un poco de motivación «para no producir indefensión».
Según recalca Moreno, esa motivación debe ser «congruente, racional y lógica». Debe, en definitiva, contener las pruebas que han llevado a los jurados a decantarse por una decisión u otra. Él y los otros magistrados que resuelven los recursos contra los veredictos «normalmente» observan esa motivación, pero hay casos, contados, como se ha dicho, en los que no fue suficiente.
Voluntad de matar
El segundo de los casos de jurado anulados con anterioridad en Granada fue el del crimen de un ciudadano senegalés en los alrededores de un pub de calle Elvira en abril de 2019. La víctima recibió una puñalada letal y el jurado había declarado no culpable a uno de los dos acusados y culpable al otro.
El alto tribunal, tras revisar el caso en 2021 (hubo recurso de la defensa y de la fiscalía) decidió que se repitiera el juicio solo contra el condenado, que lo fue como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave con la circunstancia atenuante de drogadicción a la pena principal de 4 años de prisión.
El motivo de esta 'vuelta atrás' en el proceso fue porque el TSJA echó en falta que el jurado justificase por qué no vio voluntad de matar en el acusado. Destacó, en este sentido, que fue una discusión entre personas que no se conocían, que hubo un primer empujón o golpe por parte de la víctima, y la utilización con fuerza de un cuchillo de 13 centímetros de hoja que acabó clavado en el costado derecho de la víctima.
«La explicación más natural conforme a las máximas de la experiencia es que dicha puñalada fue voluntaria, y que quien la asesta sabe que una puñalada así puede causar la muerte», concluyó en los razonamientos de aquella sentencia el TSJA.
Testigos inadmitidos
El tercer caso que se recuerda de Granada de veredictos anulados en apelación fue el del exlacalde de Castril, José Juan López Ródenas, que fue condenado a multa como autor de un delito de malversación de caudales públicos por el supuesto uso indebido de un móvil del Ayuntamiento para realizar llamadas no relacionadas con sus funciones como regidor, entre los años 2008 y 2011.
Este asunto fue revisado igualmente en 2021 y el alto tribunal andaluz -fue ponente el magistrado Antonio Moreno- ordenó la repetición del juicio para que el jurado pudiera escuchar los testimonios de dos testigos que no habían sido admitidos. El nuevo juicio culminó con un veredicto de no culpabilidad y López Ródenas fue absuelto en octubre del año pasado.
Las otras sentencias en las que el TSJA invalidó veredictos en Andalucía que ha podido localizar IDEAL son, además de la que anuló la del caso Wanninkhof en 2002, otras dos de Málaga. Se trata de la del crimen de Pablo Podadera el 20 de abril de 2017 al mediar en una pelea en la sala Theatro de Málaga y la del crimen de Lucía Garrido en la finca de los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, en 2008.
Hay otra de Jaén (la paliza mortal que sufrió un ciudadano rumano en Frailes en 2020 a manos de dos compatriotas), así como otra de Sevilla que finalmente se resolvió con un acuerdo entre las partes.
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