EL RETORNO DEL FANTASMA DEL 'PER

Tras el nuevo fraude descubierto en Pinos Puente, IDEAL rescata las primeras condenas a una decena de alcaldes de pueblos granadinos que se dictaron hace 25 años en Andalucía

Jornaleros de el Padul apoyan en una manifestación en 1991 a los miembros de la corporación municipal tras conocerse el escándalo de las firmas de peonadas falsas y en contra del intento de la Inspección de Trabajo de cobrar las cantidades del PER. /González Molero
Jornaleros de el Padul apoyan en una manifestación en 1991 a los miembros de la corporación municipal tras conocerse el escándalo de las firmas de peonadas falsas y en contra del intento de la Inspección de Trabajo de cobrar las cantidades del PER. / González Molero
Daniel Olivares
DANIEL OLIVARES

El Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER), su antigua denominación, es un plan de subvenciones a los ayuntamientos de varias comunidades autónomas, para realizar inversiones en el mundo rural. Fue establecido en 1984 por el Gobierno de España, durante el mandato de Felipe González, con el nombre de Plan de Empleo Rural y en sustitución del llamado 'empleo comunitario'. El PER estaba destinado a las comunidades de Andalucía y Extremadura para que se contratasen a trabajadores eventuales agrarios (jornaleros) en paro, facilitar así un periodo de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo.

La sombra del fraude ha perseguido al PER casi desde su puesta en marcha. La sospecha, en cierto modo injusta, está fundada en la compra de peonadas para poder cobrarlo que se produjo en sus primeros años de vida en muchos pueblos de Andalucía. La provincia de Granada no ha sido ajena al 'trapicheo' de las peonadas y entre finales de los años 80 y comienzos de los 90 fueron investigados y juzgados más de una decena de casos. Hubo alcaldes condenados. De hecho, la primera sentencia condenatoria por fraude en el PER está datada en la Audiencia Provincial de Granada. Estos son los casos más sonados de aquellos primeros años de fraude del PER, que han regresado a la actualidad tras la nueva trama descubierta en Pinos Puente esta misma semana.

Ítrabo: la primera sentencia de Andalucía

El 18 de febrero de 1993 pasó a la historia como el día que un alcalde de la provincia de Granada fue condenado por primera vez por fraude en el PER. Joaquín Alabarce, alcalde socialista de Ítrabo, fue condenado a seis meses de prisión menor, inhabilitación para cargo público y 100.000 pesetas (600 euros) por firmar cinco peonadas falsas a una vecina del pueblo.

Fue la primera sentencia judicial dictada por un fraude del PER en toda Andalucía, a pesar de que por entonces ya se estaban juzgando numerosos casos en diversas provincias de la comunidad autónoma. Alabarce recurrió la sentencia y llegó hasta el Tribunal Supremo, que ratificó la condena de prisión el 9 de noviembre de 1994. Fue entonces cuando dimitió. Llevaba doce años al frente del Ayuntamiento. Alabarce no fue a la cárcel.

«Se han pasado algo, pero ellos sabrán lo que han hecho. Creo que se han equivocado en el planteamiento desde el principio, porque las firmas que yo eché nada tienen que ver con el PER, sino que era para que esta señora pudiera acceder a la Seguridad Social. Los jueces se han pasado algo, pero yo no quiero tener nada que ver con los jueces y acato la sentencia», dijo Alabarce tras conocer la ratificación del fallo. «La falta existe, porque esas peonadas no fueron trabajadas, pero ahí no hubo fraude ni mala intención», añadió el exedil, quien regresó a trabajar al bar que regentaba junto a su mujer cuando dejó la alcaldía.

Padul: 400 vecinos implicados

Aunque fue el alcalde de Ítrabo el primer condenado, el primer gran fraude masivo del PER juzgado en Granada, por el número de personas implicadas, se detectó en Padul, un pueblo al que se ha asomado un par de veces el 'fantasma' del engaño en el subsidio agrario. En 1988, cuatro años después de que naciera el PER, saltó el primer caso que recuerda la hemeroteca de IDEAL.

Unos 400 vecinos paduleños se vieron envueltos, de un modo u otro, en una causa judicial que llevó a cabo el juez Miguel Ángel de Arco, titular por entonces del juzgado de Instrucción número 6. El hogar del pensionista se convirtió a principios de diciembre de 1990 en una improvisada sala para tomar declaración a todos los implicados.

«Ustedes harían lo mismo si hubieran estado en mi caso», declaró Manuel V., un joven paduleño de 29 años, padre de dos hijos y sin vivienda propia que no encontró ningún trabajo en aquellos días de 1988 para completar las 48 peonadas que había acumulado y poder cobrar las 25.000 pesetas (150 euros) mensuales que el subsidio de empleo agrario ofrecía hace 30 años. «Señor juez, métase la mano en el pecho y dígame usted que no hubiera hecho lo mismo», le reclamó el joven al juez Del Arco. Padul tenía por entonces 6.000 habitantes. Casi un 7% de la población se vio involucrada, en un primer momento, en la investigación judicial.

El principal encausado era el alcalde Diego García Villena, de Izquierda Unida, que ya era exalcalde cuando se inició el proceso. El asunto se juzgó en la Audiencia Provincial de Granada. El fiscal llegó a solicitar para García Villena diez años de prisión, y un año y cinco meses para 28 jornaleros por su supuesta implicación en el fraude (el número inicial de vecinos llamados a juicio se fue depurando hasta reducirse a esa cifra tras la instrucción del caso).

El 3 de marzo de 1994, el exregidor escuchó el fallo: un año de prisión por un delito continuado de falsedad documental al haber firmado peonadas falsas a sus vecinos. Los 28 jornaleros quedaron absueltos por haber actuado con la creencia de que no obraban ilícitamente. También fue absuelto de responsabilidad civil subsidiaria el Ayuntamiento de Padul, que según el abogado del Estado había defraudo, en solo un año, con respecto a esos 28 jornaleros, más de 96 millones de pesetas (unos 580.000 euros).

La sentencia, eso sí, hizo especial hincapié en que la administraciones provinciales estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en la localidad antes de que se denunciase el fraude. El propio García Villena había declarado en el juzgado que los delegados provinciales del Ministerio de Trabajo y del Inem conocían las irregularidades y las alentaron. «A mí sólo me quedaban dos opciones: dejar que los jornaleros buscaran por sí mismos a quienes les certificaran las 60 peonadas necesarias para cubrir el subsidio, con lo que sólo lo cobrarían los que tuvieran amigos y no los más necesitados, o firmar yo mismo las peonadas, como lo hacían en otros ayuntamientos», dijo el ex alcalde.

Iznalloz: el alcalde que salió a hombros

Antonio Mata Hita, alcalde de Iznalloz, sale a hombros en 1991 de los juzgados de Plaza Nueva tras ser procesado por un presunto fraude al subsidio agrario.
Antonio Mata Hita, alcalde de Iznalloz, sale a hombros en 1991 de los juzgados de Plaza Nueva tras ser procesado por un presunto fraude al subsidio agrario. / Alfredo Aguilar

Casi en paralelo al asunto de Padul, en otra localidad granadina, Iznalloz, el mismo juez, Miguel Ángel del Arco, llevó a cabo otra instrucción con las mismas características, en la que llegaron a estar inculpados 319 jornaleros. El 9 de enero de 1991, el alcalde Antonio Mata Hita (PSOE) y el secretario del ayuntamiento fueron citados a declarar. El edil, procesado por los presuntos delitos de estafa y falsedad, aseguró que nunca firmó peonadas falsas del PER.

Todas las peonadas «fueron trabajadas realmente, pero no todas pudieron ser pagadas por falta de fondos», declaró ante el juez Mata Hita, quien defendió en la sala que el mecanismo de concesión del subsidio agrario debía ser retocado. También disculpó a los alcaldes que por entonces se vieron en la tesitura de firmar peonadas falsas, por considerar que era el único modo que tenían de facilitar a los jornaleros el subsidio.

Un centenar de vecinos aguardaban a las puertas del juzgado en Plaza Nueva. Al salir, el alcalde fue subido a hombros, mientras sus vecinos coreaban frases en las que indicaban que no querían limosnas, solo trabajo. La Justicia y los jueces se convirtieron además en chivos expiatorios de los vecinos, que profirieron frases insultantes porque consideraban una injusticia lo que estaba ocurriendo. Aun así, el alcalde acabó condenado.

La segunda sentencia por fraude masivo en el cobro del subsidio agrícola en Andalucía redujo aún más respecto a la primera la responsabilidad penal del único condenado. El socialista Antonio Mata Hita fue sentenciado el 28 de marzo de 1994 a diez meses de cárcel -frente al año del alcalde de Padul- por falsificación documental, y a la suspensión de su cargo, mientras que 13 jornaleros del pueblo fueron absueltos.

Al igual que en el caso de Padul, el tribunal acusó de «lentitud» a la Inspección de Trabajo, lo que favoreció el fraude múltiple, e insistió en que la Administración conocía la picaresca desde su origen y que los hechos constaban incluso documentalmente. La Audiencia recordó en su sentencia que las primeras noticias del fraude llegaron a la Administración en 1986, dos años después de entrar en vigor el nuevo sistema de cobro del subsidio por la certificación de 60 peonadas, pero hasta fines de 1988 o comienzos de 1989 el Ministerio de Trabajo no controló a los ayuntamientos.

Guadahortuna: más de 5.000 peonadas sin acreditar

El 19 de abril d 1994 la Audiencia Provincial de Granada condenó a otro alcalde. En este caso al de Guadahortuna, Luciano Caballero. El fallo fue el mismo: diez meses de cárcel por un delito de falsedad en documento público, una multa de 50.000 pesetas (300 euros) y suspensión de su cargo de alcalde durante el tiempo de duración de la condena. Caballero fue absuelto de los delitos de estafa y contra Hacienda, que también le imputaron.

La secretaria del ayuntamiento fue igualmente absuelta de los delitos de estafa y falsedad ya que el Ministerio Fiscal retiró los cargos contra ella durante el juicio. Según los hechos probados, Guadahortuna, una población entonces de 2.594 habitantes, había generado un total de 12.500 peonadas cotizadas, de las que 5.727 quedaron sin acreditar. Un total de 96 trabajadores habrían accedido al cobro irregular del subsidio agrario.

Villamena: primeros jornaleros condenados

El 2 de noviembre de 1994 la Audiencia Provincial de Granada decidió archivar las acusaciones contra el alcalde de Villamena por fraude en el PER debido a la enfermedad irreversible que padecía José María Ruiz Almendros. El edil padecía una situación de pérdida de consciencia y no podía valerse por sí mismo después de sufrir una embolia cerebral que le dejó postrado y con pocas posibilidades de recuperación. El proceso siguió adelante sin el alcalde pero con 22 jornaleros inculpados.

La Audiencia de Granada lo absolvió a todos en la primera sentencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó en mayo de 1996 la sentencia y condenó a cuatro de los 22 jornaleros, en un hecho sin precedentes hasta entonces en los casos del PER. El fallo decía que habían delinquido sin saber que lo estaban haciendo. Fueron condenados a dos meses de cárcel y a devolver el dinero defraudado. El resto de jornaleros fueron absueltos porque habían realizado las 60 peonadas preceptivas para acceder al subsidio.

Atarfe: el primer juicio de Víctor Sánchez

El 17 de febrero de 1995 llegó otra sentencia. Mismo panorama, mismo resultado. El exalcalde de Atarfe, José Antonio García López (PSOE), fue condenado también a diez meses de prisión menor y a seis años de inhabilitación para cargo público por firmar más de 4.000 peonadas falsas durante su mandato. El delito, el mismo: falsedad en documento público. La sentencia absolvió al que era alcalde ya en aquel momento, Víctor Sánchez, que había sido concejal encargado de los asuntos del PER cuando se cometió el delito en el anterior mandato.

No se pudo probar que Sánchez hubiese firmado las peonadas de favor entregadas a sus vecinos. Un total de siete jornaleros fueron juzgados y también eximidos de responsabilidad penal. La sentencia especificó que los trabajadores eran autores de un delito de falsedad en documento público, al saber que las firmas no era reales, pero les exculpaba por haber actuado mediante la figura legal de «error de prohibición». En 1988 se cotizaron en Atarfe por valor de 25 millones de pesetas (150.000 euros) en jornales, pero el dinero entregado para el PER era solo de 14 millones de pesetas (84.000 euros).

Cogollos Vega: un andalucista, condenado

El 15 de marzo de 1995, el entonces alcalde de Cogollos Vega, Manuel Valdivia (PA), anunció que abandonaba su cargo después de que el Tribunal Supremo hubiese ratificado la condena de la Audiencia de Granada de un año de prisión, otro de inhabilitación para cargo público y 50.000 pesetas de multa (300 euros) por un delito de falsedad en documento público. El Supremo eliminó el delito de estafa que le imputaba el Ministerio Fiscal.

«Es importante porque yo no me he llevado dinero», dijo Valvidia tras conocer que le retiraban el cargo de estafa. El alcalde había admitido en el juicio que había firmado peonadas falsas para que los jornaleros de su pueblo accediesen al cobro del subsidio de desempleo agrario. El fraude se elevó a 1,5 millones de pesetas (9.000 euros) para un total de 201 peonadas no trabajadas.

Valdivia dejó la alcaldía tras quince años al frente y tuvo que renunciar a encabezar la lista andalucista en las siguientes elecciones municipales cuando ya se había postulado para repetir. La curiosidad es que los concejales de Cogollos decidieron declararle alcalde honorífico en un pleno municipal previo al fallo judicial en previsión de que la sentencia iba a ser ratificada por el alto tribunal.

Pinos Puente: el mayor fraude de Andalucía

Vecinos de Pinos Puente cortan la vía del tren en protesta por el PER.
Vecinos de Pinos Puente cortan la vía del tren en protesta por el PER. / Alfredo Aguilar

La localidad de Pinos Puente, otra vez, se ha visto implicada esta semana en un asunto turbio relacionado con el PER. No es la primera vez, aunque han pasado más de 20 años y los protagonistas son otros. En 1996 el pueblo asistió incrédulo al enjuiciamiento del exalcalde, varios concejales y seis jornaleros por el mayor fraude del PER en Andalucía hasta ese momento. Un total de 990 millones de pesetas (casi seis millones de euros) fue el montante alcanzado en una localidad de 14.000 habitantes y con un paro superior al 50%.

Juan Ferrándiz, maestro de escuela y alcalde desde 1987 hasta 1991 por el PSOE, se sentó en el banquillo. También, el alcalde pedáneo del anejo de Casas Nuevas, Juan de Dios Toledo, así como el secretario del ayuntamiento, el concejal de Paro (así se llamaba antes el área de Empleo), José Muñoz, y seis jornaleros. El delito, el mismo que en los casos anteriores: falsead en documento público y estafa. El alcalde y el concejal recibieron la mayor condena hasta la fecha por fraude en el PER: 18 meses de cárcel. Además, 100.000 pesetas de multa (600 euros). El resto de inculpados fueron absueltos.

La Audiencia eximió al Ayuntamiento de Pinos Puentes del pago de los 990 millones de pesetas que debía abonar al Estado por el fraude. Un cambio en el Código Penal permitió que el fiscal redujese la petición de cárcel de tres años iniciales a la mitad. Según quedó probado, entre 1987 y 1990 se firmaron en Pinos Puente casi 200.000 peonadas falsas a unos 4.000 jornaleros del pueblo. El fraude nació con un plan preconcebido, señaló la sentencia.