El Gobierno declara patrimonio inmaterial los sistemas de riego tradicionales a instancias de la UGR
El Laboratorio de Arqueología Biocultural MemoLab de Granada elaboró el expediente aprobado por el Gobierno central que protege las acequias históricas
Inés Gallastegui
Granada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:55
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura aprobó el pasado 4 de septiembre una resolución para declarar los sistemas históricos y tradicionales de riego como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una buena noticia para las comunidades de regantes y las acequias históricas de la provincia de Granada, muy rica en infraestructuras hidráulicas y saberes agrarios aún en uso que datan de la época medieval, pero también para la Universidad, porque han sido investigadores de su Laboratorio de Arqueología Biocultural, MemoLab, los que promovieron y elaboraron el expediente con el que Cultura justifica su resolución.
El director de MemoLab, José María Martín Civantos, explicó a IDEAL que la aprobación de este expediente es el paso previo para que España y sus sistemas de regadío tradicionales se sumen a la lista aprobada en 2024 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a instancias de Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. Un proceso similar al iniciado por Francia, Grecia o Portugal, países que, como España, son mucho más ricos que los de Centroeuropa en estos sistemas de riego.
Los sistemas tradicionales de riego abarcan no solo las infraestructuras materiales –presas, azudes, galería de drenaje, acueductos, acequias, ramales o artificios para el control del cauce–, sino también organizaciones como las comunidades de regantes, algunas con siglos de existencia; oficios como los acequieros o alcaldes de agua –antiguos qadís de la época musulmana–; herramientas; saberes tradicionales y paisajes articulados por las conducciones de agua.
MemoLab lleva varios años realizando proyectos de restauración y mejora de acequias históricas de la provincia –como las singulares de careo o siembra de agua de la Alpujarra–, en ocasiones en el marco de proyectos colaborativos de ciencia ciudadana junto a estudiantes, investigadores y vecinos de las localidades en las que se ubican.
Amenazas y protección
Martín Civantos subrayó que en Granada las acequias históricas y la gestión tradicional del agua gozan de bastante buena salud –muchas de ellas siguen en uso desde la época andalusí–, pero están sometidas a amenazas de carácter estructural que ponen en riesgo su transmisión a las generaciones futuras.
Entre ellas, la presión urbanística, la despoblación del mundo rural y las políticas públicas que promueven la muerte de la agricultura tradicional en favor de un modelo industrial y altamente tecnificado para multiplicar la productividad olvidando los valores sociales, culturales y ambientales, indicó el investigador. En resumen, explicó, la sustitución progresiva de las acequias y canales tradicionales por tuberías de agua a presión y sistemas de riego por aspersión.
El profesor del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UGR recordó que la aprobación del expediente supone en todo caso, de forma inmediata, la puesta en marcha de medidas para proteger este patrimonio inmaterial, una tarea que ahora corresponde a las comunidades autónomas.
Entre las posibles medidas de salvaguarda recomendadas que recoge el expediente, publicado en el BOE del 13 de septiembre, destacan la identificación, documentación e investigación de los sistemas de riego tradicionales; la formación y transmisión de conocimientos; la preservación de los elementos inmateriales y materiales ; y la revitalización de esos sistemas mediante la aplicación de herramientas innovadoras.
«Proteger estos regadíos significa salvaguardar una herencia de conocimiento, fortalecer la identidad de los territorios y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y agrícolas, como bienes de uso común, en un contexto de creciente incertidumbre ambiental, socioeconómica y demográfica», señala la resolución ministerial.
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