Perros atados por ley en Granada

En España hay más de 9 millones de perros, la inmensa mayoría de ellos viven en pisos y, para muchos de los dueños, el ideal de ocio compartido pasa por dejarlos correr y saltar libremente por el campo. Es muy bonito y fotogénico, sí, pero está prohibido: los canes deben ir atados con una correa en cualquier espacio de uso público, salvo en las zonas donde expresamente se les permita ir sin ella, que son los menos. «Pues se ha hecho toda la vida», aducen algunos, sorprendidos ante la rigidez de la norma. «El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento», replican las autoridades medioambientales.

La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que entró en vigor el pasado septiembre, es terminante al respecto: el artículo 25 prohíbe «dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público, especialmente en los parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daños a las personas, al ganado o al medio natural». El uso de la conjunción 'o' es importante:significa que si llevas a tu perro atado pero puede causar daños, también estás incumpliendo la ley.

Por si no hubiera quedado claro, el artículo siguiente establece la obligatoriedad de «adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas». Incumplir cualquiera de los dos preceptos constituye una infracción leve sancionada con multas de entre 500 y 10.000 euros.

En realidad, la polémica ley –que a unos les parece demasiado animalista y a otros, 'antiperros'– no representa una gran novedad. En Andalucía, la Ley de Protección de los Animales de 2003 ya señalaba que las mascotas solo pueden circular por espacios públicos «cuando sean conducidas por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales» y, más específicamente, «sujetos por una correa».

Además, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad ya prohibía el tránsito de perros sueltos fuera de los caminos y pistas forestales para proteger la fauna y flora locales.

Fuentes de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada explican todo el catálogo de potenciales daños de los perros domésticos sueltos en el monte, sea o no área protegida:pueden causar «estrés o heridas» al ganado, afectando la producción y el bienestar de los animales de granja; destruir nidos o madrigueras de fauna vulnerable; obstaculizar la crianza o la reproducción de otras especies; transmitir parásitos y enfermedades; y asustar, atacar e incluso cazar fauna silvestre.

En cuanto a la flora, las mascotas pueden «dañar la vegetación al pisotear plantas jóvenes o sensibles», «introducir semillas de plantas invasoras que alteren el equilibrio del ecosistema»; y «compactar el suelo y causar erosión, especialmente en áreas sensibles o con suelos frágiles». A veces, estos efectos indeseados se producen por la acción directa de los perros; otros, a través de los ladridos, la orina o las heces.

Por último, no hay que olvidar que los 'mejores amigos' de unas personas pueden ser percibidos como un peligro por otras. O, de hecho, ser un peligro: no son raros los casos de excursionistas, corredores o ciclistas perseguidos o atacados por perros descontrolados en el monte. Sin olvidar a quienes sufren fobia o alergia a estas mascotas.

En resumen, es más corto explicar dónde los perros sí pueden correr libremente sin sujeción: en los parques caninos –los llamados 'pipicanes'–, en las áreas de esparcimiento específicas para ellos en los parques urbanos –definidas por los ayuntamientos– y en algunas playas en las temporadas y horarios establecidas por los municipios (normalmente, no en verano).

Hasta aquí, la teoría. En la práctica, basta asomarse a cualquier zona arbolada en los alrededores de pueblos y ciudades para comprobar que la ley apenas se cumple: la gente ya está acostumbrada a llevar a los perros sujetos en las áreas urbanas, pero en cuanto se acaba el asfalto, se olvida la norma. Güéjar Sierra y Monachil, dos de los pueblos más extensos del Área Metropolitana y más atractivos para los excusionistas, son un buen ejemplo.

Elisabeth García Calvente, concejal portavoz del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, asegura que la circulación de perros sueltos en el campo no ha provocado problemas en su municipio, aunque también admite que la inmensa mayoría de la gente desconoce esta prohibición y usa «el sentido común».

El concejal de Seguridad Ciudadana de Monachil, Antonio Morales, explica que la localidad serrana ha aprobado recientemente una ordenanza de convivencia que adapta la Ley de Bienestar Animal y afirma que la Policía Local ya ha puesto varias multas a dueños que llevan a los perros sueltos o no recogen sus excrementos. «Pero cuando es fuera del casco urbano, la competencia corresponde a los agentes de Medio Ambiente y del Seprona», matiza. «Es un problema endémico –admite Morales con impotencia–. La gente cree que lo que se ha hecho toda la vida se puede seguir haciendo, y no es así. Las leyes han cambiado y hay que aceptar las nuevas normas. Hay que ir educando a la gente, más que a los perros».

En estas poblaciones, los únicos incidentes oficialmente registrados son las molestias a los rebaños de vacas, ovejas y cabras. Por este motivo, ambos ayuntamientos han instalado señales en los principales senderos para instruir a los propietarios de canes sobre cómo comportarse ante la presencia de ganado y sus perros de guarda, los mastines: una de las normas básicas es llevarlos siempre atados.

Es la misma apreciación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. La brigada María José Suárez Cano, jefe de la Oficina Técnica del Seprona de Granada, insiste en que la obligación de que los perros estén bajo control de sus dueños no es nueva, y explica que, si aprecian una infracción, los agentes de este servicio levantan acta y denuncian los hechos ante la autoridad competente, que pueden ser los ayuntamientos, la Delegación del Gobierno o la de Medio Ambiente, en función de las circunstancias. Sin embargo, no tienen una estadística sobre cuántas de las infracciones denunciadas aluden, en concreto, a la correa. «No es un problema en el que intervengamos habitualmente –reconoce la brigada–. No tenemos noticia de que perros sueltos hayan podido dañar un espacio natural, fauna y flora silvestre. En cambio, sí son relativamente frecuentes ataques de perros a otros perros y a rebaños de ovejas y cabras».

Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con competencias sobre la gestión y conservación de los montes de la comunidad, aseguran que sus agentes pueden imponer multas de hasta 3.000 euros a los propietarios de animales que circulen sueltos en estas áreas. Sin embargo, admiten que «en la Delegación de Granada no se han producido sanciones por este motivo».

Hechos perseguidos por la Ley de Bienestar Animal y por las normas reguladoras del Parque Nacional, como dejar a los perros correr sin ataduras y bañarse en las lagunas de Sierra Nevada, ocurren todos los veranos. «Estos actos se producen bajo la impunidad de la distancia y en lugares de difícil acceso –lamentan en la delegación de la Junta–. No hay disponible un agente de medio ambiente para controlar las acciones de cada ciudadano».

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