La muerte digna nació en Granada
Inmaculada Echevarría falleció en 2007 en Granada después de luchar contra la administración y la justicia para que pudiera ser desconectada de la máquina que la mantenía con vida | En 2009, la Junta de Andalucía aprobaba la ley de muerte digna, que permitía a los andaluces rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pudiera poner en peligro su vida
Diego Quero
Martes, 6 de octubre 2015, 17:52
El 15 de marzo de 2007 murió Inmaculada Echevarría, la mujer de origen navarro que pasó cuarenta de sus 51 años enferma. Inmaculada pasará a la historia por decidir cuándo quería morir y no alargar el sufrimiento al que estaba sometida. Hace unos días, los padres de Andrea, una niña gallega de 12 años pedían para ella una "muerte digna". Un caso que tiene algunas similitudes con el de Inmaculada Echevarría.
Fue en octubre de 2006 cuando el caso de Inmaculada Echevarría salió a la luz, llamando la atención de toda España. Inmaculada permanecía ingresada en un hospital granadino, conectada a una máquina que la ayudaba a respirar, ya que solo podía mover los dedos de las manos y pies y los músculos de la cara.
"Cada día que amanece es un día más de sufrimiento", afirmaba Inmaculada en declaraciones a este periódico hace ahora nueve años, anunciando también que había redactado una carta en la que explicaba su situación y que remitió a todas las sedes de la Asociación Pro Derecho a Morir Dignamente, en la que pedía que la desconectaran de la máquina que la mantenía con vida y reivindicando su derecho a morir.
El revuelo por la decisión de Inmaculada Echevarría no se hizo esperar y la Junta de Andalucía anunciaba solo un día después que no tenía competencias para decidir sobre este asunto, aunque quedaba claro que este caso marcaría un antes y un después en cuanto a la eutanasia y a la muerte digna. La administración andaluza, a través de la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, decía que "si efectivamente lo que ha solicitado es una práctica que tiene que ver con la eutanasia nosotros no podríamos autorizarla porque no tenemos competencia para ello y porque el Código Penal no lo autoriza". Montero también recordaba que el Estatuto de Autonomía andaluz "sólo tiene competencia para hacer la reflexión de la reserva de ese derecho a morir dignamente", por lo que "tendría que ser la justicia la que resolviera".
Pero Inmaculada Echevarría no quiso que su decisión tomara el camino lento de la justicia. No dejó pasar un mes para firmar su testamento vital, documento en el que expresó su voluntad de morir si se produjera un empeoramiento de su enfermedad y ella no tuviera conciencia sobre sus actos. Empezaba entonces la cuenta atrás de Inmaculada, que encontró la senda legal para poder ser desconectada si su situación iba a peor. Además, el Comité Ético de la Junta de Andalucía y el Consejo Consultivo Andaluz autorizaron que se cumpliera la petición de la enferma, entendiendo que se encuadraba en un caso de limitación de esfuerzo terapéutico.
El 2 de marzo de 2007 Inmaculada Echevarría concedía una entrevista a IDEAL. En ella insistía en la decisión que había tomado, aunque dejaba entrever la pena que le causaba. "No me voy a echar atrás. Es mi vida y ahí no tiene que meterse nadie", decía Inmaculada mientras expresaba su deseo de que la recordaran "como una guerrera, porque gracias a que he luchado he conseguido lo que tanto quería y pienso que quien esté como yo ahora puede animarse y no rendirse".
Doce días después, el 14 de marzo, Inmaculada Echevarría fallecía en el hospital San Juan de Dios. Su muerte y otras peticiones destaparon el debate sobre la muerte digna en Andalucía, pero no fue hasta junio de 2009 cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía sacó adelante la conocida como ley de muerte digna, pionera en España. La norma habilitaba a cualquier andaluz a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pudiera poner en peligro su vida. La ley también reconocía el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que debería respetarse tal y como se establecía en el Estatuto de Autonomía.
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