Seis claves para entender la operación de compra de Talgo

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital han cerrado el acuerdo definitivo por el que se hacen con el control de Talgo. Lo hicieron este jueves, 6 de noviembre, poniendo punto final a una historia empresarial que ha concitado el mayor consenso político en este ámbito en Euskadi, que ha movilizado capital público y privado y que traerá de nuevo la sede social de una industria histórica.

La firma materializa la adquisición por parte del consorcio vasco del 29,7% de las acciones que están en manos del fondo inversor Trilantic. Lo hace al ratificar el principio de acuerdo al que llegaron el pasado 14 de febrero. Los títulos se adquieren por 4,25 euros, lo que supone un desembolso de 156,6 millones. Eso sí, el acuerdo está condicionado a la formalización de la financiación, ya cerrada, de la empresa y a la entrada de la Sepi, también aprobada, en el accionariado antes del 31 de enero de 2026.

Estas son las principales claves para entender todo el proceso.

Es agosto de 1964. Un tren que cubre la línea Madrid-Barcelona alcanza los 200 km/h. Más que un récord de velocidad supone un desafío tecnológico para su época. En 1941, el ingeniero Alejandro Goicoechea buscaba desarrollar un tren muy ligero, articulado y casi indescarrilable por su bajo centro de gravedad. No conseguía financiación hasta que José Luis Oriol, fundador de la actual Iberdrola, apostó por el proyecto. Así nació en 1942 Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol).

Talgo es hoy el principal fabricante de alta velocidad en España con 670 millones de facturación en 2024 y una tecnología de ancho de ferrocarril que es uno de sus principales activos en una Europa en la que siguen coexistiendo diferentes tipos de vías.

La empresa, con más de 2.000 trabajadores tiene dos plantas de fabricación, una en Las Matas (Madrid) y la otra en Euskadi, en la localidad alavesa Rivabellosa, con 700 empleados. Actualmente, aunque tenga la sede social en la capital de España, cuenta con cerca de 400 proveedores en Euskadi y un empleo indirecto de 5.000 personas.

Su principal accionista, con el 29,7% de los títulos, es el fondo inversor Trilantic. Lleva más de dos años inmerso en un proceso para vender su participación en la compañía, que cotiza en Bolsa. Los inversores llevan más de 15 años en la empresa y, tras la salida a los mercados hace una década, consideran cerrado ya su ciclo.

Desde entonces la gestión de la compañía ha priorizado el reparto de dividendos y la presentación de unas cifras para hacerla atractiva en una transacción. Una política que supuso aumentar la cartera de pedidos y frenar las inversiones en los activos. La situación en 2023 empezó a generar un ahogo de la producción y retrasos en entregas.

En 2024 surgieron dos propuestas europeas formales para adquirir Talgo. La primera, que oficializó su interés en febrero del pasado año ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fue la húngara Magyar Vagon. El grupo contaba con un fuerte respaldo del Gobierno de Viktor Orban y generó recelos en Moncloa desde el principio por posibles conexiones con capital ruso. El Gobierno terminó vetando en el Consejo de Ministros la adquisición en agosto del pasado año. Luego, el fabricante de trenes polaco, Pesa, también con apoyo de dinero público, se interesó por Talgo, pero Moncloa intervino para evitar la compra. El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez era mantener la empresa en España.

Para mantener la nacionalidad y la tecnología de Talgo, Sánchez se apoyó en el Gobierno vasco en una apuesta compartida por el presidente de Sidenor. José Antonio Jainaga se mostró dispuesto a asumir el reto de dirigir Talgo para lo que pidió ayuda a ambas administraciones.

Tras varios contactos, en febrero de este año armó un consorcio junto al Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital en el que juntaron 155 millones. Jainaga, el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales y BBK pusieron cada uno 45, mientras que la Vital aportó 20. Con esa cantidad cerraron un preacuerdo para comprar el 29,7% de las acciones en poder de Trilantic. Se empezaba a avanzar en la operación.

La inercia de la compañía había agravado su situación financiera. Aunque los pedidos siguieran sólidos, la deuda escaló hasta superar los 400 millones y, además, los retrasos en las entregas provocaron que Renfe impusiera una multa de otros 116 millones. Había que refinanciar todo ese pasivo y ambos gobiernos se habían comprometido a resolver la situación. Hasta que eso no estuviera solventado, Jainaga no cerraría su entrada en Talgo.

Ese ha sido, precisamente el proceso en el que se ha estado trabajando estos meses. Los bancos de Talgo reclamaban una inyección en la empresa de 150 millones. Así lo acordaron en julio los gobiernos central y vasco para avanzar la solución. La Sepi aportará la mitad entrando en el capital y quedándose con un 8% de Talgo. La otra parte corresponde a un 'pool' financiero público-privado diseñado por el Gobierno vasco a través de Ekarpen.

Estas son las condiciones que fija el acuerdo final del 6 de noviembre para que se ejecuten antes del 31 de diciembre. Son, todo elementos ya aprobados y pendientes de una ratificación de la junta de accionistas de Talgo que se convocará en las próximas horas para mediados de diciembre.

El acuerdo final alcanzado ha servido para disipar dudas que habían crecido tras la investigación abierta a Jainaga en la Audiencia Nacional. El tribunal instruye un caso de posible contrabando por la venta de acero de Sidenor a una empresa de armas del Gobierno de Israel. El juez cuestiona que el acero enviado no había sido notificado debidamente al órgano correspondiente de la Adminisrtación del Estado por ser material de doble uso (civil y militar), tal y como establece la regulación. Esta infracción calificaría las ventas como contrabando y el juez ve una posible cooperación en delitos de la lesa humanidad. La cuestión legal es ver si esos materiales eran o no de doble uso. En cualquier caso Sidenor anunció el pasado 1 de julio la ruptura de sus contratos con Israel, antes de que España fijara el embargo al país hebreo .

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