Salvar vidas a golpe de mazo desde el juzgado de violencia sobre la mujer
IDEAL acompaña una jornada al juzgado de violencia de género, preocupado por el efecto de asumir también los delitos sexuales
Son las 9:05 horas y el despacho de la magistrada Isabel María Moreno es ya un ir y venir de papeles y funcionarios. Como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Jaén, único de la capital, su actividad es imparable. En la mesa se dividen los montones por los casos nuevos y los que están en marcha, con documentación que narra situaciones duras, desde denuncias con lesiones a acoso o amenazas. Dramas que arrastran a mujeres a situaciones desesperadas y que deben salir de ahí con una solución para proteger sus vidas. «Apagamos fuegos inmediatos», afirma la jueza, pero hay mucho más. La Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia se activará en octubre. Es decir, en nueve meses estos órganos multiplicarán su carga de trabajo en una «oleada» de casos.
El juzgado de Violencia de Género, con una organización que recibió el Premio Menina, cuenta con una agenda bien minutada. Cada segundo cuenta y se trata de aprovechar, porque son más conscientes de que cada papel es la vida de una persona y su familia. La magistrada muestra su agenda, con todos los días completos, «es un no parar». Gran parte de la jornada está programada para diligencias judiciales, pero hay mucho trabajo detrás que no se ve. «Sabemos cuándo entramos a trabajar, pero no cuándo vamos a salir», destaca.
Desde las nueve de la mañana en su despacho está Francisco Javier Alcántara, fiscal responsable en Igualdad de Jaén. «El trabajo en equipo y la buena sintonía son claves para que todo vaya ágil y haya un trato adecuado para la víctima y el agresor», explica. El fiscal de turno –son tres los que van rotando cada semana– cuenta con su propio despacho en el edificio del juzgado, en la calle Las Minas, pero poco se usa, pues la verdadera acción se halla en el sótano, donde se ubica la sala de vistas y se celebran los juicios.
En la entrada, en una pantalla, se muestra el horario: 9:45, 9:50, 10:00, 10:10 hasta las 10:55. Es el tiempo previsto para las diligencias judiciales, que siempre varía. Hay días con seis detenidos, tres o ninguno, que acceden por su propia puerta desde el exterior y no tienen ningún tipo de contacto con la víctima. En eso hace hincapié la jueza, sobre la importancia de proteger a las mujeres y evitar un contacto con el agresor, algo que también defiende el fiscal, que recuerda la importancia de la empatía.
Y es que, a pesar de lo complicado que pueden ser los casos, afectando incluso a nivel personal de los empleados, la humanidad que se muestra en cada sala, inundada de papeles, es esencial. Manuela es una de las funcionarias «pata negra» del juzgado, junto con Flores, Paqui o Miguel Ángel. Ella cuenta con casi cuarenta años de experiencia en justicia, igual que otros compañeros, diez funcionarios en total, con más de una década de vivencias a sus espaldas en el sector.
«Les digo que no se asusten, que están bien protegidas y que se tranquilicen», narra Manuela. Las víctimas, tras cruzar el arco de seguridad de la puerta, van directas al SAVA – Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía–, que está en la misma planta. Ahí baja uno de los funcionarios del juzgado, como Manuela, y les pone cara. «Empatizo mucho con ellas», admite, consciente de la importancia de un buen primer paso para que la declaración de la mujer transcurra sin incidentes o de la forma más calmada posible.
«Ellas lo reviven cuando vienen a contarlo, hay historias aterradoras, en las que ha sido necesario que estuviera presente la psicóloga para apoyarla», continúa la jueza Moreno. Confiesa que no es fácil, en especial cuando hay menores implicados. Ha habido casos en los que una madre, con un carrito, ha tenido que parar la declaración para coger a su bebé en brazos. O que los hijos tenían edad suficiente para declarar y se encontraban, a sus cinco o seis años, con la situación de tener que narrar lo que ocurre en su casa. «También es su derecho ser escuchados y entendidos, debemos proteger ese derecho igualmente», recuerda el fiscal.
Agenda llena
Nada más iniciar la jornada, se llama a los puestos de Viogén para comprobar si habrá detenidos que acudirán al juzgado, «así sabemos lo que tendremos», indica la jueza. Esta jornada hay uno desde Valdepeñas, llegará sobre las once, aunque lo más probable es que se retrase. Pero hay tarea mientras tanto.
Uno de los juicios previstos se ha tenido que suspender y a las 10:05 bajan a la sala la magistrada, el fiscal y un funcionario. Ahí empieza el no parar. Se toma declaración a una menor, testigo de un caso de violencia de género y que será usado como prueba preconstituida, en unos diez minutos. A las 10:20 entra una mujer, víctima en un caso de corte de luz, al parecer, perpetrado por el que fuera su pareja, lo cual también se considera maltrato. Mientras ella habla, en la puerta de la sala de vistas se reúnen un par de abogados, listos para el siguiente caso. Hay otro juicio suspendido por la ausencia de un letrado, y uno más por enfermedad del acusado. La agenda de la jueza se marca con nuevas fechas que van ya para junio. «A partir de octubre no será así, las fechas se retrasarán mucho más a menos que faciliten recursos», señala, lo cual «afectará al trato con las víctimas y también a la salud de los trabajadores, que estarán más saturados». De hecho, si en la actualidad cada funcionario lleva una media de 50 casos, estos aumentarían un 20% tras la aplicación de la ley de eficiencia de la justicia. ¿Cómo se hará esto? «Con paciencia, es lo que hay», admiten los empleados. En principio, no hay previsto ningún apoyo extra ni de personal ni de recursos para la «avalancha» de casos que se viene encima, con la inclusión todos los casos de violencia sexual, incluyendo delitos como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso sexual.
Son las 10:36 y se juzga un delito de manipulación de una pulsera de control telemático. Ni el acusado ni la mujer víctima colaboraban en las diligencias, es más, ella rehusaba la ayuda policial, sin embargo, desde el juzgado se continúa la investigación. «Seguimos adelante por si, dentro de un año, cuando se celebre el juicio, ella sí quiera declarar, le damos esa oportunidad, porque es nuestra labor», apuntan.
A las 11:02 hay un intento de videollamada con la prisión de Jaén, pero la citación falla. La actividad continúa en la sala. En una pausa, le entregan a la jueza en su despacho la dación de cuenta, el cómo evolucionan los casos que se encuentran en el juzgado. Una montaña de papeles que va de una mesa a otra para actualizarse, y que rara vez encoge.
Hay días que salen a las 14:30, otros a las 16:00, y en casa se «hacen los deberes» para que exista esta fluidez en los juicios. La implicación en este juzgado es «inevitable», pues «se ve en directo cómo se ayuda a las personas», lo cual hace que merezca la pena incluso con la sobrecarga.
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