18 cámaras limitarán la entrada de vehículos al casco histórico de Granada en 2023

La capital ha puesto en marcha el mecanismo para blindarse contra el uso de coches contaminantes en el Centro. Este mes ha sacado a licitación los contratos para instalar las cámaras que detectarán la entrada de vehículos no autorizados, señales dinámicas que informarán sobre las plazas libres en los parkings, nuevas pilonas en el Albaicín y semáforos 'inteligentes' que se podrán controlar a distancia. Son solo algunas de las herramientas con las que contará el Área de Movilidad para establecer la zona de bajas emisiones que, por ley, tiene que estar operativa en 2023.

La junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobó tres contratos por un valor de 2,5 millones relacionados directamente con la zona de bajas emisiones y subvencionados con fondos Next Generation, que se suman a otro paquete de mejoras para el transporte público de la ciudad. Estas tareas tendrán un plazo máximo de ejecución que oscila entre los seis meses y, en el caso de la licitación más relevante, de 1,8 millones, un año.

Aún no hay fecha concreta ni detalles sobre las fases para la implantación de la ZBE, que no llegará con limitaciones de acceso de un día para otro, sino de forma progresiva. Según explica la concejala de Movilidad, RaquelRuz, esta medida tiene que estar implantada a lo largo del 2023. El Gobierno está ultimando un reglamento que desarrollará la Ley de Cambio Climático yTransición Energética, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso, a establecer «zonas de bajas emisiones antes de 2023».

Lo que está claro es que en el momento en el que esté operativa, los conductores de vehículos contaminantes que no sean residentes del Centro encontrarán restricciones de acceso y aparcamiento.

Entre todas las herramientas que modernizarán el control del tráfico en la ciudad, la más relevante es la instalación de 18 cámaras que vigilarán la entrada al casco histórico. Estarán situadas en los denominados 'puntos de control' que delimitarán el acceso desde los ejes Violón-Carretera de la Sierra, Silla del Moro-Albaicín, Ermita-Capitán Moreno, y Gran Capitán-Pedro Antonio de Alarcón. Estas son las 'fronteras' que no podrán cruzar los coches más contaminantes, una medida que se implantará progresivamente y tendrá como horizonte 2030.

Los dispositivos serán capaces de leer las matrículas e identificar las etiquetas ambientales –las pegatinas de la DGT– que lleven los vehículos. Si no tienen el acceso permitido y pasan por la cámara, se iniciará el procedimiento sancionador, anulable en todo momento por los técnicos de Movilidad y la Policía Local a través de una aplicación. Estas barreras invisibles regularán la entrada a la 'almendra central' de Granada, donde viven 58.245 personas.

No son las únicas cámaras que quedarán instaladas en la ciudad en los próximos meses. Habrá 13 aparatos de características similares para controlar el acceso a los carriles reservados para el transporte público. Por otro lado, 68 ojos electrónicos de distintos tipos –que no multarán– permitirán vigilar el estado del tráfico en la ciudad en distintos puntos clave.

No todo es vigilancia. La zona de bajas emisiones tiene como finalidad mitigar los problemas de contaminación asociados a emisión de partículas, óxido de nitrógeno y ozono, que afectan a Granada por su orografía, la estabilidad atmosférica y la climatología. Todo ello, logrando una mejora de la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

Uno de los problemas de movilidad en la capital es el de los vehículos que se desplazan a la búsqueda de aparcamiento. Dado que el acceso a los parkings estará permitido, los conductores tendrán que saber de antemano, antes de entrar a la ZBE, si tienen plazas disponibles. Para solucionarlo, habrá 16 paneles informativos con señales que mostrarán a tiempo real las plazas libres en los parkings más cercanos. Señalarán con indicadores verdes las zonas de aparcamiento que tengan más de medio centenar de plazas libres. Con leds de color naranja aparecerán los que tengan entre 20 y 50 espacios disponibles. Por último, en rojo figurarán los que tengan menos de una veintena de plazas.

Otra novedad, esta imperceptible para los conductores, es la instalación de nuevos reguladores semafóricos. En concreto, 38 dispositivos 'inteligentes' que serán capaces de funcionar según el tráfico en la zona y se podrán activar desde el área de Movilidad. Esto se suma a la colocación de 34 puntos de medida del tráfico.

Por último, quienes acceden habitualmente al Albaicín encontrarán una novedad. El contrato para la mejora del sistema de control de accesos dentro de la ZBE contempla la sustitución de los cuatro puntos de entrada regulados por pilonas, ubicados en la calle Elvira, enReyes Católicos, al extremo de Pagés y en San Luis.

Las pilonas empezaron a funcionar en 2017 después de cuatro años de 'pausa'. El Ayuntamiento adoptó esta decisión por motivos de seguridad tras los atentados en Barcelona, activando de nuevo estos polémicos dispositivos con el objetivo de poner una barrera en contra de atropellos intencionados en el casco histórico. Pese a averías y accidentes –solo en las dos primeras semanas tras su activación hubo 25 choques–, han seguido funcionando.

Estas pilonas quedarán sustituidas por nuevos elementos acordes a la normativa actual y más modernos. Por ejemplo, tendrán capacidad para leer tarjetas –de residentes, vehículos de carga y descarga, etc– y permitirán a los vehículos de emergencias una apertura rápida por mando a distancia en caso de que sea necesario.

Las empresas que resulten ganadoras en los concursos públicos para los distintos paquetes tendrán que asumir también el despliegue todas las conexiones para que el sistema funcione. Será necesario instalar nuevas redes de fibra óptica a lo largo de la ciudad. También tendrán que hacerse cargo del despliegue de las plataformas informáticas necesarias para el control de todo el mecanismo.

Estos son los grandes cambios tecnológicos que vivirá el control del tráfico en Granada a lo largo de los próximos meses. Cámaras, sensores, semáforos y señales quedarán al servicio de la ZBE, pero aún hay muchas cuestiones por resolver. Las distintas capas de acceso que planteó el anterior equipo de gobierno municipal ya no son válidas, pues empezaban a implantarse el año pasado, cuando ya estaba previsto que los conductores que no estuvieran empadronados en el Centro no pudieran aparcar en él. Más adelante estaba previsto limitar también el acceso a estas calles e incluso restringir la entrada a los vehículos más contaminantes aunque fuesen de residentes.

Los nuevos plazos se irán acompasando a la regulación del gobierno y a las adaptaciones normativas que haga la ciudad, a través de su Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Por ahora, el primer horizonte está cumplido:tener los contratos antes del 30 de noviembre de este año. Y, según los tiempos máximos de ejecución de los trabajos, el despliegue tecnológico estará listo para 2023. No caben más prórrogas para la creación de la zona de bajas emisiones.

La concejala de Movilidad, Raquel Ruz, es clara a la hora de justificar la necesidad de este plan: «Tenemos un problema muy grave que afecta a la salud de las personas». Hace referencia a la contaminación. Pero hay otra motivación:la necesidad de preservar el casco histórico de Granada. «Estamos hablando de zonas patrimoniales que necesitan una especial protección, en las que es inaceptable la circulación masiva de vehículos», señala.

Defiende que la zona de bajas emisiones será, además, beneficiosa para los comerciantes. «Con la aplicación de zonas peatonales se podrá mejorar la experiencia de compra. En otras ciudades peatonalizadas, el comercio se ha visto muy favorecido. Entiendo las reticencias de algunos comerciantes, pero según los estudios, el comercio se ve favorecido», resume Ruz.

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