El Ministerio alerta de que se ha disparado la atención sanitaria pública por hospitales privados
En la última década, los centros privados integrados en la red del sistema nacional de salud aumentaron un 37% y son ya el 30% del total
La ministra de Sanidad llevó hoy al Consejo de Ministros un informe en el que alerta de la «creciente dependencia» del Sistema Nacional de Salud ( ... SNS) de los centros sanitarios privados o de gestión privada para garantizar la atención a los ciudadanos. El documento concluye que la colaboración del SNS con entidades privadas, para que asuman la atención sanitaria pública de una parte de la población, «ha pasado (en poco más de una década) de ser un recurso excepcional a convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general», algo que considera muy peligroso.
La radiografía de la situación y la voz de alerta de Mónica García coinciden con el escándalo desatado por la difusión por El País de unas grabaciones que apuntan a que los responsables del Hospital de Torrejón, centro privado pero que cobra de la Comunidad de Madrid por dar atención sanitaria pública a un área de unos 150.000 habitantes, solicitaron a sus jefes de servicio elevar las listas de espera y rechazar pacientes para aumentar los beneficios.
Un escándalo que ha llevado a la titular de Sanidad a anunciar que en pocas semanas llevará al Consejo de Ministros una norma que derogará la ley de 1997 que permite que la prestación del servicio sanitario público y su gestión pueda ser contratada con entidades privadas y que limitará la entrada de compañías con ánimo de lucro en la gestión de centros sanitarios de la red pública, lo que excluiría modelos como el del hospital de Torrejón.
Estos 145 hospitales reciben 4.800 millones al año de las arcas públicas por la población asumida, un 85% más que en 2011.
El informe ministerial asegura que en doce años se han disparado los centros privados o de gestión privada integrados en el SNS, los autorizados y contratados por las autonomías para dar atención sanitaria a un área de población concreto como si fuesen hospitales públicos. Entre 2011 y 2023 han pasado de ser 106 a 145, lo que significa un crecimiento del 36,8% y supone que ya son algo más de tres de cada diez hospitales (30,7%) de la red de asistencia pública. El gran aumento del peso de estos centros privados en el SNS se constata si se tienen en cuenta que suman el 17,8% de las camas hospitalarias totales (el 13,7% en 2011) y el 10,7% de los quirófanos operativos (antes el 8%).
Esta tendencia, que el análisis dice que se concentra especialmente en Cataluña y Navarra, ha supuesto que la partida de gasto en hospitales del SNS que proporcionalmente más ha aumentado en los últimos doce años sea justo la transferencia de fondos a estos 145 centros de gestión privada. En la última anualidad certificada recibieron, según Sanidad, 4.800 millones de euros de las arcas públicas.
El documento indica que a todo este proceso de privatización de la atención sanitaria hay que sumar otra gran partida que es la que reciben hospitales privados no integrados en la red pública por la atención sanitaria a ciudadanos, como pueden ser la realización de pruebas diagnósticas, consultas, operaciones y tratamientos para reducir listas de espera públicas. Estos fondos oficiales pagaron en 2023 el 34,6% de las estancias hospitalarias de los centros privados y el 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospital de día que realizaron.
Lo grave y costoso, a la pública
El último aspecto que destaca el análisis es el frecuente desvío por parte de la sanidad privada de los pacientes con patologías complejas y caras a los centros públicos. Lo resumen en un dato. Pese a que un tercio de los españoles tienen ya un seguro sanitario privado, el 95% de los procesos asistenciales más graves y costosos, como los relacionados con trasplantes, los de neonatos con bajo peso, o los que requieren de traqueotomía u oxigenación extracorpórea, se realizan en los hospitales de la red pública.
De hecho, el aseguramiento privado se ha duplicado en los últimos seis años en España, a especial velocidad desde la pandemia. «A partir de 2020, se aceleró la contratación de pólizas privadas como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas», dice el documento.
Riesgos y soluciones
Los autores del informe consideran que la tendencia muy pronunciada a la privatización de la atención y de la red sanitaria pública genera una serie de «riesgos» para los ciudadanos. Entre ellos citan la fragmentación de la red asistencial, brechas salariales y de condiciones laborales del personal, pérdida de capacidad pública de planificación, riesgos de sobrecoste y escasa trazabilidad en la facturación y atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos.
A la vista de todo lo anterior, el Ministerio de Sanidad considera que la tendencia actual «debilita los principios fundacionales del SNS» y como medida principal para revertir el peligro recomienda a los responsables políticos «promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos». De forma complementaria, también pide «reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos» y «exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos».
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