Los geriatras tomaban la decisión de qué ancianos contagiados en residencias eran hospitalizados

La resaca procesal que está dejando la crisis sanitaria tiene en los geriátricos uno de sus trágicos protagonistas. El virus ha golpeado sin piedad tanto a residentes como a empleados, y en algunas comunidades suman la mitad de los decesos. Este registro judicial lo lidera la Comunidad de Madrid. De las cerca de 14.000 muertes contabilizados, unas 5.900 han tenido lugar en centros sociosanitarios (residencias, geriátricos o centros de día). Son fallecidos confirmados por coronavirus, unos 1.200, o con sospechas de que lo padecieron, 4.700.

La región suma seis de las 17 causas abiertas y 69 de las 140 pesquisas del Ministerio Público. Estos procesos se abrieron en su mayoría tras las denuncias de la asociación Defensor del Paciente o de particulares. Familiares que vieron como sus allegados se contagiaban y morían en horas sin más información que el certificado de defunción. El encaje delictivo de estos hechos iría desde el homicidio imprudente y el abandono de personas incapaces hasta el maltrato o la omisión del deber de auxilio.

Estos centros dependen de las administraciones autonómicas y en su mayoría son de titularidad privada. Sin embargo, desde mediados de marzo, en plena subida de la curva epidémica, algunos fueron intervenidos por los Gobiernos regionales para protegerse, con escasos medios materiales, de la letal sacudida de virus. En su caso, por contagios importados desde fuera.

En una entrevista publicada por este periódico el 9 de mayo, el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, dio dos claves sobre el horizonte procesal de estos casos. La FED es una de las patronales del sector, engloba a 2.400 centros privados en el país y gestionan unas 150.000 plazas. «La sanidad pública fue la primera en hacer aguas porque estaba totalmente colapsada (...) y cambiaron los protocolos. Cualquier persona puede entrar por urgencias. Nosotros, no. Teníamos que llamar a un geriatra del hospital de referencia, que decía sí o no», contó.

«Nos viene muy bien que se abran diligencias. Se verá que las residencias han estado llamando por activa y por pasiva y les han negado los ingresos. Las llamadas están grabadas. Si resulta que un director de una residencia o un médico no ha llamado, han actuado muy mal. Y también saldrá a la luz», avisaba.

Pues bien, ahora se sabe que en pleno pico epidémico la Consejería de Sanidad de Madrid aprobó un protocolo dirigido a las residencias. El documento de cinco páginas, al que ha tenido acceso este periódico, fue elaborado por la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Su responsable, el psiquiatra Carlos Mur de Víu, fue cesado la semana pasada. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comentó que había realizado un «gran trabajo» y que es una de las personas que más había contribuido para frenar la crisis. «Estamos renovando la consejería y cuento con él», añadió.

No obstante, el protocolo será un documento clave en las investigaciones judiciales. La Fiscalía quiere conocer bajo qué criterios se decidía si un anciano enfermo de coronavirus o con síntomas era mandado al hospital o se le mantenía aislado. Las denuncias inciden precisamente en la presunta omisión del deber de auxilio a algunos fallecidos.

El protocolo es un «plan de actuación único» para dar soporte sanitario a la residencias. Establece cuatro escenarios de contagios: confirmado, probable, descartado y posible o leve. Y detalla que el objetivo es evitar el «colapso» del sistema de salud e identificar a los pacientes que «se beneficien» de la hospitalización «para mejorar el pronóstico de supervivencia y calidad de vida a corto y largo plazo». Para este cometido se crearon nuevos roles: el llamado «geriatra de enlace» y el «coordinador de plazas sociosanitarias». El desarrollo del plan incluye el contacto telefónico de las residencias con el geriatra destinado en los hospitales de referencia, «en horario de ocho de la mañana a diez de la noche». Fuera de este margen, se contactará con urgencias.

Es, por lo tanto, el geriatra de enlace quien tiene la última palabra para derivar a los hospitales ante una infección respiratoria u otra patología. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, avanzó el jueves que bajo este protocolo unos 6.700 ancianos han sido ingresados desde los 475 geriátricos de la comunidad. Es el 15% de los 44.300 residentes. El destino de estos mayores lo decidieron los 29 geriatras de enlace asignados. Mientras que 5.900 mayores fallecieron sin posibilidad de ser hospitalizados, según el «criterio asistencial» de la Comunidad de Madrid.