Cómo reclamar una indemnización en caso de haber contraído listeriosis

Lo primero que hay que hacer si se ha adquirido un artículo afectado por la bacteria de la listeria es tirarlo. Después el consumidor puede dirigirse al establecimiento donde se adqurió y reclarmar el coste de este con un ticket que acredite la compra. Según informa la web reclamador.es, son los establecimientos los que deben devolver el dinero al cliente y después reclamar dicho importe a la empresa fabricante de la carne.

La OCU explica que, de acuerdo a la normativa de protección de los derechos de los consumidores, los afectados por una intoxicación tienen derecho a una indemnización. Esta reclamación se dirigirá a la fábrica, como titular o causante del daño. Será el fabricante el responsable de pagar estas indemnizaciones (o en su caso, su seguro de responsabilidad civil).

Para solicitar esta indemnización, los afectados tienen que acudir a un centro de salud u hospital para que les valoren y emitan un informe médico. Según explicó el portavoz de la OCU, Enrique García, al diario 20 Minutos, en este informe se tiene que aclarar el origen de la intoxicación, el tiempo de hospitalización y todos los datos sobre posibles daños y secuelas. A este habría que añadir «todos los justificantes que acrediten los gastos derivados de estos efectos físicos y el tiempo de baja laboral».

En la reclamación que se dirija a la fábrica se debe adjuntar esta documentación además de un ticket o factura de pago que acredite la compra o ingesta causante del daño. Esta acción prescribe a los tres años desde que se produjo la intoxicación.

La OCU recuerda que, además de las reclamaciones individuales, también se puede sancionar a la empresa responsable de forma administrativa. Es obligación de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía sancionar al fabricante por una conducta constitutiva de infracción administrativa en materia de seguridad alimentaria. La OCU incluso insta a que se dirijan al Ministerio Fiscal para que este valore si se ha cometido un delito por «poner en peligro la salud de los consumidores» según recoge el artículo 363 del Código Penal. Este delito podría conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión.

Esperanza Palacio, abogada de reclamador.es explica a 20 Minutos que existen dos vías para solicitar una indemnización por intoxicación alimentaria a la empresa fabricante: reclamación ante la oficina municipal de consumo o reclamación extrajudicial a la empresa.

En el primer caso, existe el inconveniente de que la empresa puede decidir si adherirse o no a esta mediación municipal, por lo que puede no pagar la compensación económica al consumidor. La vía extrajudicial es «más rápida y eficaz» aunque implica acudir a un abogado que se encargue del proceso, según explica Palacio. En el caso de que la empresa se negase a pagar, se debería interponer una demanda.

Una última vía sería presentar una acción administrativa ante la Junta de Andalucía. En este caso la acción no culminaría con el pago de una indemnización al afectado, sino que sólo supondría la imposición de una sanción a la empresa.

La cuantía entregada en concepto de indemnización puede variar según el caso y los daños provocados. El baremo a seguir para estos pagos es el descrito en la Ley 35/2015, según explica Esmeralda Palacio.

Para otorgar la indemnización se estudia la gravedad de los daños y los perjuicios sufridos por cada persona. Actualmente se valora el tiempo de hospitalización -pagado con 103,48 euros al día- y si se ha tenido que solicitar una baja laboral -31,05 euros al día-. En caso de fallecimiento, explica Palacio que «se paga una cuentía fija por cada heredero. Por ejemplo, por cada hijo mayor de 30 años se pagaría mínimo 20.000 euros por heredero, hasta más de 100.000 euros». En caso de ser hijo único se pagaría un 25% más de compensación.

Añade Palacio que existen agravantes que aumentan la cantidad a pagar. El daño emergente hace referencia a todos los gastos derivados de la intoxicación, que se sumarían al dinero recibido por cada consumidor. Por otra parte, en caso de que haya un hijo que dependa de la persona fallecida, la cuantía se vería ampliada por los daños causados; según la normativa del lucro cesante, que protege a los herederos del fallecido. Esta normativa también sirve para garantizar la seguridad del empleo de los afectados, por lo que los autónomos que hayan podido perder un negocio a causa de la hospitalización también podrán utilizar este agravante.