Rechazo de órganos

Rechazo de órganos

China coloca trabajos científicos en revistas médicas basados en trasplantes forzosos a los presos. Un informe mundial denuncia la «complicidad» de los editores

ANTONIO CORBILLÓN

Algunas de las revistas médicas científicas más prestigiosas del mundo miran para otro lado a la hora de aplicar los códigos éticos en el uso de órganos humanos para trasplantes. Una investigación dirigida por un equipo de la Universidad MacQuaire (Sidney, Australia) ha expuesto la «falla masiva» de las publicaciones médicas, a las que acusa de ser «cómplices de los métodos bárbaros» de obtención de órganos en China.

La profesora de Ética Clínica Wendy Rogers y su amplio grupo de colaboradores han revisado todos los estudios con receptores de corazón, hígado y pulmón del gigante asiático desde 2000 hasta 2017 y su presencia en la comunidad científica internacional. El resultado es desolador y demuestra el 'coladero' y la falta de filtros de los editores.

En ese periodo se publicaron trabajos en revistas tan respetadas como 'Transplantation Proceedings', 'Journal of Clinical Investigation' o 'American Journal of Transplantation', considerada la mayor referencia mundial. Entre estas y otras, todas internacionales y en inglés, se recogían hasta 445 estudios en los que se vieron involucrados 85.477 trasplantes en hospitales chinos. Rogers y sus expertos concluyen que en 412 (92,5%) no informaron si los órganos procedían de prisioneros ejecutados. Y en 439 (99%) tampoco confirmaron si los donantes habían dado su consentimiento. A pesar de la dificultad de acceso a las fuentes de información, este trabajo sugiere que las extracciones fraudulentas afectaron también a presos de conciencia.

Como demostración de la rutina de falsedades con que se gestionan estas prácticas en el país asiático, entre los miles de documentos analizados se han encontrado 19 de principios de los años 2000 de reclusos que supuestamente dieron su consentimiento voluntario. Pero el Gobierno comunista no desarrolló un programa así hasta 2010.

«Como resultado, ahora existe una gran cantidad de investigaciones no éticas, que plantean problemas de complicidad y riesgo moral», lamenta en sus conclusiones (dadas a conocer esta semana en la revista 'BMJ Open') la doctora Wendy Rogers. Unos riesgos que van más allá de lo moral y atacan a sus valores médicos, ya que la falta de vigilancia de revisores y editores afecta a «más del 85% de los artículos, aceptados para su publicación sin ninguna información sobre la fuente de los órganos».

Control estricto, pero menos

Todavía llama más la atención por cuanto que la lucha contra el uso de órganos de prisioneros ejecutados ha sido una constante de la comunidad internacional, en paralelo con la creación de un férreo protocolo de acceso a las donaciones, tanto para los laboratorios como para los quirófanos.

Ante los rumores crecientes en la comunidad científica, The Transplantation Society (TTS), organismo líder mundial en vigilar y establecer pautas, anunció en su día que «no se aceptarán documentos en los que se hubieran obtenido órganos de los presos». El presidente de su Comité de Ética, Peter Stock, afirma enfáticamente en su web que «es un principio fundamental que los órganos y tejidos se administren libremente y sin coacción».

Pero solo es una declaración para la galería. El informe completo de la universidad australiana incide en el hecho de que las grandes revistas suelen evitar retractarse para no ver perjudicada ni su fama ni la de los científicos implicados. Las nuevas evidencias prueban lo que la doctora Rogers llama «complicidad para el uso y beneficio de esas investigaciones».

Los trabajos con órganos humanos «tienen que cumplir los mismos estándares que marca la Declaración de Helsinki en investigación biomédica», reclama la presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y presidenta de la Declaración de Estambul contra el Tráfico de Órganos, Beatriz Domínguez-Gil. Ese documento firmado en la capital escandinava en 2013 tiene un capítulo completo dedicado al «consentimiento informado» y a la obligación, ética y legal, de que los pacientes implicados acepten su participación.

De todas formas, Domínguez-Gil cree que la prensa científica en general ha mostrado su compromiso «claro de que no se publicará investigación alguna en la que se hayan utilizado órganos de prisioneros ejecutados». Y recuerda que «precisamente esta fue la base para la retirada de algunos artículos publicados una vez que se constató que se incumplía este principio».

Sea como fuere, en las conclusiones de su informe, el primero de estas dimensiones que se realiza a escala mundial, Wendy Rogers reclama con contundencia «la retractación inmediata de todos los estudios que informen sobre investigaciones basadas en el uso de prisioneros ejecutados», lo que supondría la eliminación de esos 445 informes científicos. Rogers propone también una «moratoria» de todas las publicaciones que procedan de Pekín y «una cumbre internacional para desarrollar una política futura para el manejo de este tipo de investigaciones».

China monopoliza de largo esta lucha. El país más poblado del planeta es uno de los pocos donde el uso de órganos de presos está expresamente aprobado por sus leyes. No fue hasta 2015 cuando sus autoridades se comprometieron a utilizar solo donaciones voluntarias de sus reos. Pero hasta su exviceministro de Sanidad Huang Jiefu, que se avino a colaborar con las organizaciones médicas mundiales que presionan a su país, reconoció en un congreso celebrado en Europa en 2017 que «no es posible verificar que todas estas sustracciones han cesado».Además, China no ha aceptado ninguna inspección foránea y los organismos mundiales han asumido su silencio sin rechistar.

Antecedentes

No es la primera vez que la sospecha cae sobre los filtros editoriales de las grandes revistas médicas. En 2017, la prestigiosa 'Liver International' tuvo que retractarse de un artículo realizado por cirujanos chinos que exponían sus trabajos en 564 trasplantes de hígado realizados en cuatro años. Los expertos que lo analizaron concluyeron que «era imposible para un hospital haber obtenido tantos hígados utilizables dado el pequeño número de donantes voluntarios en ese momento».

Llueve sobre mojado sobre la forma en que China intenta ganar protagonismo en la investigación médica. A finales de 2018, el científico He Jiankui anunció el uso de las herramientas genéticas para editar el genoma de dos gemelas para hacerlas resistentes al VIH. Jiankui reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial.

La Academia China de Ciencias analizó la conducta de este biólogo en una investigación interna que identificó múltiples violaciones de las leyes estatales. A mediados de diciembre desapareció de su universidad y lo último que se supo es que estaba en arresto domiciliario.

Un informe publicado en 2016 encontró una gran discrepancia entre las cifras oficiales de trasplantes del Gobierno de Pekín y el número de actuaciones reportadas por sus hospitales. Si bien las estadísticas dicen que se realizan 10.000 trasplantes cada año, los datos de sus centros médicos muestran que se trasplantan entre 60.000 y 100.000 órganos. El estudio proporciona evidencias de que esta brecha está siendo compensada por presos de conciencia.

Wendy Rogers creó en 2017 el comité que asesora a la Coalición para Acabar con el Abuso de los Trasplantes en China (ETAC, en inglés). Este organismo fue impulsado por tres activistas que llevaban una década denunciando por todo el mundo que la mayor fuente de órganos en China era «el asesinato de inocentes: uigures, tibetanos y cristianos». Confían en que sus denuncias lleguen también al turismo de órganos, otro de los tabúes protegidos por la confidencialidad de Pekín.

Temas

China, Salud