El Gobierno impulsará la acogida familiar para combatir la trata de menores tuteladas

En respuesta a una citación de Igualdad y Derechos Sociales, técnicos de alto nivel de ambos ministerios y de otras seis carteras gubernamentales, de todas las autonomías y de la federación de municipios han iniciado contactos para tener definido y redactado en un mes este plan de acción, que luego será bendecido por ministros y consejeros en una conferencia sectorial extraordinaria. Se trata de pactar actuaciones semejantes en todas las autonomías, que son quienes tienen las competencias específicas en infancia y servicios sociales y quienes gestionan los centros de menores.

«Se trata de una situación de extrema gravedad, que vivimos con mucha preocupación», indicó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. «Tenemos que garantizar que el sistema de acogida vela por los derechos de los menores y que ninguna institución pública mira para otro lado», añadió Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, y el segundo convocante gubernamental de este encuentro extraordinario.

En los últimos años, de manera recurrente, se han conocido múltiples casos de explotación sexual de niñas y adolescentes de centros de protección de Palma de Mallorca, Canarias, Alicante, Álava y, hace pocos días, también de Madrid y Guadalajara. No obstante, las investigaciones de los expertos, como la realizada en 2017 por Unicef en nueve autonomías, indican que es una irregularidad extendida, con casos que se silencian en la mayoría de las regiones, por lo que los escándalos conocidos no serían más que la punta del iceberg de un mal generalizado. Hallaron episodios de explotación sexual de menores tuteladas en siete de las nueve comunidades auditadas.

Son jóvenes vulnerables, procedentes de familias desestructuradas o en las que sufrieron abusos, a las que los proxenetas introducen, a menudo con engaños, chantajes y violencia, en el mundo de la prostitución, en demasiadas ocasiones con el cebo de las drogas a las que se enganchan o de teléfonos móviles, ropa o pequeñas cantidades de dinero.

El plan de choque, que está pendiente de nuevas aportaciones e ideas de las autonomías, contendrá una batería de medidas para reducir el riesgo de captación de las chicas que viven en los centros de acogida por los proxenetas, entre otras acciones con la formación específica en detección precoz de los educadores. También incluirá una guía con los pasos concretos a dar si se detecta este problema: qué hacer, dónde derivara las víctimas o de qué recursos se dispone para sacarlas de esta violencia y recuperarlas.

El proyecto se centra en combatir la trata para explotación sexual, pero también protegerá a los menores de los centros contra cualquier tipo de violencia machista (abusos, acoso sexual, violencia de género, matrimonios forzados o ablación del clítoris).

Álvarez avanzó que una de las estrategias principales es multiplicar en pocos años los niños tutelados que crecen con familias de acogida, lo que les aleja de las garras de los proxenetas y permite que los centros, que solo son el mal menor, queden para los casos indispensables. A ello destinará el Gobierno 200 millones, que ya ha comenzado a transferir a las autonomías. Se trata de acabar con una anomalía que aleja a España de buena parte de Europa. Aquí, a diferencia de los vecinos, la mayoría de los niños y adolescentes bajo tutela del Estado están recluidos en centros. Solo viven en hogares de acogida el 45% de los menores, unos 23.000 de los 50.000 que protegen las instituciones públicas.

Otra pieza clave para el rescate y recuperación de adolescentes será el capítulo del plan de inserción laboral y social de víctimas de explotación sexual que el Ejecutivo quiere tener en situación de aplicarse muy pronto.

La conocida como ley de 'Solo sí es sí', que está pendiente de su aprobación por el Congreso, también incluye medidas para tratar de impedir la violencia machista en los propios centros. Crea un delito que castiga la solicitud de favores sexuales por parte de empleados y educadores de estas instituciones (con una condena de cárcel de 1 a 4 años y entre 6 y 12 años de inhabilitación) y permite perseguir penalmente a la industria de la prostitución, con el encarcelamiento de los dueños de los locales y su clausura.