«Por fin, España se ha enterado de que existe el secuestro parental»

Hoy permanece en su refugio granadino de Maracena a la espera de saber qué pasará con su futuro y después de que los hijos -que mantuvo escondidos durante un mes- hayan sido devueltos al padre atendiendo la denuncia que interpuso en Italia por sustracción internacional de menores. Se enfrenta a pena de cárcel, pero también a la pérdida de la custodia.

Su caso no es único, pero ha logrado acaparar la actualidad informativa, ha llenado horas de debate televisivo y hasta ha centrado encendidas conversaciones en bares y mercados con argumentos más o menos peregrinos. «Por fin, España se ha enterado de que existe el secuestro parental», ironiza Javier Somoza, que representa al Colectivo de Padres y Madres contra la Sustracción Parental. Aplaude que la repercusión del caso haya servido para poner sobre la mesa un problema alarmante en España. Según un informe del Ministerio del Interior, sólo en 2016 se interpusieron 263 denuncias por padres que de la noche a la mañana se vieron despojados de sus vástagos porque sus exparejas los habían sacado del país. Sin embargo y, según la memoria del pasado año del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sólo 35 de ellas prosperaron en sentencias en las que el juez dictaminaba que sí había habido un delito de sustracción parental, castigado en España con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por un tiempo de cuatro a diez años.

Este es el primer paso para iniciar el proceso de restitución del menor a través del Convenio de la Haya de 1980, si el país al que ha huido también es firmante. «Pero en España tenemos un problema añadido con respecto a Europa, porque, tras denunciar, lo primero que la Justicia tiene en cuenta es cuál de los dos progenitores tiene la custodia. Si quien la tiene es el que secuestra a los niños, los jueces no la tratan como secuestro parental y eso es una auténtica aberración», denuncia Chema López, presidente de la Asociación contra la Sustracción Internacional de Menores (ACSIM).

Ante esto, la única solución es solicitar un cambio de custodia atendiendo a un proceso civil tras el divorcio. El caso más habitual es que quien se lleva al menor incumple con el régimen de visitas; el juez suele conceder la custodia al denunciante. El siguiente paso es enviar una comisión rogatoria desde España al país donde se encuentra sustraído el menor. Si éste es firmante del Convenio de la Haya de 1980, la solicitud para la restitución inmediata del menor debe hacerse en un año y, si se cumplen los plazos, el país está obligado a devolverlo. Si no lo es, se abre un abismo de años de litigio en el Estado donde está el niño para reclamarle la custodia al excónyuge. No siempre se logra.

Es el caso de Javier Somoza, que ha pedido ayuda al Ministerio de Justicia y al de Asuntos Exteriores para no perder definitivamente la patria potestad, que actualmente tiene suspendida de manera cautelar, sobre su hijo de cinco años que vive en Myski (Rusia) con su madre, de nacionalidad rusa, con la que contrajo matrimonio en 2010 y de la que se divorció en 2015. El menor, asegura, fue concebido de manera «fraudulenta» mediante una inseminación in vitro que no autorizó. «Dándole la custodia a la madre se me somete a un chantaje perpetuo», ha lamentado Somoza, destacando que esa fue la razón por la que el Tribunal de Estrasburgo admitió su caso a trámite este año. Rusia está adherida al Convenio de la Haya de 1980, «pero lo incumple reiteradamente. Allí sólo funciona la corrupción», afirma Somoza.

¿Son entonces eficaces los convenios internacionales? Los expertos no tienen dudas: funcionan, aunque no con la rapidez deseada.

El malagueño Domingo Expósito murió tiroteado por un sicario en Argentina pocos días antes de regresar con su hija a España. Había logrado la custodia después de cuatro años peleando. «La jueza argentina aplicó escrupulosamente el Convenio de la Haya de 1980 y conseguimos la restitución de la menor, pero la madre recurrió y, pese a que volvimos a ganar, se negó a entregarla», recuerda Manuel Huertas, abogado penalista y experto en casos de sustracción internacional de menores. Hoy, la madre permanece en arresto domiciliario tras haber recurrido la sentencia que la condenó a siete años de prisión por cómplice de asesinato. Además, se enfrenta a una denuncia en España por la sustracción internacional de una menor, retención ilegal en contra de una resolución judicial e impago de la pensión alimenticia. Mientras tanto, han solicitado como medida cautelar la privación de la patria potestad por diez años y que se otorgue la tutela a la abuela paterna.

Actualmente, el Convenio de la Haya de 1980 es una de las principales armas legales para luchar contra esta situación a la que se ven abocados muchos padres, al instar a la restitución inmediata del menor a su país de residencia. Una gran parte de los 93 países firmantes lo cumplen, aunque no en el plazo de seis semanas que establece y que solo algunos, como Reino Unido, llevan a rajatabla. Países como Brasil, Perú, Colombia o Rusia suelen incumplirlo con frecuencia. «A cualquier padre que denuncie la sustracción ilícita de un menor en España, la Autoridad Central (oficina dependiente del Ministerio de Justicia) le asigna gratuitamente un abogado del Estado e inicia el procedimiento», explica Carolina Marín, abogada especializada en casos de sustracción internacional de menores en el bufete Dawson Cornwell, de Londres. Con el resto de países no acogidos al convenio (la mayoría de Estados del norte de África, excepto Marruecos) es difícil trabajar, porque a las barreras culturales y a la maraña burocrática hay que sumar la falta de formación de abogados y jueces; la dificultad para localizar al menor, y la falta de legislación doméstica en este asunto. Aún así, Marín defiende este convenio, de gran prestigio y peso en el Derecho Internacional por la imagen de país fiable que proyecta.

Pero para esta experta existen otras normas, como el Reglamento Europeo (conocido como Bruselas II bis), que priman por encima del Convenio de la Haya de 1980 cuando la sustracción se da entre países miembros de la UE. Asegura que su aplicación hubiera sido idónea en el caso de Juana Rivas, al prever medidas de protección para los menores. «Ha sido su gran error -opina de la madre granadina-. Desde el primer momento le aconsejaron no devolver a los hijos, cuando lo que podría haber hecho es regresar a Italia con ellos, pero condicionando su vuelta a unas medidas de protección justificados en los antecedentes de violencia que ella había denunciado», explica la letrada.

Cree que también podría haber gestionado su caso acogiéndose al Convenio de la Haya de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Marín asegura que se trata de un convenio que se aplica menos por ser más desconocido, pero que es muy importante. «Si el país a donde se han llevado los menores es firmante de este convenio, la decisión de un tribunal español sería vinculante allí. «Podría haberse aplicado también al caso de Juana Rivas, porque aunque España no tiene competencia sobre los niños al no residir aquí, un juez podría haber dictado cualquier decisión para protegerlos y garantizar un retorno más seguro».

Los malos tratos en el ámbito doméstico son el detonante en muchos casos del secuestro por parte de las madres. Pero, ¿hasta qué punto juega a favor en una sustracción de menores? «Lamentablemente, lo vemos en procedimientos domésticos todos los días», asegura Marín. En la actualidad, la Conferencia de la Haya estudia si los casos de violencia suponen devolver a los niños a una situación de riesgo. «Hay una gran preocupación entre los que nos dedicamos a esto, porque se abriría una senda muy peligrosa. Con que hubiera una denuncia por malos tratos y sin haberse juzgado, ya no se podría devolver a los menores», lamenta Marín.

También los malos tratos fueron el detonante de que María José Carrascosa saliese de EE UU con su hija. La abogada española acaba de regresar a Valencia tras cumplir nueve años de prisión en Nueva Jersey (EE UU) por desacato y secuestro internacional en 2005. Un tribunal español le otorgó a ella la custodia y prohibió la salida de la menor de España (contraviniendo el Convenio de la Haya de 1980, lo que no fue bien visto internacionalmente, según Marín), pero otro se la dio al padre. En 2006, Carrascosa fue detenida cuando regresó a EE UU para aclarar su situación legal. «Fue un error garrafal, sobre todo siendo ella abogada y sabiendo que con una denuncia por secuestro parental iba a ser detenida nada más pisar suelo estadounidense», sentencia Marín.