«Llegué al juzgado suplicando ayuda y salí imputada»

López llegó al juzgado de violencia de género número 1 de Arganda del Rey (Madrid) el 14 de abril de 2014. Acababa de recibir la última paliza de su pareja y tenía moratones por todo el cuerpo, fruto de los golpes con un palo de bambú, y marcas en el cuello de un intento de estrangulamiento. Su maltratador, «que tenía unos nimios arañazos», también la denunció por agresión y logró que la juez, María Jesús López Chacón, imputase a ambos y dictase sendas órdenes de alejamiento mutuo.

Tres años y seis meses después, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial condenó en firme a su expareja a dos años y nueve meses de cárcel por dos delitos de maltrato y la exoneró a ella de cualquier delito, pues dijo que ni siquiera tenía nada que ver con los arañazos del agresor. «Lo increíble y terrible es que la juez atendiese su denuncia falsa, sin siquiera investigarlo. Es lo peor que le puede pasar a una víctima. He tenido que soportar tres años de pena de banquillo», indicó antes de lamentar que, «después de pensarlo mucho antes de denunciar, pasas del maltrato en casa al maltrato judicial».

En su escrito de 30 páginas y 60 anexos contra la juez, y en el que pide al CGPJ que sea apartada de los juzgados de violencia de género y de familia «por todas las irregularidades y fallos cometidos», explica que fue víctima de los prejuicios de la instructora, quien aseguró en la sala de vistas: «Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando mal».

La magistrada, pese a sus recursos, e incluso ahora tras la condena firme, ha mantenido un régimen de visitas para la hija de ambos, que ahora tiene 5 años, por el que pasa con el padre dos tardes por semana, un fin de semana alterno y la mitad de las vacaciones. «Me he salvado yo, pero con la angustía de haber sacrificado a mi hija, porque cuando la entrego no sé si me la van a devolver sana y salva», se lamenta. Pese a todo, aseguró que se siente en la obligación de denunciar a la juez «para que las víctimas no tengan más miedo a la denuncia que al maltrato».

La Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que son alguna de las organizaciones que apoyan la denuncia, advierten al CGPJ de que lo ocurrido a Isabel «no son hechos aislados sino que, en mayor o menor medida, representan hechos cotidianos y excesivamente frecuentes» en los juzgados contra la violencia de género. Denuncian la existencia de jueces, fiscales y abogados sin la formación específica, que no escuchan a las víctimas como deben y con evidente inacción si no hay partes de daños; juzgados que rechazan hasta el 75% de las peticiones de órdenes de protección; jueces que actúan con prejuicios, que presionan para acuerdos mutuos, que dan similar peso al testimonio de agredida y agresor, y que no atienden al interés del menor sino al del padre en los regímenes de visitas.

Por estos motivos, anunciaron que van a recopilar de forma sistemática todo los perjuicios, maltratos, desatenciones o daños que le causen a estas víctimas los diferentes operadores jurídicos -jueces, fiscales, abogados, etc.- y los denunciarán, «uno a uno», para que sean sancionados ante el Poder Judicial y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. De hecho, el pasado 10 de enero, hasta 50 organizaciones de mujeres pidieron también al Poder Judicial que aperciba de sanción y obligue a realizar un curso de sensibilización al titular del juzgado de violencia contra la mujer número 1 de Sagunto (Valencia), contra el que las víctimas han presentado numerosas quejas por «actitudes arrogantes y autoritarias; faltas de respeto y consideración; y nula empatía».

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Arganda del Rey, como consecuencia de las informaciones vertidas acerca de su órgano judicial, informa que el pasado 9 de febrero decidió solicitar amparo ante el Consejo General del Poder Judicial por lo que considera un ataque a su independencia. En la misma línea, la magistrada aclara que todas y cada una de las resoluciones adoptadas en el marco de los procedimientos que han sido objeto de interés informativo fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Madrid, de acuerdo también con lo interesado por el Ministerio Fiscal. Por último, y en la misma línea, señala que sus actuaciones judiciales se han llevado a cabo con escrupuloso respeto a la legislación vigente tratando de buscar la máxima objetividad e imparcialidad antes las posturas enfrentadas de las partes.