La homofobia que no cesa

Un hombre ataviado con la bandera LGTB junto al acceso de Metro de Chueca./Susana Vera (Reuters)
Un hombre ataviado con la bandera LGTB junto al acceso de Metro de Chueca. / Susana Vera (Reuters)

Los grupos LGTB achacan al aumento de los ataques a la falta de protección legal, a una reacción fanática a su mayor visibilidad, y al «fracaso» de la escuela

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La Policía detuvo hoy en Palma por un delito de odio a un tuitero que lanzaba mensajes vejatorios contra el colectivo LGTB, tres neonazis escupieron e insultaron a homosexuales el sábado en la primera fiesta del World Pride en Madrid, un grupo de ultras atacó hace semana y media la manifestación del Orgullo en Murcia, un profesor de Filosofía provocó el plante de sus alumnos en Lérida con su comentarios homófobos...un centro comercial de Fuenlabrada (Madrid) expulsó a dos chicos por besarse en su interior.

Son solo un apincelada de los incidentes homófobos registrados en España en las últimas semanas. Una lacra que, aún en mayor proporción que la violencia machista, se mantiene oculta por el silencio, la desconfianza en las autoridades y el miedo a la estigmatización de la mayoría de las víctimas, pero que, pese a los contados casos que se denuncian, presenta en la actualidad un repunte preocupante.

El Ministerio del Interior confirmó este mes que los ataques contra la orientación e identidad sexual son los delitos de odio que más crecieron en 2016, al dispararse un 36%, hasta 230 investigaciones, y que los casos de discurso de odio en internet y las redes sociales contra el colectivo LGTB -injurias, amenazas, trato degradante- aumentaron un 57% en los mismos doce meses.

Pese al fuerte crecimiento, que marca tendencia, es la punta del iceberg. Solo el Observatorio contra la Homofobia de la Comunidad de Madrid, sostenido por las propias organizaciones LGTB, registró en 2016 más incidentes, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el 75% de los que les pidieron ayuda luego no dieron el paso de denunciar ante la Administación o la Policía. Tuvieron 240 casos, 59 de agresiones físicas, con 316 víctimas -224 gais-, y la mitad de los ataques ocurridos por la noche y en la calle. La demostración de que el problema crece es que, a día de hoy, según el coordinador del observatorio, Rubén López, los casos denunciados en 2017 son ya 115, frente a los 109 registados en 2016 hasta 30 de junio, con el Orgullo entonces concluido mientras ahora está todavía en su ecuador.

Tanto López como Jesús Generelo, presidente de FELGTB, la federación estatal que reúne a 50 organizaciones LGTB locales y autonómicas, coinciden en que una de la razones fundamentales del aumento de ataques es la reacción violenta de los fanáticos y homófobos ante la cada vez mayor «visibilidad» del colectivo. «A más visibilidad, más reacción», indica Generelo. «No soportan que chicos y chicas de 15 años se besen y se cojan de la mano por la calle, lo ven como una provocación», se suma Yago Blando, presidente de Arcópoli, una de las asociaciones más activas en aflorar los incidentes hómofobos.

Perfil preocupante

La segunda causa, también coindicen, es el «fracaso» de la escuela, que no ha logrado una educación inclusiva de la diversidad sexual. Se basan en el perfil «muy preocupante» del agresor LGTB que dibujan sus estudios. Un joven español, de 20 a 30 años, mayoritariamente heterosexual. «Los mismos niños que se han educado junto a la libertad y la aprobación del matrimonio igualitario son los principales impulsores ahora de los ataques homófobos. Es evidente que la escuela ha fallado», ilustra López.

Ven como tercer motivo la falta de medidas e instrumentos legales suficientes para lograr una defensa efectiva de los derechos del colectivo. Consideran indispensable que el Congreso acepte tramitar y apruebe la ley de igualdad LGTB que llegará al pleno en otoño, que busca extender a todo el país medidas que ya han puesto en marcha varias autonomías. Incluye programas de actuación en la escuela y de formación de profesionales clave como policías, jueces, fiscales, maestros o personal sanitario, así como la sanción con multas de toda una serie de discriminaciones y vejaciones que no pueden perseguirse como delitos y que ahora quedan impunes.

También reclaman como indispensable una mayor y más efectiva implicación de policías y jueces en la persecución de los delitos de odio, pero sobre todo una mayor empatía y esfuerzo de ayuda a las víctimas, que permita terminar, concluye Generelo, «con el distanciamiento con las instituciones que aún perdura» y que hace que los perjudicados no denuncien.

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