El Gobierno sube el impuesto al diésel: 3,8 céntimos

El Gobierno sube el impuesto al diésel: 3,8 céntimos
EFE

La decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año

EUROPA PRESS

El Gobierno ha aprobado este viernes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

«La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios»

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año.

«La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios», aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento de la recaudación se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

La titular de la cartera de Hacienda subrayó que la Agencia Tributaria tiene capacidad para identificar cuando se utiliza el combustible con carácter profesional y señaló que se están estudiando las singularidades de cada sector para hacer posible un sistema de información que permita discriminar cuando la empresa o el autónomo hacen mayor uso del transporte y lograr que no se encarezca el precio.

Asimismo, resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró «fundamental» para la renovación del parque automovilístico español y también para ayudar a las empresas en una política de transición que es «imprescindible» para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a que sea capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.