Faltan 310 nietos

Reencuentro. Manuel Gonçalvez, agachado en primer término, con familias reunificadas. De pie, con chaqueta rosa, Buscarita Roa, la «abuela más joven» de la asociación./R. C.
Reencuentro. Manuel Gonçalvez, agachado en primer término, con familias reunificadas. De pie, con chaqueta rosa, Buscarita Roa, la «abuela más joven» de la asociación. / R. C.

La última 'secuestrada' por la dictatura argentina acaba de ser localizada en España y hace el número 129 en la incesante búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Así investigan para recuperarlos...

MARCELA VALENTE

El último martes las Abuelas de Plaza de Mayo convocaron a la prensa para hacer un anuncio: el hallazgo en España del nieto recuperado número 129. Con matices, esa escena se reitera en Argentina periódicamente. El suceso genera una alegría semejante a la primicia de un nacimiento. Rodeadas por el equipo de investigación, por nietos recuperados y por familiares del nuevo integrante, las Abuelas revelaron esta vez el hallazgo de una nieta, desaparecida durante la dictadura militar (1976-83). La mujer, de 42 años, es hija de Carlos Alberto Solsona y de Norma Síntora, secuestrada en 1977 embarazada de ocho meses y aún desaparecida.

«El tiempo es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 39 y 45 años, ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó», suplicó en esta oportunidad la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, exhortando a pasar de 129 y hallar a otros 310 nietos que nacieron en cautiverio -como la hija de Solsona y Síntora- o que fueron secuestrados de pequeños. Cada hallazgo es diferente al anterior. En este caso se dio un hecho inusual. El padre, exiliado, sobrevivió a la represión. «Nadie tiene idea de las miles de noches que pasé sin dormir esperando este momento», declaró a la prensa Solsona, que ya había hablado con su hija por teléfono. El hombre tiene 70 años y otros dos hijos, que también buscaban a su hermana.

El júbilo por el reencuentro es la manifestación del triunfo sobre la crueldad y la mentira. Pero también la coronación de un trabajo de indagación largo y muy discreto que puede empezar con un mensaje anónimo en un papel hasta alcanzar el desenlace. Manuel Gonçalves Granada es un nieto recuperado en 1995. Pero además es miembro de la comisión directiva de Abuelas e integrante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), un organismo creado en 1992 a instancias de esta asociación en el Ministerio de Justicia.

Con perfil bajo, la CONADI lleva adelante la pesquisa desde el primer dato hasta que se confirma el hallazgo de un nieto o nieta. Gonçalves está en ese equipo. Él nació en junio de 1976, tres meses después del golpe de Estado. Su padre había sido secuestrado meses antes y ese mismo año su madre fue asesinada. La mujer había ocultado a Manuel -de solo cinco meses- en un ropero cuando fue ejecutada. El niño estuvo hospitalizado tres meses con custodia policial y sin contacto con ningún familiar hasta que lo dieron en adopción. En 1997, tras el examen correspondiente, Manuel recuperó su identidad y conoció a abuelos y tíos de su familia biológica. Ahora lleva los apellidos de su padre y de su madre y trabaja en la búsqueda de otros como él.

«La particularidad de esta labor es que hay una conjunción entre un organismo no gubernamental como Abuelas y el Estado -explica Gonçalves a este periódico-. Los dos espacios se necesitan y están en constante colaboración porque el 80% de las personas que tienen dudas acude primero a Abuelas». De la investigación se ocupará luego la CONADI, con atribuciones para solicitar documentación a diversos organismos públicos o privados.

Las pesquisas

Para atraer a personas con dudas sobre su identidad, las Abuelas hacen campañas que han ido reorientando de acuerdo a la edad que se suponía iban teniendo los nietos. Al principio iban a hablar a las escuelas, luego difundían su búsqueda en recitales de rock, en teatros y otros festivales o eventos deportivos. Ahora buscan a personas adultas. «A España le prestamos especial atención, porque es un país al que emigran muchos argentinos y, en la crisis de 2001, muchos de los que pertenecen a mi generación se radicaron allá», dice Manuel. Por eso ahora utilizan las redes sociales, involucran a hermanos en la búsqueda y apuntan también a personas que atesoren información relevante mantenida oculta hasta la fecha. «Las denuncias de terceros pueden ser anónimas, pueden llegar por redes sociales. A mí me han dado papelitos en la calle con un mensaje escueto diciendo que 'tal persona no es hija de esos padres'. Si el dato secreto lo entrega un familiar, para nosotros es significativo. Juntamos eso con otras denuncias que tenemos y arrancan las pesquisas», explica.

Si el que se acerca es el propio nieto, el trabajo de localización es innecesario. Tras una investigación preliminar, el interesado se somete a una extracción de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) -otra institución creada a demanda de Abuelas-, donde su muestra se coteja con la de miles de familiares de desaparecidos que dejaron la suya allí. Si se establece un 99,9% de correspondencia con una familia, la misión está cumplida. Pero hay muchos casos de nietos o nietas tutelados por 'padres' que en verdad fueron apropiadores en los que el proceso es más intrincado. Ahí el dato que dispara la investigación llega por terceros y la CONADI debe averiguar cómo fue inscripto el nacimiento.

Cuando aparecen como nacidos en un domicilio particular -como fue el caso de la nieta 129-, las sospechas crecen. Si el registro señala que llegó al mundo en un hospital, se solicita el libro de partos de esas fechas para constatar si fue así o no. Luego se reclama el historial laboral de los padres, para verificar si la mujer pidió o no licencia por maternidad o si pertenecían a una fuerza de seguridad. «Todo eso nos ayuda a determinar si hay una posible apropiación», revela Manuel. Si se detectan irregularidades, el equipo procede a contactar con la persona en cuestión. «Como ya tienen en torno a 40 años, nos aproximamos y les mostramos las irregularidades que encontramos sobre su origen».

Cargar con la culpa

La reacción es variada, pero dentro de lo esperado. «Están los que se enojan, los que no lo pueden creer y también los que parecían estar esperándonos -precisa Gonçalvez-, solo que no se animaban». El equipo de aproximación los invita entonces a realizarse el análisis. Si están en una provincia del interior del país, la CONADI comisiona a uno de sus integrantes y a un técnico del BNDG para tomarles la muestra. Si están en el extranjero, el kit se manda por valija diplomática a la embajada o al consulado correspondiente y el examen se realiza frente al diplomático, que da fe del acto y envía la muestra de vuelta a Buenos Aires por el mismo conducto oficial.

Pero no siempre aceptan. Algunos necesitan más tiempo, otros no quieren. «A veces nos dicen 'me estoy por casar' o 'me tengo que operar', y entonces esperamos. Pero si no quieren saber nada o prefieren ser citados por un juez, entonces la CONADI traslada el caso a la Unidad Fiscal Especializada para que se inicie el trámite judicial oportuno. Es que siempre aparece el temor de cargar con la culpa de que su decisión tenga consecuencias sobre sus apropiadores», explica Manuel.

En estos casos se les aclara que la apropiación es un delito de lesa humanidad que no prescribe y por el que los apropiadores deberán responder tarde o temprano. Y, sobre todo, la CONADI les remarca que ellos son víctimas de ese delito porque, además de la apropiación, se violó su derecho a la identidad. Si acceden finalmente a realizarse el examen, el resultado demora entre quince días y tres meses. Luego, el banco le informa a la CONADI y este organismo contacta con la persona para darle cuenta del hallazgo. Sólo entonces se avisa a las Abuelas, que serán las encargadas de dar la buena nueva.

Si el nieto acepta estar presente en el anuncio, lo hace. Si no, se respeta su negativa, preservando su nombre y su lugar de residencia, como ocurrió con la nieta 129. Una vez ocurrió que, entre el inicio de la investigación y el momento del análisis, la persona buscada falleció. En esos supuestos derivan el expediente a la Fiscalía, que pide que se preserven los restos para una exhumación que permita a los familiares conocer, aunque sea tarde, el destino final de aquel niño o niña víctima de una crueldad que se perpetuó hasta el fin de sus días.