Esclavos de la gamba

El escándalo saltó hace ya un lustro, cuando medios de comunicación como 'The Guardian' y 'The New York Times' investigaron el boyante sector de la pesca tailandesa. Descubrieron que cientos, incluso miles, de hombres eran comprados y vendidos como esclavos para trabajar en la extracción y el pelado de marisco en condiciones deplorables. «Me tenían encadenado, no me daban nada de comer, y pensé que iba a morir. Nos vendían como animales», contó entonces al rotativo británico Vuthy, un monje camboyano que logró escapar.

Las historias que se publicaron provocaron una indignación global. A la luz salieron jornadas de 20 horas, torturas e incluso ejecuciones. Los pescadores podían pasar años sin pisar tierra firme, y se mantenían activos consumiendo las anfetaminas que los patrones de estos buques fantasma les ofrecían. Sus operaciones eran en muchas ocasiones ilegales, pero todo se blanqueaba cuando el producto era adquirido por grandes empresas como Charoen Pokphand, el principal productor de gambas del mundo, que luego proveía a grandes cadenas de supermercados de todo el planeta.

La agencia Associated Press tomó el relevo de la historia e investigó el asunto durante 18 meses. Sus informaciones le valieron el Premio Pulitzer al Mejor Servicio Público de 2016 y pusieron a Tailandia contra las cuerdas. Como consecuencia de toda esta presión, ese país se convirtió el pasado 30 de enero en el primer Estado asiático en firmar la Convención sobre el Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo, que entrará en vigor en enero del año que viene y que erradica el trabajo forzado de los pescadores. Al menos, sobre el papel.

Parece lógico pensar que ya se puede consumir marisco tailandés sin cargo de conciencia, pero diferentes ONG han demostrado que no. El año pasado, Human Rights Watch denunció que, a pesar de los esfuerzos que las autoridades están haciendo para acabar con la esclavitud, aún persiste. «Las reformas que se han puesto en marcha son meramente cosméticas», criticó el director de HRW en Asia, Brad Adams. «El trabajo forzado continúa siendo una realidad rutinaria. Los pescadores siguen siendo víctima del trafico, no pueden abandonar sus trabajos, sufren abusos físicos y falta de alimentos, y muchos no reciben ningún pago por jornadas larguísimas. Pero lo más difícil de sobrellevar es el daño psicológico y la falta de dignidad», añadió.

Desafortunadamente, aunque el foco se ha puesto en Tailandia, la situación no es mucho mejor en países vecinos. En Vietnam, por ejemplo, aunque el tráfico de personas no está tan extendido, sí que es habitual el endeudamiento de los pescadores, a los que sus patrones cobran sumas exorbitantes por los servicios que les ofrecen, desde el alojamiento en chabolas, hasta la comida. Eso obliga a los hombres a trabajar sin descanso. Pero es todo un espejismo, porque son incapaces de devolver el dinero a la velocidad a la que se genera la deuda.

Las autoridades del Sudeste asiático, conscientes de la amenaza que esta situación supone para el lucrativo negocio de la pesca, aseguran que ya han comenzado a tomar medidas. Pero buena muestra de su poca credibilidad es que el Gobierno de Bangkok no encontró ni un solo caso de trabajo esclavo en las inspecciones que hizo a más de 474.000 pescadores en 2015, año en el que la Unión Europea amenazó con prohibir todas las importaciones de marisco de Tailandia.

En cualquier caso, Bruselas decidió el pasado mes de enero retirar la 'tarjeta amarilla' con la que había advertido al reino asiático. «Tailandia ha remediado los defectos de sus normativas y de las políticas administrativas en el sector de la pesca», justificó la Comisión Europea en un comunicado en el que también aplaudió las medidas de Bangkok para evitar la esclavitud en el sector.

«La pesca ilegal y no regulada no solo daña los recursos marinos, también la vida de quienes los explotan, que suelen ser vulnerables a la pobreza. Por eso, luchar contra la pesca ilegal es una prioridad de la UE», afirmó el comisario europeo para el Medio Ambiente, Karmenu Vella. Los activistas, no obstante, han respondido indignados. «Es una decisión que da a los consumidores la falsa sensación de que ya no se dan abusos», criticó el responsable de Pesca de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, Johnny Hansen. Sin duda, detrás de una gamba puede haber historias muy sórdidas.