Educación propone que la EBAU mantenga su formato más fácil

La cartera dirigida por Pilar Alegría quiere conocer las alegaciones y opiniones de los diferentes responsables autonómicos y del Consejo Escolar del Estado, donde está representada la comunidad educativa y las patronales de la concertada, antes de tratar de llegar a un acuerdo en la próxima Conferencia Sectorial y de aprobar en enero las correspondientes órdenes ministeriales que fijarán el marco nacional en el que debe organizar estos exámenes cada comunidad y sus universidades.

La idea de Alegría es mantener la fórmula de selectividad flexible -que permite al alumno elegir las preguntas que mejor se sabe al darle el doble de opciones de temas a desarrollar- tanto para el próximo junio como para el que empieza en 2022. Al final del curso 2023-24, según establece la nueva ley educativa, la Lomloe, tendrá que realizarse una prueba de acceso a la universidad de nuevo cuño, en cuyo diseño ya trabajan grupos del ministerio de Educación y de Universidades y representantes de la Conferencia de Rectores (CRUE).

Educación justifica la propuesta de prolongar durante dos años el formato excepcional de las pruebas porque considera que el presente curso, aunque menos que los anteriores, también está perjudicado en su desarrollo por los brotes y alteraciones de la docencia causadas por el coronavirus y porque en el siguiente, si la epidemia se logra minimizar, acudirán a la EBAU los estudiantes que al menos en su primer curso realizaron un Bachillerado en condiciones irregulares.

El borrador de orden no introduce cambio alguno en el formato de las pruebas desde las realizadas 2020, ni en el diseño ni en las modalidades de puntuación, y propone la horquilla de fechas habitual, la que, según la elección concreta de cada autonomía, celebra los exámenes entre primeros y mediados de junio y las pruebas de repesca, también según el criterio fijado por las consejerías, entre finales de junio y julio o en la primera quincena de septiembre. Hace dos cursos, excepcionalmente, fue preciso retrasar las pruebas casi un mes debido al confinamiento, la suspensión de la docencia y el altísimo nivel contagios de los tres primeros meses de la pandemia.

El criterio general con el que las universidades realizan desde 2020 la EBAU es que cada prueba debe permitir descartar sin costes académicos (que nada impida un 10) lo que no se ha dado en clase o lo que no se ha podido estudiar en condiciones óptimas. Para ello los exámenes deberán abordar la mayor parte de los bloques de contenido del temario (garantizar más áreas entre las que elegir) y todas las preguntas deberán ser opcionales. No habrá obligatorias.

Cada universidad tiene libertad para definir su variante, pero la fórmula general que el Gobierno propuso en su día es que cada prueba fusione los tradicionales examen A y examen B, entre los que suele poder optar el alumno, lo que duplica la oferta de preguntas y multiplica sus posibilidades de elección.

El documento base gubernamental incluía dos grandes ejemplos. El primero, para cuando todas las preguntas de las pruebas valen los mismos puntos. Si la suma de los exámenes A y B da diez cuestiones, se le pedirá que responsa bien a cinco para lograr el 10. Deberá decir a qué cinco va a contestar y no responder a ninguna otra.

El segundo caso es para modelos con preguntas o ejercicios de distinto valor. Si tanto A como B, por ejemplo, tienen cada uno cuatro cuestiones, dos de tres puntos y dos de dos, se harán dos bloques de cuatro ejercicios por cada uno de los valores. El alumno tendrá que elegir dos de las cuatro preguntas del bloque de tres puntos y otras dos de las cuatro del grupo de dos puntos.