Aprueban una ley disciplinaria para los campus que rechazan estudiantes y rectores

La nueva norma, que antes de entrar en vigor debe ser respaldada por el Senado, ha salido adelante con los votos de los partidos del Gobierno y de los nacionalistas de ERC y PNV y ha contado con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos. Hasta aquí lo habitual en el crispado clima político español, refractario a los consensos. Sin embargo, la novedad es que PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas han aprobado una ley con el rechazo expreso y público de los principales afectados, los universitarios y las universidades.

El proyecto de ley, que salió en septiembre del Consejo de Ministros con la bendición de los estudiantes y los rectores, pactado por el ministro Manuel Castells tras un año de negociaciones, ha puesto en pie de guerra durante su tramitación parlamentaria tanto a alumnos como universidades.

Los representantes de ambos colectivos, en un inusual comunicado conjunto, denuncian que el proyecto ha sufrido profundas alteraciones en el Congreso y que rompe el modelo consensuado en su punto más importante, en el que establecía que la mediación sería el método preferente y obligado para resolver conflictos en todos campus públicos del país y que la aplicación de sanciones sería algo residual.

Tanto la Conferencia de Rectores (CRUE) como la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (Creup) aseguran que ya no es su ley. Que el paquete de 20 enmiendas pactado entre los partidos del Gobierno y ERC (para que los independentistas retirasen su enmienda a la totalidad) elimina el mecanismo y el procedimiento de mediación a implantar en todas las universidades españolas y la obligación de su uso preferente, «convirtiendo la la convivencia universitaria en un mero procedimiento punitivo».

Como respuesta a lo que entienden como un atropello, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que reúne a todos los delegados de los alumnos, convocó el martes pasado, ante el propio Castells que lo presidía, un paro en todas las facultades y manifestaciones de protesta para este jueves.

Las enmiendas de ERC suprimen la mayor parte del modelo de mediación, la principal novedad de la ley, para dejar su diseño y desarrollo en manos de cada autonomía o de cada universidad. En el debate que hoy precedió a la aprobación, tanto PSOE como Unidas Podemos, ERC y PNV defendieron que la norma mantiene la prioridad de la mediación mientras el PP se hizo eco de la indignación de rectores y estudiantes y alabó las bondades del proyecto pactado con la comunidad universitaria. Sin embargo, los populares parecieron olvidar que el Gobierno tuvo que mirar hacia ERC, entre otras razones, porque su bancada votó contra el proyecto de ley original y pidió que el Congreso lo tirase a la papelera.

Lo que continúa en la ley es el régimen de sanciones para los hechos más graves y el castigo a aplicar de manera directa en cualquier caso a la violencia de género, el acoso o los fraudes académicos.

Los actos más reprobables constituyen faltas muy graves y estarán castigados con la expulsión de la universidad por tiempo de dos meses a tres años o con la anulación de parte de los derechos de matrícula. Recibirán las sanciones extremas los plagios en las tesis doctorales y trabajos de fin de grado o de máster, las novatadas dentro del campus que menoscaben la dignidad, la falsificación de actas, documentos o notas, la discriminación por razones de sexo, género, lugar de nacimiento o discapacidad, el acoso y la violencia sexuales, el acoso o la violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, y las suplantaciones de alumnos o profesores en exámenes.

También recibirán los máximos castigos académicos los actos que impidan la celebración de procesos electorales, y el incumplimiento grave de las normas sanitarias, como pueden ser los casos de profesores que se niegan a dar clase con mascarilla durante esta pandemia.

Las faltas graves serán sancionadas desde un día a un mes de expulsión o con la anulación de la inscripción por ese curso en la asignatura afectada. Entre las citadas expresamente están copiar de forma organizada o premeditada en un examen (chuletas, pinganillos, etc.), robar u obtener de manera fraudulenta el examen, acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la institución, la mutilación o sustracción de propiedades de la universidad que tengan catalogación de patrimonio cultural, o impedir la celebración de clases, conferencias y otras actividades universitarias, pero teniendo en cuenta los derechos de libertad de expresión, huelga o manifestación, lo que deja a salvo por exigencia de ERC escraches o piquetes.

Las faltas leves y graves, si así se acuerda, pueden ser sustituidas por actividades en favor de la comunidad. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves, a los dos, y las leves, a los seis meses. Los castigos pueden ir acompañados de multas que traten de restituir los daños o resarcir los perjuicios.