Acoso, novatadas y plagios se pagarán con la expulsión

El pleno del Senado, con el respaldo de los dos socios del Gobierno, la izquierda y los nacionalistas y el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos, dará luz verde definitiva a la ley de Convivencia Universitaria, una norma que apuesta por la mediación y el pacto como método preferente para resolver los conflictos en los campus, pero que también establece un régimen disciplinario que castiga con hasta tres años de expulsión el acoso sexual y la discriminación, así como las novatadas vejatorias y los plagios.

El aprobado oficial lo dará la Cámara Alta entre el martes y el jueves próximos, pero la futura ley quedó ya hoy cerrada y lista para entrar en vigor de inmediato, al día siguiente de su publicación. El dictamen que avalará el pleno vivió su último debate en la Comisión de Ciencia y Universidades del Senado, que lo aprobó sin incorporar ni una sola enmienda al texto bendecido por el Congreso, por lo que la norma irá derecha de la Plaza de la Marina Española al BOE.

Según sus disposiciones transitorias y finales, las universidades cuentan con un máximo de un año para adaptar sus códigos de convivencia al primer marco democrático y las novedades solo se podrán aplicar a los problemas disciplinarios que ya se instruyen en las escuelas y facultades si actúan en beneficio del investigado. La regulación afecta a alumnos, docentes, investigadores y personal de servicios. Es de aplicación directa en los campus públicos y de referencia para los centros privados.

Rectores y estudiantes, que tras meses de negociaciones pactaron con el Gobierno el proyecto de ley que llegó al Congreso, están desilusionados con PSOE y Unidas Podemos por romper el consenso con la comunidad universitaria para satisfacer las demandas de Esquerra, sin cuyos votos no podía sacar la ley adelante. Como resultado, la ley mantiene que la mediación tiene carácter obligatorio y preferente sobre las sanciones, pero se deja fuera los mecanismos y pautas comunes para todos los campus del país que incluía el proyecto inicial. Ahora será cada universidad la que diseñe sus propias herramientas y criterios de mediación.

La ley, que acaba con artículos con intenso olor a naftalina como el que fija graves sanciones por «manifestaciones contra la moral católica», pretende solucionar la mayor parte de los incidentes y conflictos de la vida universitaria con el diálogo. Incluye un detallado régimen de sanciones para los hechos más graves, pero quiere que sea de aplicación residual. Solo si el acuerdo no es posible. La excepción, donde nunca habrá mediación y los castigos se aplicarán de manera directa, serán los episodios de violencia de género, el acoso y los fraudes académicos.

El nuevo código recoge que los actos más reprobables constituyen faltas muy graves que se castigan con la expulsión de dos meses a tres años o con la anulación de parte de los derechos de matrícula. Reciben sanciones extremas los plagios en las tesis doctorales y trabajos de fin de grado o de máster, las novatadas dentro del campus que menoscaben la dignidad, la falsificación de actas o notas, la discriminación por razón de sexo, género, nacimiento o discapacidad, el acoso y la violencia sexuales, el acoso o la violencia grave contra cualquier universitario, y las suplantaciones de alumnos o profesores en exámenes.

También tendrán el máximo castigo los actos que impidan la celebración de procesos electorales y el incumplimiento grave de las normas sanitarias, como los profesores que se niegan a dar clase con mascarilla.

Las faltas graves serán sancionadas de un día a un mes de expulsión o con la anulación de la asignatura afectada. Copiar de forma organizada o premeditada en un examen (chuletas, pinganillos), robar u obtener de manera fraudulenta la prueba, acceder sin autorización a los sistemas informáticos o impedir la celebración de clases, conferencias y otras actividades universitarias siempre que no sea un ejercicio de las libertades de expresión, huelga o manifestación. Este matiz deja a salvo, por exigencia de ERC, los escraches y piquetes.

Las faltas leves y graves, si así se acuerda, pueden ser sustituidas por actividades en favor de la comunidad. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos; y las leves, a los seis meses. Los castigos pueden ir acompañados de multas que traten de restituir los daños o de resarcir a la víctima por los perjuicios.