El Congreso vota investigar los abusos sexuales en la Iglesia

Para evitar el «circo mediático» y preservar la intimidad de las víctimas, el texto encomienda al Defensor del Pueblo el liderazgo de los trabajos, en los que se intentará que se involucre la jerarquía eclesiástica.

Con esta iniciativa, España quiere seguir la estela de Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Bélgica y Australia, países que han indagado en las agresiones sexuales perpetradas por el clero.

Las posturas sobre el proyecto no suscitan consenso. Mientras el PSOE y el PNV quiere que sea la institución dirigida por Ángel Gabilondo la que lleve el peso de las pesquisas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu apuestan por una comisión de la verdad, con competencias para recabar documentación y obligar a testigos y personalidades a comparecer.

Según el socio minoritario del Gobierno, las facultades del Defensor del Pueblo, de la que dependerá el órgano investigador, impiden ejercer un papel fiscalizador, dado que carece de medios coercitivos. Por eso las fuerzas a la izquierda del PSOE quieren que exista una subcomisión parlamentaria que lleve a cabo la labor de esclarecer la verdad.

Las asociaciones de víctimas están divididas sobre el papel y naturaleza de la comisión. Infancia Robada, de la que es dirigente Juan Cuatrecasas, diputado socialista, apoya la investigación dirigida por Ángel Gabilongo, mientras que otras organizaciones como Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet, así como personalidades como Miquel Hurtado y el escritor Alejandro Palomas, son partidarios de una comisión de la verdad, al estilo de las constituidas en Francia y Australia.

La fuerza más hostil a la idea de alumbrar una comisión investigadora es Vox, que ve la iniciativa como un ataque a la Iglesia católica, y compara el proyecto con la ley de memoria histórica. El PP, que hasta ahora se había opuesto a la pretensión, se ha abierto a respaldar el formato del Defensor del Pueblo. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que esta vez los votos del PP no engrosarán el bloque del 'no', sino que irán a la abstención.

Se espera que los juristas que formen parte de esa comisión hagan recomendaciones de orden legislativo para evitar que se repita la situación.

A rebufo de los acontecimientos, la Conferencia Episcopal España ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría para esclarecer los hechos. Lo hace después de abrir oficinas de atención a las víctimas cuyos resultados han sido muy parcos. «Iremos hasta el fondo. Hasta que aflore toda la verdad», ha declarado el presidente del bufete, Javier Cremades. Los dirigentes del despacho aseguran que su labor se inspirará en el modero de investigación francés, que cifró en 216.000 el número de víctimas.