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Así es trabajar clasificando películas por edad en España: se cobra por cada visionado

Así es trabajar clasificando películas por edad en España: se cobra por cada visionado

Diez personas ajenas al cine son quienes califican los filmes. Cada mañana ven largos, cortos y tráilers en una sala oscura del Ministerio de Cultura. Cobran por cada visionado

FERNANDO MIÑANA

Lunes, 16 de septiembre 2019, 07:37

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Puede parecer el mejor oficio del mundo. Ver películas y que te paguen por ello. Ver películas hasta hartarse. El problema es que eso es lo que puede acabar pasando, que te hartes. «El día que te toca una obra maestra está muy bien, pero ese lunes a las nueve de la mañana que te toca ver una película iraní, pues igual no es lo que más te apetece», advierte Rosa Souto para atajar esa percepción apresurada. Souto es la jefa de calificación de nacionalidad del ICAA, que es el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, «un organismo autónomo pero dependiente del Ministerio de Cultura» que es el responsable de calificar las películas, los cortometrajes y los tráilers que llegan a España.

La Comisión de Calificación es, en realidad, heredera de la censura del franquismo. Aunque, claro, una evolución, una versión más libre y acorde a los tiempos que corren y que nada tiene ya que ver con aquellos 'tijeretazos'. «En aquella época los censores eran militares, periodistas, curas, críticos de cine... Los poderes fácticos. Y decidían lo que se tenía que cortar o cambiar», recuerda Manolo Llamas, ya jubilado, pero que trabajó en el ICAA durante cuarenta años, incluida la época en la que Pilar Miró fue la directora y convirtió este organismo en una institución autónoma.

Los responsables de etiquetar las películas las encasillan en seis grupos: cinco son libres de ser proyectadas en cualquier sala -aptas para todos los públicos, no recomendada para menores de 7 años, de 12, 16 y 18-, mientras que la sexta categoría, las películas X, fundamentalmente de contenido pornográfico, solo se puede comercializar en salas específicas, ya prácticamente inexistentes en toda España, y en una zona diferenciada de los videoclubs, tan anacrónicos ya como una cabina de teléfono.

Las películas para España las califica el ICAA, salvo en Cataluña, donde las etiquetan en el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). La Comisión de Calificación se dedica a ver material audiovisual los cinco días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Las películas se proyectan en las dos salas que hay en el sótano del edificio del Ministerio de Cultura. Una, la más grande, tiene capacidad para treinta espectadores. La otra, para veinte.

La comisión tiene una presidenta, que es la directora general Beatriz Navarro, una vicepresidenta, que es la subdirectora general de Fomento, y diez vocales. Además de una sección administrativa que se encarga de la parte burocrática del proceso que incluye, cuando la documentación ya se ha presentado correctamente, el programa diario sobre lo que se va a ver en la sala, que viene marcado por riguroso orden de llegada. Hay semanas más ligeras y otras atiborradas de material, como en vísperas de Navidad, cuando se multiplican los largometrajes, o de los Goya, cuando llega el mayor suministro de cortometrajes.

16 euros por largometraje

Los diez vocales son nombrados por la presidenta y son personal ajeno al ICAA y al ministerio. «Es gente de la calle», aclara Souto. Y se les selecciona con una pretensión: «Intentar que esas diez personas reflejen la pluralidad de la sociedad española. Pero nuestra principal labor es velar por la protección de la infancia». Por ese motivo se clasifican las películas. Aunque hay que matizar que su categoría final, salvo en el caso de las películas X, es una recomendación, no una prohibición como en los tiempos de la censura.

«Esas personas son elegidas, como marca un Real Decreto que desarrolla la Ley del Cine, y recibimos currículos de todos los ámbitos. Nos vamos organizando por temáticas», apunta Souto. Los diez vocales elegidos solo podrán estar un máximo de dos años en la comisión. Y, aunque no tienen una relación contractual con el ICAA ni con Cultura, cobran unas dietas por su trabajo. La tarifa actual recompensa con 16 euros por el visionado de un largometraje, cinco por un corto, tres por un 'teaser' (un avance de la película) y 36 por vídeos en sesiones de cuatro horas.

El vocal adquiere el compromiso de estar siempre que pueda, pero no tiene la obligación y puede ausentarse si tiene un compromiso. Pero los más constantes pueden llegar a sacarse un 'jornal' de mil euros mensuales. Aún así hay personas que se ofrecen a ver las películas gratis porque piensan, ellos sí, que es el mejor oficio del mundo, pero son rechazadas.

Los calificadores proceden de ámbitos bien diversos. «Los tenemos que llegan del periodismo, del máster en cinematografía, el Consejo Nacional de Discapacidad, profesores de universidad, jubilados, amas de casa, padres, hombres o mujeres sin hijos, mayores, jóvenes.... Solo se requiere que sea gente libre, plural y que emita su voto de manera justificada», explica Souto. El único requisito es que finalmente se cumpla el criterio de paridad, que haya cinco mujeres y cinco hombres. Su elección, finalmente, se formaliza publicándola en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de ese momento tendrán que ir cada día al ministerio, «a dos salas muy monas y muy cucas», para visionar el orden de calificación. Llegan, se sientan en una de esas sillas con pupitre para escribir, se apagan las luces y comienza la sesión... «Es exactamente igual que ir al cine, salvo que tienen una lucecita por si necesitan apuntar algo. Y, como ocurre en el cine, hay quien se ríe y hay quien aplaude al acabar la película. Lo único es que no pueden comer palomitas. Aunque, como pasan toda la mañana allí, tienen una máquina para sacarse unos 'snacks'. Al acabar rellenan las actas de calificación, un portfolio con preguntas sobre sexo, drogas, conductas delictivas, si hay escenas de crueldad... Cada acta es individual y la decisión final se acepta por cuórum. Si hay empate es necesaria una nueva deliberación. Y la directora general tiene la potestad de considerar que debe cambiar esa primera resolución, pero eso es algo excepcional».

El vocal ve las películas y cobra, pero también tiene sus obligaciones: asistir siempre que le sea posible, emitir una opinión independiente, no hacer comentarios , estar motivados y no divulgar la información a terceros. Vamos, que al salir de la sala no puede llamar a un amigo a comentarle de qué va la última peli de Tarantino. Si incumple su compromiso, se le puede despedir.

Diciembre suele ser un mes intenso y agosto, uno más relajado. Y luego hay picos marcados por otros motivos, como el anuncio de alguna película que tiene asegurado el éxito en la taquilla. «Cuando se va a estrenar alguna de 'Star Wars', entonces nos empiezan a llover los tráilers para que los pongan antes de ese largometraje».

La calificación no siempre es recibida con conformidad. Aunque la decisión no prohíbe que un niño o un adolescente vea determinada película, sí influye en la decisión de los padres de llevarlos o no. Y eso puede ser una merma en la taquilla. Por eso las distribuidoras y las productoras tienen la posibilidad de recurrir esa decisión. «El 90% no suscita ninguna reclamación», informa Souto, que recuerda la indignación de la distribuidora de 'Saw VI' cuando el largometraje recibió la calificación de película X -«la comisión consideró que hacía apología de la exhibición de la violencia», justifica- y solo pudo estrenarse en nueve salas de toda España. Porque la comisión califica para todos los públicos pero no todos los públicos están de acuerdo.

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