Bruselas expedienta a España por perjudicar a caseros extranjeros

De momento, Bruselas ha enviado una carta al Gobierno recordándole sus obligaciones. Le da un plazo de dos meses para adaptar las normas y, en caso contrario, dará paso a un mecanismo que puede terminar con sanciones económicas e incluso una denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE.

Además, Bruselas abrió otro expediente por el trato discriminatorio a ciudadanos de Noruega, Islandia y Liechtenstein por la fiscalidad sobre las plusvalías derivadas de la transferencia de acciones.

Asimismo, la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente todos los requisitos establecidos en la directiva sobre eficiencia energética, en concreto en relación con los contadores individuales de consumo en edificios de apartamentos.

Se trata del último paso de un procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario abrió en octubre de 2017 con el envío de una carta de emplazamiento. Bruselas envió a las autoridades españolas un dictamen motivado en marzo de 2018 en el que advertía de la posibilidad de que el caso acabara en la Justicia europea si no se adoptaban las medidas necesarias.

La normativa europea exige la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en todos los edificios de apartamentos y edificios polivalentes cuyos ocupantes reciban estos servicios de una instalación colectiva,como una caldera común,. Además, establece que este requisito es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a todos los edificios existentes.

La Comisión Europea ha denunciado a España porque la transposición de la directiva a la legislación nacional sólo impone este requisito a los edificios nuevos, es decir, aquellos construidos después de 2007.

Pero además, la directiva establece que deben utilizarse calorímetros instalados en cada radiador en aquellos edificios en los que los contadores de consumo. «Este requisito tampoco ha sido correctamente transpuesto por España», ha informado Bruselas en un comunicado, en el que ha recordado que las normas europeas debían incorporarse al marco legislativo nacional como muy tarde el 5 de junio de 2014.

Los requisitos de medición y facturación de la calefacción, la refrigeración y el agua caliente incluidos en la directiva sobre eficiencia energética de 2012 tienen el objetivo ofrecer a los consumidores incentivos para regular eficazmente su consumo de energía y la posibilidad de reducir su factura energética.

En general, esta normativa establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar al bloque comunitario a alcanzar su objetivo de eficiencia energética del 20% para 2030. La UE ha aprobado ya su meta para 2030, del 32,5%, aunque se trata de un porcentaje indicativo.

Asimismo, Bruselas ha abierto un expediente a España y otros ocho países de la UE por haber incumplido sus obligaciones de información sobre el estado medioambiental de sus aguas marinas, tal y como obliga la directiva marco sobre la estrategia marina, ha informado este jueves en un comunicado.

Además de a España, Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento a Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Lituania, Malta y Reino Unido. Es el primer paso de los procedimientos de infracción que el Ejecutivo comunitario abre a los países que incumplen o cumplen parcialmente con las normas europeas.

Estos nueve países disponen ahora de un plazo de dos meses para dar explicaciones a las autoridades comunitarias sobre el asunto, que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE si alguna de las capitales sigue incumpliendo las reglas.

Los Estados miembros se habían comprometido a revisar y actualizar, antes del 15 de octubre de 2018, su evaluación sobre el estado medioambiental de las aguas marinas, el impacto de las actividades humanas, la determinación del buen estado medioambiental de las mismas y sus objetivos medioambientales.

«Los países en cuestión no presentaron informes a la Comisión dentro del plazo establecido», ha lamentado la Comisión Europea.