Alcoholímetros instalados en los coches: si bebes, no arrancas

Un conductor sopla en el alcoholímetro conectado al sistema de encendido de su automóvil. :: r. c./
Un conductor sopla en el alcoholímetro conectado al sistema de encendido de su automóvil. :: r. c.

Francia se suma a la lista de países que abogan por instalar alcoholímetros en el transporte colectivo y en los coches de conductores sorprendidos ebrios al volante. En España seguimos debatiendo

INÉS GALLASTEGUI

La llave está en el aliento. Desde esta semana, Francia permite la instalación de dispositivos de bloqueo del encendido (IID, por sus siglas en inglés) en los vehículos de ciudadanos a los que se ha retirado el carné por conducir ebrios: si quieren ponerse al volante, tendrán que soplar en el alcoholímetro para probar que no han tomado ni gota, una medida para evitar la reincidencia de los automovilistas borrachos que ya se aplica en varios países europeos y que Estados Unidos y Canadá implantaron hace más de dos décadas. El país vecino fue uno de los pioneros en obligar a las compañías de transporte escolar a instalar estos aparatos en sus flotas. En España la posibilidad se debate desde hace más de diez años sin haberse plasmado aún en una regulación legal. «Es una medida de prevención y seguridad, como en su momento lo fueron el cinturón, el ABS, el airbag o el eCall», argumenta Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), partidario de que todos los vehículos lo traigan de fábrica.

El Ministerio de Interior galo anunció el martes una medida que ha sido probada durante el último año en siete departamentos del país. Hasta ahora, los franceses podían perder seis puntos del permiso si eran cazados bebidos al volante, y si agotaban sus doce puntos perdían la licencia durante medio año. Con la nueva normativa, los tribunales pueden ordenar que los conductores pillados por primera vez con un nivel de entre 0,8 y 1,8 gramos por litro de sangre (el equivalente a entre 0,4 y 0,9 miligramos por litro de aire espirado) sigan conduciendo a cambio de instalar en sus vehículos un etilómetro durante un periodo de seis meses ampliable a cinco años. Eso sí, a su propia costa: unos 1.300 euros si se compra el aparato y 100 al mes si se alquila.

El dispositivo obliga a soplar -y dar negativo- para arrancar el coche. Para sortear la picaresca, el IID vuelve a solicitar el test en cualquier momento entre los 5 y los 30 minutos de viaje, para evitar que el sujeto bajo vigilancia consuma alcohol o pida a otra persona que sople por él. No es ninguna tontería: en Suecia hubo que perfeccionar los primeros modelos que se comercializaron porque algunos camioneros habían entrenado a sus perros -abstemios, claro- para soplar en su lugar y burlar el control.

La Unión Europea recomendó en 2015 a los estados miembros que implantaran medidas más radicales contra el alcohol al volante, pero cada país tiene la última palabra. Ya hay nueve que dan a los infractores esta segunda oportunidad -además de Francia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bélgica, Holanda, Estonia y Letonia-, y cada vez más imponen estos aparatos a todos los conductores profesionales.

En España vamos despacio. Hace once años la Fiscalía pidió al Ejecutivo que regulase la instalación de alcoholímetros en los vehículos de bebedores reincidentes y el Congreso le ha instado dos veces -en 2008 y en 2018- a implantarlos en el transporte de pasajeros. Pero, más allá de escuchar a los sectores implicados, las sucesivas administraciones no han hecho nada. Fuentes de la Dirección General de Tráfico confirman a este periódico que esas medidas no se encuentran en el paquete de reformas en trámite, entre las que sí están la regulación de los patinetes eléctricos o la circulación urbana en las 'zonas 30'. Mientras el Gobierno deshoja la margarita, algunas compañías de transporte colectivo han decidido comprar sus nuevos autobuses con IID.

«Es una asignatura pendiente -afirma el presidente de AEA-. Nosotros proponemos que estos dispositivos de bloqueo de encendido se incorporen como elemento obligatorio en la fabricación de todos los vehículos nuevos. El Código Penal actúa a posteriori; eso no es prevención. Lo que se pretende es evitar el riesgo».

Mario Arnaldo matiza que, para ello, la medida debería ser adoptada por la Comisión Europea, ya que las especificaciones técnicas en la fabricación de vehículos están armonizadas en los 28, y no sería efectiva hasta que se renovara todo el parque automovilístico. Y ese debate no está en la agenda comunitaria. El sobrecoste de los coches es un problema; pero también en su momento hubo reacciones a la incorporación del airbag, que hoy es obligatorio, recuerda.

Para Jorge Castellanos, responsable de Movilidad y Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), la integración de los alcoholímetros de bloqueo en todos los vehículos tendría un coste inasumible, especialmente si detectasen también el consumo de drogas, un problema creciente en las carreteras. Admite que, en el caso de los conductores sancionados, la medida puede ser una buena alternativa a la retirada del carné. Pero algunas de estas personas tienen un problema de adicción que no se soluciona quitándoles el permiso una y otra vez: «Aparte de cursos para recuperar puntos, tendrían que recibir algún tipo de terapia». Castellanos sí respalda la idea para los chóferes de transporte de pasajeros y de mercancías peligrosas, «que tienen muchas vidas en sus manos». A su juicio, las campañas de concienciación han cumplido su función y las copas al volante cada vez reciben más rechazo social.

Quienes lo tienen clarísimo son las asociaciones de víctimas de siniestros. «Debería ser obligatorio en todos los vehículos. Lo llevamos reclamando desde el año 2000», sentencia Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes.

Borracho y sin seguro

Y lo corrobora Antonio Ángel Pertusa, representante de la ONG en Alicante, que perdió a su hija de 15 meses, atropellada en 2007 en Almoradí por un motorista bebido. V. C. C. circulaba sin seguro, en una Suzuki de 650 cc que no había pasado la ITV y a 89 km/h en una travesía con señales de 50. La tía de la mujer de Antonio cruzó la vía con el carrito sin atender las advertencias de su sobrina. El brutal impacto lanzó al bebé a varios metros de distancia. El motorista huyó y dos horas después se presentó en el hospital donde la niña se debatía entre la vida y la muerte. Dio 0,44 mg/l en la prueba de alcoholemia, pese al tiempo transcurrido. No le hicieron el 'narcotest', se queja el padre. El caso estuvo a punto de ser zanjado como una falta administrativa, pero la familia peleó sin descanso hasta lograr la condena: tres años de cárcel para el conductor borracho y dos para la imprudente mujer que empujaba la sillita. Él estuvo preso, pero ya está en la calle. Y nada podrá devolverles a estos padres a su pequeña Julia, que sobrevivió dos años en coma al accidente. Antonio Ángel Pertusa denuncia que sobra permisividad social con el alcohol y las drogas en la carretera y falta firmeza de las autoridades: «Lo que no se puede hacer es disponer de las medidas tecnológicas de prevención, no hacer nada y luego lamentarse de que estas cosas ocurran».