«Pedid que os den una pistola»

El doble asesinato se produjo en un coto habilitado en la localidad de Aspa, a unos veinte kilómetros al sur de Lleida capital, para la caza del tordo. Ismael Rodríguez Clemente, de 28 años y vecino del municipio barcelonés de Vacarisses, se había desplazado al lugar en compañía de tres amigos cazadores. El grupo se dispersó y dos agentes rurales que realizaban una patrulla rutinaria le pidieron la documentación. Rodríguez carecía de licencia para utilizar la escopeta que llevaba, una Benelli del calibre 12, así que probablemente los guardas le comunicaron que le iban a sancionar. Rodríguez levantó el arma y les disparó a bocajarro a la cabeza. Los dos fallecieron en el acto.

El autor de los disparos alertó al 112 de lo ocurrido por indicación de sus compañeros de batida. Cuando los Mossos llegaron al lugar le encontraron al lado de los cadáveres. En su declaración policial dijo que recordaba que los guardas le dieron los buenos días cuando se acercaron a él y le pidieron que descargara su escopeta. Aseguró que a partir de entonces no sabe lo que ocurrió. Rodríguez tenía licencia de tipo D para el uso de rifle, pero no la E que es obligatoria para utilizar la escopeta que llevaba. En el pasado sí se la llegó a sacar, pero al no renovarla había caducado. Las víctimas son Xavier Ribas, un vecino de Lleida de 43 años padre de un chaval de 10, y David Iglesias, residente de la cercana localidad de Alcoletge, de 39 años y padre de una niña de siete.

Pintadas amenazantes

El funeral por los dos agentes rurales asesinados congregó ayer a una multitud en la parroquia Sant Llorenç, de Lleida capital. Muchos de los asistentes eran compañeros. El doble asesinato ha causado conmoción entre los más de 6.000 guardas medioambientales que trabajan en España. Aunque se trata de un colectivo muy heterogéneo porque las competencias fueron traspasadas a las comunidades autónomas a finales de los ochenta, los agentes rurales comparten una serie de inquietudes básicas en lo que atañe a la seguridad. «Lo de Lleida es la culminación de una escalada de agresiones que viene de lejos», denuncia Gregorio Palomo, que forma parte de la directiva de la Aeafma. Los guardas llevan tiempo reivindicando ante las diferentes administraciones su derecho a portar armas. «Desempeñamos una tarea policial pero carecemos de permiso para llevar armas, lo que nos coloca en una dramática situación de indefensión».

Aeafma ha dirigido infinidad de solicitudes al Ministerio del Interior para que los agentes rurales puedan portar pistolas. «Es una paradoja que los que precisamente tenemos la misión de vigilar al colectivo más armado del país, el de los cazadores, no podamos llevar armas». Y asegura que los guardas son objeto de un creciente número de agresiones. Hasta 2014, los ataques graves raramente pasaban de los cinco al año. A partir de ese año, sin embargo, las agresiones se han multiplicado por dos. «Han proliferado las amenazas de muerte, las pintadas y los daños a coches patrulla, nos sentimos acosados y reivindicamos nuestro derecho a tener herramientas de defensa como cualquier otro cuerpo policial», sostiene Palomo. Aunque en el pasado los agentes rurales llegaron a portar armas, en la actualidad no tienen permiso para llevarlas. La madre de uno de los asesinados el sábado está convencida de que su hijo estaría aún con vida si hubiese tenido una pistola. «Pedid que os las den», fue el mensaje que transmitió con los ojos inundados de lágrimas a los compañeros de su hijo.

El presunto asesino, mientras tanto, pasará hoy a disposición judicial. Su abogada aseguró a Efe que en ningún momento discutió con las víctimas cuando le pidieron la licencia de armas y que les disparó como «un acto reflejo». Ismael Rodríguez regentaba hasta hace un par de meses un bar en Terrasa con su mujer, pero el establecimiento cerró. Solía compaginar su trabajo en la hostelería con la conducción de camiones. No se le conocen antecedentes penales.