Los niños olvidados de China

En el pequeño pueblo de Tanda, situado a tres horas de viaje en coche del primer núcleo urbano con entidad como para llamarse ciudad, sólo hay niños y viejos. En las cuevas que habita la mayoría de las 200 familias rotas que viven en estas montañas de la provincia de Shanxi, apenas hay nadie con una edad comprendida entre los 17 y los 50 años. «Todos los que han podido han marchado a la ciudad», comenta una anciana apellidada Gui que está al cargo de dos nietos. «Aquí la gente vive del campo, y la tierra cada vez produce menos. Para conseguir sobrevivir hay que encontrar trabajo en las minas o en las fábricas», sentencia.

Algunos de los habitantes de Tanda han viajado casi 2.000 kilómetros para coser pantalones vaqueros en la provincia oriental de Zhejiang, dar forma a zapatos en Jiangsu o ensamblar teléfonos móviles en la sureña Guangdong. «Mandan dinero cuando pueden, pero a los hijos no pueden llevárselos, así que cuidamos aquí de ellos», apostilla Gui, de unos 60 años. En el pueblo, la mayoría apenas logra ingresar 3.000 yuanes (400 euros) al año, por debajo incluso de la renta media de los agricultores chinos. Por eso, todo lo que llegue de las ciudades es bienvenido.

Es la razón que explica por qué la mayor migración de la historia se está llevando a cabo en la China que protagoniza también el mayor milagro económico del mundo. 247 millones de personas han dejado las zonas rurales para establecerse sobre el asfalto en las últimas tres décadas. Pero el suyo es un viaje precario y desprovisto de derechos, así que las parejas que se encuentran en edad de trabajar se ven obligadas a dejar a su descendencia en su localidad de origen. «No tenemos 'hukou' en Shanghái», se lamenta un joven empleado en una gran obra de la capital económica de China.

Se refiere al certificado de residencia introducido en 1958 para controlar -y restringir de manera efectiva- el flujo migratorio entre el campo y la ciudad. Es un polémico sistema que, en la práctica, dificulta la vida fuera del lugar de origen, ya que restringe los beneficios sociales a los que se tiene derecho. Entre ellos se cuentan dos muy importantes: el acceso a la educación pública y el derecho a la sanidad subvencionada. «Así que nuestra hija se ha quedado con sus abuelos en Anhui», comenta el obrero, al que le acompaña su mujer, dependienta en una tienda de ropa.

Según el último censo, 61 millones de menores viven sin el cuidado de sus padres. Como sucede en Tanda, la mayoría reside con sus abuelos o con otros familiares, pero unos 360.000 niños viven solos o incluso cuidan de hermanos todavía más jóvenes que ellos. «Se trata de un asunto grave al que el Gobierno quiere dar una solución rápida. Porque se está lastrando el desarrollo intelectual, e incluso físico, de estos niños, que muchas veces no pueden acudir a la escuela o que, si lo hacen, no pueden prestar tanta atención a los estudios, y que suelen carecer de una alimentación adecuada por la falta de alguien que cocine con propiedad», explica a V el sociólogo de la Universidad de Fudan Xu Anqi.

Lógicamente, estos niños también están expuestos a muchos más peligros, que pueden incluso resultar mortales. En noviembre de 2012, por ejemplo, cinco menores dejados a su suerte murieron por inhalación de monóxido de carbono después de haber encendido una hoguera para calentarse. Y el año pasado otros cuatro niños, todos de la misma familia y con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, se suicidaron tomando pesticida en la paupérrima provincia de Guizhou. Son casos extremos, sí, pero reflejan un drama que puede convertirse en tragedia.

Wei Fang fue una de estas niñas olvidadas hace una década, cuando sus padres tuvieron que mudarse a Nanjing para trabajar en proyectos de construcción y ella se quedó al cuidado de su hermana menor. «Al principio estuvimos con nuestra abuela materna y luego con una tía, pero al final se desentendieron y, cuando yo tenía 14 años, me dejaron sola con mi hermana de 10», recuerda con una mueca de tristeza. «Afortunadamente, sólo fueron dos años. Pero fue duro combinar el colegio, las labores de la casa y los cuidados a mi hermana. No se lo deseo a nadie». De hecho, ella culpa a esta situación de sus malos resultados en la escuela, que a la postre le impidieron acceder a la universidad. «Al final ninguna ha ido. No nos podemos quejar de nuestra vida porque no nos falta dinero, pero podría haber sido mejor si hubiésemos tenido una formación más completa y nuestros padres no nos hubiesen abandonado».

Cambiar el 'hukou'

Cuando su madre escucha esa última palabra da un respingo. «Nunca os abandonamos. Tuvimos que dejaros en el pueblo por vuestro propio bien. Porque sin el 'hukou' no habríais podido ir a la escuela en Nanjing. No creas que fue una decisión sencilla. La culpa es del Gobierno y de sus leyes», sentencia, incapaz de contener las lágrimas. Afortunadamente para los Wei, entre ellos y sus hijas apenas había hora y media de viaje en coche. Para muchos otros niños, sin embargo, la distancia se cuenta en miles de kilómetros.

Este año el Gobierno ha decidido redefinir el concepto conocido como 'niños que han quedado atrás'. Según la nueva acepción, que rebaja de 18 a 16 años la edad de quienes entran en esta categoría, en China hay únicamente nueve millones de niños viviendo solos o con padres que no pueden cuidar de ellos por algún tipo de discapacidad. Como reconoce el propio diario oficialista 'Global Times', supone un descenso de más de 50 millones frente a la cifra previa, que los analistas continúan considerando más fiable porque a los 18 años es cuando se fija la mayoría de edad en China. «Como todo, las estadísticas se pueden malear -reconoce Xu-. Pero parece obvio que se deben reformar los sistemas de residencia».

No en vano, los máximos órganos legislativos y ejecutivos del país han anunciado en varias ocasiones la modificación del 'hukou'. La mayoría de los dirigentes incluso va más allá y exige su derogación por completo. El diario oficial 'China Daily' ya lo hizo así hace ocho años, cuando avanzó que la medida se tomaría en un máximo de un lustro. En 2014 la Asamblea Nacional Popular aprobó la eliminación del sistema. Sin embargo, todavía se mantiene y las autoridades temen que retirarlo pueda provocar una avalancha migratoria sin precedentes para la que no están preparadas las ciudades.

Finalmente, el cambio será gradual y los pasos estarán determinados por cada provincia. El objetivo es que los 600 millones de campesinos disfruten de los mismos derechos que los 800 millones de urbanitas. «Es algo que vemos justo, pero nos da pena porque entonces se marcharán del pueblo hasta los niños. Sólo quedaremos los ancianos, a la espera de morir, porque no podemos adaptarnos a la ciudad», comenta, resignada, una abuela de Tanda. «El problema es que al final no va a haber manos suficientes para trabajar la tierra. Y en el asfalto no crecen las sandías», sentencia.

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