Volver a empezar

Finiquitado el Pacto de Toledo más voluntarista, su reedición a partir del 28 de abril debería comenzar considerando las advertencias de la AIReF

Pilar Garrido, nueva portavoz de Unidos Podemos /EFE
Pilar Garrido, nueva portavoz de Unidos Podemos / EFE

Los trabajos parlamentarios para consensuar un marco que procure la sostenibilidad del sistema de pensiones se desvanecieron ayer, comprometiendo la propia continuidad del Pacto de Toledo, cuando se anunciaba la inminencia de un acuerdo en la materia. Todos los grupos parlamentarios coincidieron en culpar a Podemos del fiasco al tratar de introducir exigencias cuya discusión impediría ofrecer un documento de conclusiones en esta misma legislatura. Pero la reacción del PP al plantear que el debate parlamentario sobre el futuro de las pensiones debía trasladarse a la próxima legislatura invitaba a pensar que las conclusiones anunciadas generaban alguna otra incomodidad en el seno de la Comisión del Pacto, más allá de que resulte lógico dejar en manos de los diputados electos el 28 de abril la tarea pendiente. Lo peor de la noticia es que las dudas y las incógnitas que subyacen a los trabajos desarrollados se quedan en segundo plano ante la recolocación en clave electoral de los partidos presentes en la comisión parlamentaria. Sus integrantes podían haber optado por consignar las conclusiones a las que habían llegado por unanimidad, con la adenda de un número creciente de votos particulares por parte de Podemos, a modo de acta final. Incluso podían haber resuelto la aprobación de un documento de coincidencias entre todos los partidos excepto Podemos, sin que adquiriera rango institucional. Hubiera bastado con que las formaciones concernidas rubricaran su contenido con fecha de finales de febrero o inicios de marzo de 2019. Siquiera para preservar la reflexión sobre el futuro de las pensiones como un ámbito a salvo de la confrontación partidaria más descarnada. Lo malo es que a partir de ayer, además de señalar con razón a Podemos como causante de esta enésima decepción de la legislatura, los partidos en liza electoral se ven libres de manejar a su antojo publicista el desafío fundamental al que se enfrenta la sociedad española y sus instituciones: hacer justicia entre las aspiraciones de los más jóvenes y los 'derechos adquiridos' por los mayores. Ni las perspectivas de crecimiento económico ni la disposición solidaria de la ciudadanía conforman una realidad infinita que permita manejar cotizaciones e impuestos a golpe de impulsos ideológicos. Finiquitado el Pacto de Toledo más voluntarista, su reedición a partir del 28 de abril debería comenzar con la toma en consideración de las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los riesgos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones y posibles medidas para encararlos.