¿A quién vacunar primero?

Cuando hablamos de distribución, hablamos de justicia, y de cómo repartimos aquello que consideramos valioso: en este caso la vacuna frente a la pandemia. Es previsible que la vacuna esté disponible en oleadas y que no pueda cubrir toda la demanda. Por tanto, es imprescindible organizar a la población en una fila para ir accediendo a la vacuna. Cuál debe ser el orden de vacunación, sobre qué criterios y quién lo decide son las tres cuestiones fundamentales que hay que dilucidar. La población ha sido organizada en 15 grupos, establecidos por los 'principios de igualdad y dignidad de los derechos de las personas, necesidad, equidad, protección a la discapacidad y al menor, beneficio social y solidaridad'. A grandes rasgos, los grupos responden a diferencias de edad, padecimiento de enfermedad crónica o discapacidad, desempeño laboral y situaciones diversas de vulnerabilidad ante la pandemia. Por el momento, sabemos que los primeros en vacunarse son residentes y personal de residencias sociosanitarias, junto con el resto de profesionales sanitarios y personas con un alto grado de dependencia no institucionalizadas.

Parecería que la elección de las personas institucionalizadas y con discapacidad daría respuesta a los grupos poblacionales en los que más muertes se han producido. Este criterio prioriza a quienes más riesgo tienen de morir si enferman, y concilia, por un lado, el trato equitativo hacia quienes se encuentran en situaciones desfavorecidas y, por otro, la maximización de los resultados, medidos como número de muertes evitadas. Anteponer esta estrategia a otras que podrían frenar la transmisión (como vacunar a los jóvenes), supone una priorización de la protección del bien individual de la vacuna sobre su capacidad de beneficiar al conjunto de la población y un reconocimiento implícito, no suficientemente argumentado, de que el proceso de vacunación va a ser largo.

Conceder prioridad a los profesionales sanitarios se argumenta desde varias perspectivas. Por un lado, reconocer su valor instrumental esencial frente a la pandemia, es decir, no sólo necesitamos profesionales sanos que asistan a las personas enfermas, sino que cuenten además con una inmunización que disminuya el riesgo de convertirse en vectores de la infección (contando con que la vacuna atenúe la contagiosidad). Y por otro, la reciprocidad, es decir, el reconocimiento de su esfuerzo y exposición al contagio en el desarrollo de su trabajo durante los peores momentos de la pandemia.

Estas dos prioridades propuestas por el Gobierno pueden justificarse éticamente si se consideran prioritarios los criterios de vulnerabilidad, por un lado, y de utilidad y reconocimiento social, por otro. Pero conocer este orden no es suficiente: resulta imprescindible que las razones que han conducido al establecimiento de estos 15 grupos sean públicas. Este contexto de gran incertidumbre no puede abordarse únicamente como una cuestión técnica o epistémica, sino también como una pregunta sobre preferencias y valores (lo que estamos dispuestos a aceptar como sociedad). Y para ello se necesita gobernanza ética, es decir, articular públicamente la transparencia y la participación, con la deliberación y defensa pública de los criterios de distribución seleccionados: una argumentación pública que dé cuenta del porqué de la elección de esos 15 grupos de población y del orden en el que se vayan a priorizar para acceder a la vacuna. Nos jugamos mucho si no se abren canales de participación para la población sobre estas decisiones que tanto nos afectan, porque es uno de los procedimientos que permiten mantener la confianza tanto en las instituciones como en la vacuna. De nada sirve definir criterios de reparto si la población, como parecen indicar los últimos barómetros del CIS, no confía en la vacuna. No se podrá distribuir con uno u otro criterio si no aumenta la confianza de la población.

La hija de Matt Damon en 'Contagio' queda relegada por el azar a vacunarse 144 días después del sorteo. Desconocemos si los grupos más grandes podrán cubrirse con la oferta de vacunas, por lo que la lotería puede ser un criterio adicional válido, igualitario e imparcial para ordenar esta fila de vacunación. Pero en la definición de los 15 grupos, la suerte debe quedar relegada en pos de una especial protección y consideración hacia quienes están llevándose la peor parte de esta pandemia, para ello precisamos una justificación ética pública y compartida que vaya más allá de que «la suerte nos acompañe».

*En representación del grupo ESPACyOS: Ética Salubrista Para la Acción, Cuidados y Observación Social