Soberanismo dividido

La posición de Torra se centró en la pertinaz amenaza de «lo volveremos a hacer», basada en el argumento de que el Estado pretende «criminalizar el independentismo». Cuando si algo ha quedado en claro en el juicio ante el Supremo ha sido que no se han penalizado las ideas sino sólo las actuaciones contrarias a la ley. Por lo demás, Torra ha insistido en la falacia de que España ha suscrito diversos pactos internacionales que defienden el derecho de autodeterminación, cuando es ya archisabido que la resolución de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960, que se considera el acta de nacimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos en situación de dependencia colonial, afirma en su artículo 6 que «todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Niega, pues, el llamado «derecho de secesión». Lo lógico sería que los soberanistas moderados, frente a una sólida legalidad constitucional cargada de legitimidad y no dispuesta a ceder, sustituyeran el «lo volveremos a hacer» por una predisposición a la reforma que mejore el statu quo político y económico de Cataluña en el generoso marco autonómico actual.