Semana negra

Boris Johnson llegó al Gobierno con la idea preconcebida de imponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre y evitando a toda costa pedir una nueva prórroga. Pero como sabía que era imposible una verdadera renegociación del pacto de salida diseñado por Theresa May, que había sido rechazado tres veces en el Parlamento, la única vía que le quedaba era promover la salida sin acuerdo. Pronto vio que ni sus propios correligionarios le secundaban e ideó la estratagema de disolver el Parlamento cinco semanas. Pero los diputados aprobaron la ley Benn que establece que el Gobierno tiene hasta el 19 de octubre para llegar a un acuerdo de salida con la UE y, si no lo consigue, está obligado a solicitar a Bruselas una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 para seguir negociando. Si Johnson no acata la ley, podría ir a prisión. Y no puede descartarse que este martes el Tribunal Supremo considere ilegal el cierre del Parlamento, lo que aún complicaría más la posición del premier. Es de esperar que la cordura de la mayoría consiga embridar el frenesí irracional de Johnson que produciría graves daños al Reino Unido y a la UE.