La sanidad pública, un derecho (II)

Según el barómetro sanitario de 2019, un 68'2 % de la población prefiere la sanidad pública a la privada en Atención Primaria, un 56% la prefiere a la hora de consultar con especialistas, un 67% para las hospitalizaciones y el 64'4% para las urgencias. Estos datos siguen confiriendo ventaja a la pública frente a la privada, aunque con respecto a balances anteriores disminuye la preferencia en la Atención Primaria ¿por qué? Pues por el descontento que se genera en los pacientes bien por la tardanza en disponer de cita para visita con el médico de familia, bien porque muchas veces se nos fuerza a una cita telefónica o porque los médicos titulares de las consultas ambulatorias sufren una ratio de centenares de familias a las que atender, y las visitas se reducen a un «vistazo» de 5 minutos.

Harta estoy de escuchar que la culpa es del sistema. No es así, el problema es la mala gestión. La bacteria más dañina para la salud de nuestro sistema público de salud es la privatización, por algo tan sencillo como porque el dinero que se invierte en financiar y/o pagar servicios privatizados a las empresas que los gestionan resultan más caros que dotar al sistema de los recursos humanos y materiales precisos para ofrecerlos con cargo al erario público. ¿Por qué?, fácil: la empresa privada, por mínimo que sea, busca un beneficio; la pública no.

Ya en 2020, los gastos derivados del pago de los servicios privatizados ascendieron a 33.800 millones de euros. Este pago cubre entre otras privatizaciones la de la financiación, es decir, la desgravación de los seguros médicos para las empresas o el copago; la gestión de dichos seguros, como en el caso de las mutualidades de los funcionarios; la de numerosos servicios o la de la gestión de los mismos. Todo lo que no se invierte en el propio sistema público redunda en su perjuicio y nuestra sanidad, casi sin que nos demos cuenta, está perdiendo la calidad que la presenta como ejemplar en Europa.

Los primeros en peligrar son los centros de Atención Primaria. La espera para obtener cita provoca que acudamos a ella para obtener una baja y para la renovación o la consecución de una receta. En Andalucía, el deterioro de la Atención Primara o las listas de espera para la visita corriente con el especialista son consecuencia de la gestión de la sanidad y su presupuesto por parte de la Comunidad. En 2021, mientras en Asturias con 1.931 euros o en Euskadi con 1.897 el gasto en sanidad por habitante superaba la media nacional (1.478), en Andalucía, este gasto fue de 1.372, solo por delante de Cataluña (1.246) y Madrid (1.170). Mirar hacia fuera siempre está bien, pero no debemos descuidar nuestro ombligo ¿no cree?