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Responder al desafío

Editorial ·

Las instituciones han de responder de inmediato a las situaciones que lo requieran en Cataluña sin mentar el 155 en vano

Martes, 1 de octubre 2019, 02:50

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El referéndum ilegal que el independentismo concibió para quebrar la unidad entre Cataluña y el resto de España al precio de dividir a los propios catalanes cumple hoy dos años, a la espera de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre las responsabilidades contraídas por sus promotores. Dos años después el independentismo sigue desnortado esforzándose en ocultar sus desavenencias internas, mientras trata de obtener algún rédito del descontento que una previsible condena de los acusados por los acontecimientos de octubre de 2017 genere entre los catalanes. La mayoría que sostiene al Gobierno de la Generalitat votó la pasada semana proposiciones no de ley que llamaban a la desobediencia institucional o a la libertad de los encarcelados por orden de la Audiencia Nacional, como si la sesión parlamentaria preludiara las reacciones que el independentismo anuncia ante la resolución del Supremo. Ayer dimitió el director de los Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, como si prefiriera quitarse de en medio ante la comprometida situación en que la seguridad pública puede encontrarse entre un Gobierno autonómico proclive a la desobediencia civil e institucional y un cuerpo policial obligado a hacer cumplir las leyes. Son los síntomas de la colisión que se avecina entre el independentismo y el no independentismo en Cataluña, y entre las instituciones de la Generalitat y las del Estado a cuenta nada menos que de una sentencia penal. Es de temer que la nueva marejada independentista fuerce las cuadernas de la legalidad institucional, dado que quienes gobiernan la Generalitat se están dejando llevar por una inercia que se adueña a cada paso de ellos mismos. Ni siquiera la tramitación de la moción de censura anunciada por Ciudadanos contra el presidente Quim Torra propiciará la contención momentánea de éste, sino todo lo contrario. Pero precisamente por eso es importante que tanto la muestra de reprobación parlamentaria que ello supone como toda actuación política que responda al desafío independentista, y toda decisión institucional que se adopte en tal sentido, se atengan en fondo y forma a las previsiones constitucionales. Resulta especialmente inconveniente mentar el 155 en vano como si el Tribunal Constitucional no se hubiese pronunciado al respecto acotando las condiciones de su aplicación. Es imprescindible, además, que las instituciones afectadas arbitren respuestas inmediatas a cada situación que así lo requiera, sin esperar a que se acumulen agravios a la convivencia o desafíos a la legalidad.

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