Reconstrucción del diálogo

El problema catalán ha sido afrontado de múltiples maneras. En 1931, el diálogo fue determinante. Durante los últimos años, sin embargo, primó el enfrentamiento. En 2005, gobernando Zapatero, Mariano Rajoy promovió mociones en parlamentos y ayuntamientos contra el proyecto del Estatut, y votó en contra de éste en el Parlament, y en el Congreso. En 2006, tras ser aprobado en referéndum, por el 72,9 %, presentó recurso ante el Tribunal Constitucional, que acabó modificándolo, en 2010. Aquí comienza el grave problema catalán de nuestro tiempo.

Es más, en plena crisis económica, 2012, y con un ambiente muy tenso en Cataluña, siendo ya presidente Rajoy, Arthur Mas le planteó la necesidad de modificar la política fiscal. Rajoy se negó a negociar. En esta situación convulsa, 1 de octubre de 2017, los catalanes son llamados a un referéndum ilegal de independencia, sin control de censos ni de votantes, con cargas muy duras contra la población civil.

Tras este simulacro, la declaración unilateral de independencia se produjo el 27 de octubre, suprimida 56 segundos después por Puigdemont. El Senado, con apoyo de los socialistas, aprobó el artículo 155. Durante todo este proceso, Urkullu, mediador en el conflicto, nunca logró que Puigdemont se entrevistase con Rajoy. Con esta actitud de oposición permanente al catalanismo, el independentismo se triplicó en los últimos diez años: en 2006 había un 14,9% de independentistas, y en 2016 eran el 41,6%. Ante esta experiencia, es lógico que el Gobierno actual quiera cambiar de actitud.

Para acometer los indultos, duramente criticados por la Fiscalía y el Tribunal Supremo, hay razones de equidad, basándose en el derecho comparado: la justicia alemana, suiza y belga, al ver excesivas las penas por sedición, no han extraditado a Puigdemont. Además, hay razones de utilidad pública. La única solución posible, cree el Gobierno, es continuar el diálogo, y esto no puede acometerse con los presos en la cárcel. Los que lo tildan de ilegal, porque no hay arrepentimiento, eso no es preceptivo; es más, no fue obstáculo para que el mismo TS lo acordase respecto a Tejero, que nunca renegó de sus ideas ni de sus actos.

Además, no parece descabellada la concesión de los indultos cuando Jordi Cuixart (OC), Elisenda Paluzie (ANC), y un amplio sector de la CUP y de Junts rechazan la medida. Prefieren la confrontación con el Estado para defender mejor sus bazas en Europa. Parece ser que el Gobierno dará indultos condicionados: se anularán si los presos vuelven a violar la ley, mantendrán la pena de inhabilitación y perdonarán solo los años de cárcel que les resta. Frente al temor de algunos, el Gobierno nunca permitirá ni el referéndum de autodeterminación, ni la independencia: lo impide la Constitución y los socialistas nunca lo aceptarían. Sería el fin de ese partido.