Un mal punto de partida

La propuesta sobre migración que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha remitido al Consejo y al Parlamento se limita a hacerse eco de las distintas posiciones que cohabitan en la Unión para acomodar a los Gobiernos. Cada uno de los veintisiete podrá elegir entre la acogida de los migrantes en su territorio, el patrocinio de su retorno a lugares seguros y, en última instancia, la contribución financiera a su recolocación en otros países de la UE. La propuesta desecha la reubicación obligatoria de las personas que arriban a las fronteras de la Unión, atendiendo al rechazo que ello suscita por parte de Austria, Hungría, Bulgaria, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. El galimatías ideado por la Comisión podría ser considerado simplemente pragmático si resultase fácil de aplicar y, sobre todo, si no eludiera la fijación de principios humanitarios comunes a todos los europeos en línea con el Pacto Migratorio de la ONU. Pero en tanto que prescinde de atender de manera compartida a la corriente migratoria que llega a nuestras latitudes, con personas y hasta familias enteras que en muchos casos tienen la intención de arraigar en uno u otro país, la pretensión de ordenar una solidaridad a medida de cada uno de los veintisiete no solo hará recaer el esfuerzo en los países fronterizos –como es España– y en los de especial preferencia para los migrantes –como puede ser Alemania– sino que dará lugar a nuevas resistencias por parte de quienes se venían negando a su distribución por cuotas. La flexibilidad en los compromisos que ofrece la Comisión resultaría válida y hasta podría ser más eficiente si partiera de una mayor cohesión europea respecto al fenómeno de la migración. Pero es de temer que contribuya a alentar aquellas posiciones que perciben la llegada de migrantes solo como un peligro para la estabilidad y el bienestar de las poblaciones de acogida. Los Gobiernos más celosos con el mantenimiento de sus fronteras bien podrían acabar negándose a asumir cualquiera de las otras modalidades que les brinda la propuesta de la Comisión. Las «respuestas de solidaridad adaptadas a escenarios específicos» quedarían igualmente a expensas de lo que los más renuentes estén dispuestos a hacer. Hasta el tratamiento individualizado de los casos correría el riesgo de convertirse en una vía propicia a la arbitrariedad. El problema es que, fijado en esos términos el punto de partida, resultará difícil que el Parlamento y el Consejo mejoren la propuesta de la Comisión.