El presupuesto debería ser, y digo debería, la ley más importante y ambiciosa que define la seña de identidad de cualquier Gobierno, ya sea nacional, ... autonómico o local. A través de los números y las diferentes partidas presupuestarias destinadas al gasto social, podemos observar las prioridades de cada una de las siglas que hay detrás de los partidos que los defienden.
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La crisis sanitaria, social y económica en la que nos encontramos ha provocado en nuestros gobernantes, independientemente de su ideología, la necesidad de tener que bautizar a sus presupuestos como «los más sociales de la historia democrática» para hacer frente a esta crisis que tanto daño ha causado a nivel mundial.
Nos pretenden vender como novedoso el discurso de la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la lucha contra las desigualdades y eso de que no quieren que nadie se quede fuera del sistema. Definiendo por tanto los presupuestos como los más sociales de la democracia.
Recuerden como en 2018, el emblema de los Presupuestos Generales del Estado que nos presentó Mariano Rajoy era el de los presupuestos más sociales de la historia, definición que también han utilizado gobiernos socialistas tanto a nivel nacional, autonómico o local. Parece como si se hubiesen puesto de acuerdo en introducir el término más social en sus discursos. Todos lo hemos podido escuchar tanto en el Congreso, como en el Parlamento de Andalucía, como en los plenos de las entidades locales.
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En definitiva, parece ser que hay buenas intenciones en destinar al gasto social una inversión que mejore el debilitado estado de bienestar de nuestro país. Lo deseable sería no construir discursos vacíos y sobre falsos cimientos para evitar, como diría Thomas Hobbes, que cuanto mayor construyan mayor sea la ruina de esas políticas sociales que protegen a quienes más lo necesitan.
Primar las políticas sociales debe de ser un compromiso y una prioridad, en definitiva una cuestión de decencia y responsabilidad política, que vaya mucho más allá del apretón de manos y la foto de portada mostrando sonrisas y abrazos, que no se traducen en políticas sociales que garanticen una sociedad en la que nadie se sienta excluido y donde todos disfrutemos de bienestar.
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Los programas electorales deberían considerar a los compromisos reflejados en ellos, como un contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Con nuestros votos 'compramos' sus propuestas y es de esperar que los políticos, aquellos a los que elegimos como nuestros representantes, cumplan lo pactado y en caso contrario poder emprender acciones legales por incumplimiento de contrato. Claro, que esto no podría hacerse por que ya se han encargado de definirlo como una grave politización de la justicia.
Por ello, cuando en campaña electoral se habla de primar las políticas sociales o de la elaboración de los presupuestos más sociales de la historia, tenemos que analizar la distancia entre el papel mojado y la realidad social. Recuerden los discursos demoledores contra las eléctricas que manifestaban los representantes de Unidas Podemos, llegando incluso a plantear la nacionalización del sector eléctrico, y como ahora permiten la subida de al menos el 27% del recibo de la luz en pleno temporal Filomena.
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Cuando vemos a familias vulnerables y a personas mayores arropándose con mantas para evitar el frío o evitar el incremento del recibo de la luz, sin mencionar ya los apagones constantes de la zona norte de Granada, y por otra parte ves como esos políticos que hablan de priorizar las políticas sociales se sientan en los consejos de administración de esas empresas, a través de las llamadas puertas giratorias, lo único que nos causa es dolor e indignación a los que creemos que primando las políticas sociales se puede construir una realidad distinta.
Decía anteriormente que Mariano Rajoy llegó a definir sus presupuestos de 2018 como los más sociales de la historia, y luego fue su gobierno el que metió el mayor tijeretazo al Estado de Bienestar. Ahora, la coalición progresista de PSOE y Unidas Podemos, nos ofrecen un programa donde sus prioridades son revalorizar las pensiones, pero nuestros pensionistas no tienen pensiones dignas, la subida del salario mínimo, pero las unidades de convivencia que componen los hogares, no pueden cubrir las necesidades de todos sus miembros, con tan solo 950 euros mensuales, medidas para frenar el mercado eléctrico y el abaratamiento de los precios, que a fecha de hoy está siendo que no, y un Ingreso Mínimo Vital, que significa un pequeño paso adelante, pero muy lento en su gestión y cuya regulación resulta excluyente para mucha población vulnerable con requisitos carentes de justificación.
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Primar las políticas sociales, y vender los presupuestos como los más sociales de todos debe ser más que una promesa, un acto de lealtad y de dignidad personal y política por parte de quien quiere posicionarse al lado de los ciudadanos para trabajar por un proyecto de ciudad donde todos tengan cabida. Quiero terminar recordando al profesor Tierno Galván, que en una ocasión al analizar el problema de la corrupción destacó que las instituciones a las que representan, y yo añado, y a través de las cuales se presentan a unas elecciones con sus respectivos programas electorales, deben estar por encima de las personas y apostilló que «los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal».
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