Un país de gritones

En 1980 se aprobó la primera ley de educación y en 2020 la última. De la una a la otra han transcurrido justamente 40 años y en ese periodo de tiempo hemos disfrutado o padecido 7 leyes de educación diferentes y la de la ministra Celaá será la octava. Ocho leyes para regular un sistema educativo que, a juzgar por los indicadores europeos, no nos han llevado a la cabeza de los países con mejor formación académica. Total que nos sale a ley por cada cinco años. Demasiadas según mi parecer que deberían sacar las vergüenzas de nuestros políticos, los de antes y los de ahora, incapaces de consensuar unos planes de estudio para, digamos, veinte años. Porque en el fondo, lo que unos y otros han pretendido siempre es lo mismo de lo que se quejan los que salen a la calle para protestar por el nuevo texto normativo: imponer sus criterios. Unos y otros, o sea, todos. Lo peor de todo, y eso lo demuestra que en una semana ya no se hable de la ley, es que los que salen a la calle a protestar no han leído a fondo la ley y se han quedado en el adocenamiento colectivo de las masas. Yo no me la he leído a fondo y de lo que he visto tampoco me parece mal. Son cuatro los puntos que han movilizado a medio país contra esta ley. Por un lado lo caída de 'vehicular' que acompañaba a la lengua. De esto se ha intentado hacer bandera contra algunas comunidades autónomas en las que desde hace muchísimos años se imparte docencia en sus lenguas propias. Es decir, que ikastolas en el País Vasco y Navarra han existido desde hace muchísimos años. Y en Cataluña se ha impartido docencia en catalán también desde hace muchísimos años. Ahora bien si de lo que se trata es de confrontar territorios el mejor camino sería prohibir en público las lenguas de ciertas comunidades como hizo Franco. El esperpento llega al punto de que eso de 'vehicular' se lo inventó el ministro de Educación del PP, José Ignacio Wert, en su ley de 2013. Es decir, hace siete años; hasta entonces no era 'vehicular'.

Lo de la enseñanza concertada es volver al debate de lo público o lo privado. Existe la sanidad pública y la privada. El estado nos garantiza a todos la sanidad universal, pero muchos no la quieren y recurren a la privada como una opción más. Pues lo mismo debería ocurrir con la educación. Aquellos que quieran una educación privada que defienda y satisfaga sus valores tienen la opción de acudir a ella. Ahora bien, no me parece lógico que el estado tenga que pagarla. El estado debe garantizar la escolarización de todos los españoles, es decir, la educación universal y debe invertir en mejorar las infraestructuras educativas. Es decir, debe construir nuevos colegios y mejorar los existentes. Terminar con esas aulas prefabricadas que hay en muchos centros o climatizar las aulas y dotar de material educativo. Esa es su competencia. Si otros quieren educación privada con sus clases de Religión y con un profesorado sin oposiciones, por supuesto, están en su derecho. Porque, además y este es un asunto recurrente, la asignatura de religión católica no debe ser una asignatura obligatoria en un país laico por definición constitucional. Como tampoco debe existir la segregación por sexos. Si queremos avanzar como país, hagámoslo de acuerdo al siglo en el que nos movemos.

En cuanto a la educación especial se puede hacer toda la demagogia que se quiera, así como difundir todas las mentiras que se desee, pero lo que es cierto es que la ley no termina con los centros de educación especial. Los centros 'normales' no se van a llenar de personas con deficiencias agudas. Ahora bien, lo justo es que aquellos alumnos con diferentes diversidades puedan integrarse perfectamente en colegios considerados 'normales'.

En definitiva, que la polémica está servida, pero no dramaticemos porque el siguiente Gobierno hará su ley y media España volverá a gritar. Porque este es un país de gritones y eso no lo va a cambiar una simple ley.