Sentencias manipulativas

Hace un par de semanas, Conde Pumpido (el presidente del mal llamado Tribunal Constitucional –mal denominado porque no es un tribunal, ni juzgado, ni pertenece al Poder Judicial–) dio una ponencia durante unas jornadas jurídicas. Durante algo más de una hora, don Cándido explicó el criterio por el que, para él, había de decidirse la inconstitucionalidad de una norma o ley. Al acabar, un catedrático de Derecho Procesal le espetó que, a eso que había expuesto con pompa y circunstancia, la Doctrina constitucional italiana ya lo calificó hace muchos años como «dictar sentencias manipulativas». Don Cándido se hizo el indignado y se defendió con mínimo entusiasmo. El caso es que, bajo ese engendro de «sentencia manipulativa», el órgano que preside dictará en breve la resolución por la que dará patente constitucional a la famosa Ley de Amnistía para los encausados por la sedición perpetrada en Cataluña durante el año 2017.

Bien podría decirse que con esa ley de amnistía empezó todo. La ley con la que Pedro Sánchez compró la presidencia del Gobierno de España, cuando en 2024 perdió las elecciones. Políticos retorciendo la Constitución para aferrarse al poder, políticos anulando los delitos cometidos por otros políticos, a cambio de precio. A cambio del poder. En otro tiempo, cuando el analfabetismo de la ciudadanía no resultaba tan grosero y la honestidad trascendía de las siglas de los partidos, habría sido suficiente para paralizar el país y exigir elecciones. Pero ese tiempo terminó hace más de veinte años, cuando el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid se llevó por delante lo poco que quedaba de decencia democrática y una espiral de relatos mercenarios enturbió la sociedad sin remedio.

Un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra esa ley de amnistía ha logrado «paralizar» hasta ahora sus efectos jurídicos, pero no los políticos. De tal suerte que, los personajes beneficiarios de esa ley no verán retribuido su apoyo al PSOE de Pedro Sánchez hasta que se resuelva el recurso interpuesto, pero ellos saben que cobrárselo es mera cuestión de tiempo. El plazo necesario para que Conde Pumpido, enfundado en su polvorienta toga –hogaño por el polvo del camino catalán, antaño del camino terrorista vasco–, respaldado por los demás miembros del Tribunal Constitucional, oportunamente captados por el mismo Pedro Sánchez que lo encumbró a él, determine que la ley resulta perfectamente constitucional, según su parcial y cómplice interpretación.

Pero toda indolencia alcanza un límite y más pronto que tarde este Gobierno cederá bajo el peso de sus relatos, sus corrupciones, sus escándalos y sus latrocinios, los que ya investigan jueces y tribunales y los que aún no son más que portadas de periódicos, grabaciones de audio y secretos a voces. Cuando ese momento llegue, si no ha llegado ya, habrá que preguntarse por el futuro inmediato, por el nuevo Gobierno y por la calidad del sistema que nos rige. No debería ser suficiente con que un líder de oposición, sea el que sea, enarbole la banderola de la indignación y nos pida que le sigamos. No debería bastarnos con alardes de honradez en discursos bien entonados. Llegado el momento de acabar con este despropósito, deberemos exigirle a quien quiera hacerse cargo de la gobernanza, que dé cuenta y razón de los medios de que dispone, de los objetivos concretos que se comprometa a alcanzar, del currículum de aquellos a los que favorecerá con cargos de responsabilidad y, sobre todo, de la calidad moral de todos ellos.

Si el que pretenda la Jefatura del Gobierno, no está dispuesto a reformar las leyes para devolver al Poder Judicial su auténtica independencia, no está dispuesto a terminar con la atribución de escaños en el Congreso a minorías que llevan un siglo viviendo a costa de la secesión imposible, no está capacitado para elaborar unos Presupuestos del Estado capaces de rebajar una presión fiscal confiscatoria, no está en condiciones de acabar con las listas electorales cerradas, no está preparado para diseñar y ejecutar una política económica que nos permita progresar sin necesidad de una deuda pública insostenible, no está convencido de que los políticos han de ser enjuiciados por los mismos jueces que juzgan al resto de los ciudadanos, no está en condiciones de devolver el nivel educativo a cotas mínimas de dignidad intelectual, no alcanza a entender que las promesas electorales han de ser exigibles bajo pena de destitución, no está convencido de que mentir a los electores es causa de cese inmediato, no está seguro de poder gobernar con la honorabilidad suprema que han de mostrar quienes representan a su país, no está decidido a dejar de utilizar la Jefatura del Gobierno como maquinaria de favores, no comprende que el Estado debe dejar de ser la empresa gratuita de gentes sin oficio, no acepta que la libertad y el patrimonio de los ciudadanos no pueden violentarse por intereses espurios disfrazados de principios ideológicos o morales, no admite que la sanidad no es moneda de cambio ni de estrategia política y no está dispuesto, en fin, a aceptar que la democracia que nos atribuimos exige una reparación profunda de sus instituciones fundamentales, en tal caso, mejor que renuncie ya y nos ahorre el cansancio de soportar más miserias. Porque no caben más delitos, más escándalos, más ofensas, más manipulaciones, más corrupciones.

Si como país nos queda un resto de orgullo y dignidad, tenemos que acabar con todo eso y con todo eso sólo acabaremos a costa de esfuerzo y honestidad.