Margen para la convergencia

La sostenibilidad del sistema de Seguridad Social es capital y cualquier reforma puede impactar en el mercado laboral

FRANCISCO JOSÉ CARRAMOLINODirector en el área de outsourcing&compliance de Kpmg Abogados

Actualmente la principal fuente de financiación de nuestro sistema de Seguridad Social son las contribuciones sociales. Este mecanismo permite recaudar un importe aproximado de 10.000 millones de euros mensuales, y nos ha permitido conformar un fondo de reserva que contaba en 2011 con 67.000 millones de euros, pero que durante la crisis económica se ha reducido en más de un 80%, hasta los actuales 5.000 millones. No cabe duda que nos encontramos en un momento de replanteamiento de los mecanismos de recaudación al sistema de Seguridad Social y por ello resulta de interés revisar también indicadores de contribución de nuestros colegas europeos.

Debe tenerse en cuenta como premisa inicial que no hay una comparación exacta entre los distintos sistemas y modelos de seguridad social en Europa, en la medida en que hay que situar cada sistema en su contexto económico, político, social y cultural. Asimismo, los grados de cobertura de contingencias no son iguales en todos los países, y tampoco hay una homogeneidad respecto a los conceptos de cotización en cada uno de ellos. Adicionalmente, los aspectos de contribución social también guardan relación con la gestión fiscal de otros impuestos y con las propias fuentes de financiación del gasto público en cada Estado. No obstante, aunque sea a grandes rasgos, la comparativa entre los tipos y topes de cotización en cada Estado nos puede ayudar a ver la tendencia de cambios que se pueden producir en nuestro modelo en el futuro.

En términos generales, la práctica totalidad de los mecanismos europeos establecen contribuciones tanto a cargo del trabajador como a cargo del empresario. Asimismo, podríamos diferenciar aquellos modelos que establecen un tope máximo de cotización (entre los que se encuentra España, Austria, Holanda, Alemania, Luxemburgo, y Polonia, entre otros) de aquellos para los que no existe tal límite (como en el caso de Francia, Suecia, Italia, Portugal o Irlanda, entre otros), vinculándose la contribución a la totalidad de las retribuciones.

En lo que respecta a los tipos de cotización, se observa que los mismos se han mantenido estables en el tiempo en los distintos Estados, o sufren pequeñas modificaciones, a excepción del caso de Rumanía y Lituania que han modificado su modelo trasladando una gran parte de la contribución empresarial hacia el empleado. Esta tendencia de estabilidad también se manifiesta en España, que ha mantenido fijos los tipos de cotización en los últimos años, actualizándose exclusivamente los tipos de IT (incapacidad laboral) e IMS (incapacidad permanente, muerte y supervivencia) entre los ejercicios 2007 y 2019 para adecuarlos a los riesgos profesionales en función de la actividad económica de la empresa (CNAE).

Considerando los tipos agregados (empleado y empresario) España se encuentra a mitad de tabla, con unos tipos un poco superiores a la media del entorno europeo. Así estamos por debajo de los tipos aplicables en países como Francia que lidera con mucho el ránking, o de Países Bajos, Alemania, Grecia, República Checa o Austria, que, al igual que en nuestro país, también establecen topes máximos de cotización, pero por encima de los tipos aplicables en países como, Portugal, Letonia, Polonia, Bulgaria, Finlandia o Irlanda… Sin embargo, el tipo de cotización a cargo del empleado de nuestro modelo está por debajo de la media europea. Entre los que están por debajo nuestro nos encontramos a países como Suiza, Irlanda o Estonia, pero en todos ellos o bien no existe tope máximo de cotización, o bien el límite es muy elevado. Por su parte, la contribución exclusivamente a cargo de la empresa está por encima de la media. En este caso es interesante señalar que España es el tercer país con mayor diferencia entre el tipo de contribución empresarial respecto al tipo de contribución del empleado.

En lo que respecta al tope máximo de base de cotización, España se encuentra por debajo de la media europea. No obstante, en la evolución histórica del incremento de este tope en España se observa una tendencia a incrementarlo por encima del IPC. En el último ejercicio ha tenido un incremento del 7% y una media de incremento en los últimos 8 años del 3%. De mantenerse esta tendencia en el futuro, es presumible que se vaya produciendo una convergencia hacia la media del tope máximo del resto de países.

En términos generales, se puede decir que los tipos de contribución social en España se encuentran en la media de los aplicados por el resto de nuestros colegas europeos, si bien los tipos a cargo del empleado y el tope máximo de cotización están por debajo de la media en Europa. No cabe duda de que la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, que creemos está asegurada, es capital y que cualquier reforma sobre el capítulo de ingresos es tremendamente compleja en la medida que pudiera impactar en el mercado de trabajo y desincentivar la creación de empleo, pero se antoja insuficiente un enfoque sólo dirigido al capítulo de gastos.

Muchas son las medidas que pueden ayudar al incremento de los ingresos, tales como la supresión de bonificaciones y reducciones, reformas en sistemas especiales como el de formación y aprendizaje (en el que se encuentran las personas en programas de formación que realizan prácticas no laborales en empresas), el incremento de las bases mínimas por encima del incremento del salario mínimo interprofesional, o la incorporación de nuevas figuras impositivas orientadas a mejorar la financiación del sistema, pero, entre todas ellas, si nos fijamos exclusivamente en los tipos y topes de cotización de nuestros colegas europeos, parece que tendríamos margen para avanzar en una mayor convergencia tanto en lo que respecta al tope máximo de cotización, como en los tipos exclusivamente a cargo del empleado. Sólo la evolución del mercado de trabajo y de la recaudación del sistema, así como la situación económica y política del país, nos permitirá confirmar la intensidad en la que se producen estas reformas dentro del consenso necesario en el marco del Pacto de Toledo.